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Lo que ha hecho este viernes Jordi Turull , mano derecha de Puigdemont y condenado por sedición y malversación por el Tribunal Supremo, es una confesión de parte, aunque su intención fuera exhibir la chulería que le ha regalado Conde-Pumpido con la sentencia sobre la ley de Amnistía. Para demostrar lo «prevaricadores» que son los magistrados de la Sala Segunda del Supremo, Turull reconoció que había participado en la redacción de la ley, así que, como autor del texto, presume de autoridad para decir que es el Tribunal Constitucional (TC), y no la Sala Segunda , quien tiene razón. Lo que faltaba en este despropósito sonrojante de la amnistía es que un malversador y sedicioso se presentara como intérprete fiel de la legalidad vigente y tachara de prevaricadores a los jueces que lo condenaron. Pero también esta jactancia de Turull encaja en la vida política contaminada que ha propiciado Pedro Sánchez desde que llegó al poder, porque su falta de ética es muy anterior a la amnistía. Hay que recordar que Sánchez derogó la sedición y modificó la malversación para beneficiar retroactivamente a los delincuentes del 'procés'. Subió la apuesta con unos indultos ilegítimos política y socialmente y remató su carrera de ambición con una amnistía convalidada por su gran socio de legislatura, Conde-Pumpido. Es lógico que Turull esté crecido y se sienta con la seguridad suficiente para este reconocimiento público de que el TC ha refrendado una autoamnistía arbitraria y partidista. El dirigente separatista se comporta con el desahogo de un okupa impune, porque sabe que los usufructuarios de su voto le han entregado las llaves del Estado. Esto es lo que ha sucedido con la ley de Amnistía, el desarme del Estado frente a sus mayores amenazas, a cambio de la investidura de Sánchez. La Fiscalía, la Abogacía del Estado y el TC han sido alienados para la causa personal de Pedro Sánchez. La verborrea de Turull es la expresión de la impunidad entregada por el Gobierno. Ahora bien, en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) se ventilan unas cuestiones prejudiciales contra esta ley. La Comisión Europea ha informado contra ella en el proceso instado por el Tribunal de Cuentas español. En su dictamen, el Ejecutivo comunitario descalifica la ley por vulnerar el Estado de derecho y constituir una autoamnistía. Las palabras de Turull deben estar en la mesa de los jueces europeos cuanto antes, a través del cauce que sea, como una ampliación del informe de la Comisión o un escrito del Grupo Popular Europeo. El delincuente amnistiado redactó y votó su amnistía. La prueba directa, definitiva, de la tropelía de Sánchez para ser presidente del Gobierno. También entra en la lógica de un impune pedir más y, por esto mismo, Turull exige al Constitucional que fuerce al Supremo a aplicar la amnistía, transmitiendo una idea muy clara de lo que el secesionismo entiende por independencia judicial y separación de poderes. El problema de Turull, en efecto, es la independencia de los jueces y la vigencia de resortes de control de la legalidad en manos de los tribunales ordinarios. El otrora denostado TC es ahora reclamado por el separatismo catalán para que dé un golpe de Estado judicial y fuerce a los tribunales ordinarios a beneficiar con la amnistía a todos los golpistas del 1-O. No es para tomárselo a broma, porque la debilidad de Sánchez puede convertir las barbaridades del nacionalismo en el guión de sus próximas decisiones.
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