- ABC.ES - Internacional - 24/Jun 02:50

La guerra contra Irán

El Gobierno de Benjamin Netanyahu inició el 13 de junio una campaña de bombardeos contra instalaciones militares y plantas nucleares y también contra altos cargos y dirigentes civiles y militares del régimen iraní. Irán ha reaccionado lanzando oleadas de misiles y drones contra territorio israelí. Y el presidente Trump ha anunciado la participación norteamericana en el conflicto mediante un ataque selectivo el 21 de junio contra instalaciones nucleares iraníes para dejarlas inservibles. Trump presumió del enorme poder militar de su país al utilizar aeronaves y bombas que ningún otro ejército posee. Estos hechos dejan malparado al Derecho Internacional. De entrada, llama la atención la nula relevancia que Trump da a su promesa electoral de no entrar en guerras durante su mandato. Acaba de hacerlo de forma espectacular. En Estados Unidos, el Congreso es quien declara la guerra, pero los presidentes norteamericanos han orillado ese precepto constitucional mediante intervenciones militares de diversa naturaleza. Trump ha seguido en este caso esa peligrosa tendencia, pero ha amenazado con continuar agrediendo a Irán e implicarse aún más en el conflicto si su gobierno no se aviene a un acuerdo satisfactorio para Israel y Estados Unidos. Requeriría necesariamente para ello el acuerdo del Congreso y dudo que lo obtuviera. A Israel y a Estados Unidos no les asiste ningún derecho para llevar a cabo estos actos de agresión armada contra Irán en violación de su soberanía e integridad territorial. Alegan una falsa legítima defensa de índole preventiva. Consiste en prever futuribles amenazas (imposibles de probar a priori) que en su día pueda activar el régimen iraní, anticipándose en el tiempo para evitarlas mediante una agresión armada contra el mismo. Esos riesgos giran principalmente en torno al programa nuclear iraní y a la amenaza del uso del arma nuclear contra Israel, riesgo sobre el que advierte Israel desde hace décadas. Israel sí posee armas nucleares. Es lógico que no desee que ningún otro Estado de la región las posea y menos el régimen iraní. Es la ley del embudo: se trata de disfrutar de una última y exclusiva razón militar que disuada a cualquier enemigo. El régimen de los clérigos iraníes se encuentra en dificultades. Tras el fin de la dictadura aliada de al-Asad en Siria, el apreciable debilitamiento de sus brazos armados en Líbano (Hizbolá) y en Gaza (Hamás) después del 7 de octubre de 2023, las campañas de bombardeo contra los hutíes en Yemen, y un clima más o menos favorable en los vecinos árabes, Netanyahu ha decidido no sólo acabar con el programa nuclear iraní sino, si le dejan y puede, con el propio régimen de los ayatolás. Guste o no, el Derecho Internacional no establece ni impone el régimen democrático en los Estados del sistema, que son libres de regirse como tengan a bien. Basta echar un vistazo al mapa para comprobarlo. Claro que el régimen iraní suscita rechazo por su despotismo clerical, su desprecio de los derechos humanos y su vinculación con Hizbolá y Hamás. Pero intentar desde fuera y por la fuerza un cambio de régimen es una flagrante violación del principio de no injerencia en los asuntos internos de un Estado soberano. Eso mismo es lo que también se reprocha a Putin, su intento de cambiar mediante una agresión armada el régimen político ucraniano, al que acusa de filonazi.