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¿Anular o validar?

La semana pasada, la Sala Superior del TEPJF decidió validar la elección extraordinaria de la nueva SCJN. El martes 26 resolvieron validar la elección del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial. Ambas decisiones se tomaron con la misma votación dividida que hemos observado desde 2024 a la fecha: tres votos contra dos. Según una mayoría de magistrados, no hubo una sola prueba plena que pusiera en duda la elección judicial. Desde su punto de vista, no hubo evidencia de un uso generalizado ni sistemático de acordeones a lo largo y ancho del país. Tampoco hubo evidencia de su impacto real en los resultados observados. Reconocieron la existencia de algunos acordeones —“papelitos doblados”, les llamaron—, pero como no se pudo demostrar quiénes los imprimieron, financiaron o cuántas personas los recibieron, al Tribunal le pareció incognoscible su posible efecto en el resultado electoral. “Quizá los imprimieron los mismos electores”, planteó un magistrado. Sin lugar a duda, el estándar de prueba para anular una elección debe ser sumamente estricto, toda vez que se deben respetar las etapas previas del proceso electoral y se debe preservar la voluntad ciudadana expresada en los votos depositados en las urnas. Por desgracia, los magistrados de la mayoría exigieron un tipo de prueba quizás imposible de conseguir: evidencia de quién financió, distribuyó y recibió los acordeones y, más difícil aún, evidencia de que tuvieron un impacto determinante en la decisión de voto. ¿Acaso esperaban que los denunciantes presentaran acuses de recibo o electroencefalogramas de los votantes? Si el voto es secreto, no se puede saber a ciencia cierta si un acordeón, una dádiva o una promesa determinaron el sentido de un voto. Del mismo modo, tampoco podemos saber cuántas personas vieron un spot o fueron influenciados por un gasto excesivo de campaña. Es por ello que, en materia electoral, la evidencia de irregularidades suele ser indirecta. En reacción a los planteamientos de la mayoría del TEPJF, Jordi Ferrer, profesor de Filosofía del derecho en la Universidad de Girona, manifestó que: “No es relevante aquí probar si un/a ciudadana votó usando los acordeones. Se trata de si hubo una utilización masiva que condicionó el resultado electoral. Dado que ése es un hecho estadístico, la prueba relevante (aunque no la única) es prueba estadística.” Como señalé en el documento que entregué como amicus curiae al TEPJF, la evidencia estadística de los resultados de la elección judicial a nivel casilla no permiten rechazar que al menos nueve candidaturas a la SCJN consiguieron votos de manera coordinada, ya sea mediante la distribución eficaz de acordeones o algún otro mecanismo análogo. Por otro lado, la evidencia estadística permite rechazar la hipótesis de que hubo una especie de contienda libre de acordeones o planillas de candidaturas compitiendo libremente por el voto. Esta evidencia no es una fabricación o suposición mía, es un hallazgo estadístico replicable que se calculó con base en la información oficial de los cómputos del INE. Los magistrados de la mayoría pueden intentar descalificar mi persona o mi análisis, pero las correlaciones estadísticas halladas son replicables y subsisten. El que las candidaturas beneficiadas por los acordeones hayan sido ministras en funciones o candidaturas postuladas por el Poder Ejecutivo tampoco fue considerado por el Tribunal. Utilizar un acordeón no es ilegal y hasta puede ser algo esperable en una elección democrática. Pero el problema de fondo planteado por los magistrados que proponían anular la elección es que existió una estrategia de distribución masiva de acordeones en favor de ciertas candidaturas que ganaron de manera holgada. Anular o validar la elección no eran las únicas opciones posibles. El Tribunal pudo anular un grupo importante de casillas y dejar un precedente de prácticas admisibles en una elección de este tipo. La elección judicial tuvo numerosos vicios de origen y, a lo largo de todo el proceso, el Tribunal pudo hacer mucho por mejorar la confiabilidad de la primera elección judicial en México. Por desgracia, una y otra vez, decidieron no hacerlo.     Columnista: Javier AparicioImágen Portada: Imágen Principal: Send to NewsML Feed: 0