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Torre Pacheco, bajo la única Ley

La urgencia de los acontecimientos de los últimos días no puede hacer olvidar que España dispone de leyes que permitirían una reorientación de la política migratoria si al menos el Gobierno tuviera una concreta y pusiera medios y voluntad para aplicarla. En plena marejada política sobre la inmigración, lo esencial pasa por reconducirla según el principio de legalidad nacional y europea, el respeto a las fronteras y a la soberanía nacional. También forma parte del derecho de España, como el de cualquier otro Estado, decidir quién entra en su territorio y quién no, conforme a sus intereses nacionales. Las fronteras deben ser respetadas y hay obligación tanto de protegerlas como de primar una inmigración culturalmente asimilable a nuestra sociedad. Se debe luchar contra las mafias y repatriar a los menores no acompañados, con todas las garantías, a sus lugares de origen. Igualmente urge una revisión de los procesos de concesión de una nacionalidad que se conservaría siempre que se respeten ciertas condiciones. La convivencia debe salvaguardarse y no ponerse en riesgo con decisiones de interés político o una actuación tibia ante potenciales conflictos. Los incidentes de Torre Pacheco , al igual que los registrados en Alcalá de Henares, Barcelona y otras zonas tensadas por conflictos raciales, son la demostración de que algo falla de manera estrepitosa en la política migratoria. Afecta tanto a la entrada de personas –de forma irregular y en una cantidad excesiva– como a la gestión de la integración y convivencia de los que llegan. Las siguientes generaciones, nacidas en nuestro país con origen diferente al español, deben aceptar y respetar la cultura, costumbres y normas, base de nuestro Estado de derecho. Toda la población, inmigrante o no, merece que el Estado garantice la seguridad en el territorio que habitan y la aplicación de la ley, como sucedió este martes en Torre Pacheco. Por supuesto, los delitos vinculados a la inmigración ilegal, sean el número que sean, deben tratarse con el máximo rigor del Estado para garantizar el derecho a la seguridad de la ciudadanía, independientemente de su procedencia. Es necesaria una mayor presencia de las Fuerzas de Seguridad allí donde la delincuencia enrarece un clima social que se hace irrespirable. Se necesitan más efectivos y una mejora en su dotación. Los agentes –que se quejan de estar a merced de los delincuentes– necesitan el apoyo del Estado para que la sociedad se sienta protegida y evitar episodios justicieros. Las brigadas parapoliciales que pretenden la aplicación privada de la fuerza no tienen sitio en nuestro sistema y mucho menos las tramas ultras que buscan exasperar el conflicto por fines ideológicos, incluso recurriendo a los bulos y la agitación social. Es el Estado quien tiene la obligación de proteger al ciudadano y la potestad para hacerlo. En esa misión, la Administración debe respaldar a las Fuerzas de Seguridad con todo el aparato necesario para la expulsión de los irregulares delincuentes y a la mayor brevedad. Esto incluye más juzgados de guardia y el resto de herramientas administrativas que hagan efectivo este tipo de procesos de una manera inmediata. El problema de las bolsas de inmigración en varias zonas de España existe y sería irresponsable negarlo. Poblaciones concentradas de inmigrantes, algunos de ellos flotantes e irregulares, generan situaciones crecientes de tensión que no se pueden ignorar. Las administraciones públicas tienen la obligación de activar una asimilación efectiva para acabar con la sensación de desamparo y hartazgo. Y en los casos específicos de delincuentes, sobre todo si son reincidentes, debe atajarse la sensación de impunidad que los protege. La ciudadanía, españoles e inmigrantes pacíficos, tienen derecho a vivir bajo una plena seguridad. Este es el problema y sería absurdo negar su existencia, por mucho que algunos interesados pretendan magnificarlo o manipularlo. El asunto está ahí y se debe encarar de una manera razonable, firme y medida, sin caer en el buenismo ni en la xenofobia. Constituye una temeridad que por parte del Gobierno se convierta este asunto en arma política y habrá que aclarar si puso todo de su parte para evitarlo o, en cambio, cedió a la tentación de dejar que prendiera el fuego como cortina de humo para tapar sus escándalos de corrupción y culpar a la derecha del problema. De otra parte, Vox se equivoca alentando estas situaciones para poner en un brete al PP. Los de Abascal terminan siendo cómplices del Ejecutivo en una dinámica perversa que se retroalimenta y solo perjudica a los habitantes de ciudades como Torre Pacheco, convertidas en teatro de operaciones electoralistas. Entre ambos están agravando un problema, de momento puntual, que no solo puede repetirse, sino extenderse.