- ELDIARIO.ES - Política - 06/Jul 19:23

Ayuso intenta aplacar las protestas sociales con varias modificaciones legales

El Gobierno liderado por Ayuso intenta introducir un corpus legal orientado a reprimir la contestación social en diversas normativas que ya concita la oposición de sindicatos y comunidad educativaHuelgas, encierros y clases en las calles: las universidades de Madrid replican a la “asfixia” de Ayuso Ya sea como disposición adicional en un convenio, o como régimen sancionador ante las protestas dentro de las universidades en una ley. La idea de castigar la movilización social por parte de la Comunidad de Madrid ha quedado patente en los últimos días. El Ejecutivo presidido por Isabel Díaz Ayuso ha intentado limitar la acción sindical de los bomberos de la región, aunque la movilización consiguió aplacar la proposición. Ahora es la comunidad universitaria la que se revuelve contra las elevadas penas que propone el Gobierno madrileño. Colgar una pancarta en una facultad puede suponer 15.000 euros de multa. A ojos del delegado sindical de CCOO en Bomberos Comunidad de Madrid, Jorge Escribano, lo alarmante no es solo la inclusión de cláusulas que restringen el derecho a la protesta, sino la forma en la que la Administración ha intentado que se aprueben. En su caso concreto de negociación del convenio, “existía un preacuerdo ya firmado entre las partes. De repente, el viernes a última hora de la mañana proponen otro con esta disposición adicional, y nos dicen que el lunes tiene que ser la firma. Lo hacen de tal forma que si no estás muy atento, a lo mejor no te das cuenta de lo que pretenden”, defiende. Se trataba de la disposición adicional tercera, denominada “cláusula de garantía”. “Las organizaciones sindicales que suscriben el presente acuerdo se comprometen a no promover durante toda su vigencia (...) huelgas, concentraciones, manifestaciones, campañas o cualquier otra medida de conflicto colectivo que tenga como finalidad la modificación de lo acordado”, rezaba. Escribano recuerda que no es la primera vez que la Comunidad de Madrid intenta realizar este movimiento. “En el acuerdo sectorial de Servicios ya quisieron introducir este apartado con la finalidad de amedrentarnos, así que sabíamos nuestra posición. Era una línea roja para todos los sindicatos”, afirma. Y así sucedió: CSIF, CSIT, CCOO y UGT decidieron hacer frente a este intento de devaluar la acción sindical, tal y como el sindicalista lo define, realizando las protestas que pretendían acallar. “Nos concentramos durante la firma del convenio, que al final se modificó, a las puertas de la Consejería de Hacienda. También quemamos palés y maderas en el último piso de las torres de cada parque de bomberos, lo que dio una imagen de unidad en la acción sindical, y los compañeros forestales se negaron a hacer sus guardias extraordinarias”, desarrolla el sindicalista de CCOO. Advertencia a otros gremios El delegado sindical de UGT Bomberos Comunidad de Madrid, Víctor Monedero, afirma: “Llevan tiempo intentando reducir nuestro derecho a manifestarnos”. Desde su punto de vista, esto supone un intento de “limitar que salgamos a la calle y luchemos por nuestros derechos”. “Es una realidad que quieren limitar el derecho sindical”, añade. Se congratula de que la presión y la movilización hayan conseguido echar para atrás la disposición, pero sí resalta que en 12 años como delegado nunca había visto este tipo de movimientos por parte de la Administración, y “son muy peligrosos”, enfatiza. Monedero advierte a otros gremios que esta parece ser la tónica general marcada por la Comunidad de Madrid. “En dos negociaciones que hemos tenido, dos ocasiones que lo han intentado. Que tengan mucho ojo, porque encima juegan con que es verano, empieza a haber poca gente en estas fechas, y su forma de actuar da que pensar”, indica. Revuelta ante las multas en la universidad Si hace unos días el Ejecutivo liderado por Isabel Díaz Ayuso intentaba limitar la acción sindical de los bomberos de la región, mucho más severo es el reglamento sancionador introducido en el borrador que todavía se debate de la próxima Ley de Universidades ante cualquier tipo de protestas en los campus. Las infracciones se dividen entre leves, graves y muy graves. Colocar una pancarta sin autorización, por ejemplo, supondría incurrir en la primera de ellas, castigada con multas de hasta 15.000 euros. El documento que todavía se debate también establece como infracciones graves acciones como ocupar cualquier lugar del campus o que se impida el acceso a los mismos, al igual que “permitir que las manifestaciones o acciones no autorizadas o comunicadas impidan el libre y pacífico ejercicio de las manifestaciones o actividades que sí han sido debidamente autorizadas o comunicadas dentro del campus”, cuyas multas ascenderían a los 100.000 euros. Las muy graves están penadas con hasta un millón de euros, entre las que se encuentran acciones como “el inicio, ejercicio o cese de una actividad de educación superior sin contar con autorización”, así como el incumplimiento de la Constitución. Acallar las futuras protestas A pesar de que el borrador todavía se debate, profesorado y estudiantado universitario ya han mostrado su más profundo rechazo a este régimen sancionador. Amelia Sanz, integrante de la Plataforma en Defensa de la Universidad Pública en la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M), sostiene que “esto confirma la tendencia y el avance hacia la represión del movimiento estudiantil y la criminalización de la protesta”. Esta Plataforma ha llevado a cabo en los últimos meses algunas protestas que ahora estarían penadas con miles de euros, tales como colgar pancartas de las facultades y ocupar una de ellas por la noche previamente a una jornada de huelga. Sin embargo, Sanz recalca que la futura Ley, cuyo borrador no ha sido consensuado con la comunidad educativa, también es lesiva para con la calidad universitaria debido a la infrafinanciación que sufrirían las universidades públicas. Este hecho entronca directamente con el aumento de la represión, recalca la miembro de la UC3M: “La ley empeora las condiciones laborales del profesorado, lo que redunda en el estudiantado. Aumentar la represión es una forma de armarse frente a las protestas que puedan llegar, todo está relacionado”, sostiene. Por el momento, la Plataforma aspira a incorporar más sectores y capas de la comunidad educativa para “hacer frente de manera organizada a su pretensión de expulsar a la clase obrera de la universidad y que tampoco se pueda protestar por ello”, en palabras de Sanz. La deriva “trumpista” de Ayuso El secretario del sector de Enseñanza de UGT Servicios Públicos en la Comunidad de Madrid, Javier Becerra, apunta que “quieren unos campus adoctrinados, en los que no exista la posibilidad de tener un pensamiento ideológico contrario al que defiende el actual Gobierno regional”. Este sindicalista defiende la universidad como “un foro crítico, con diversidad de opiniones”, que se acabaría si el régimen sancionador que se debate saliese adelante. Becerra señala que “bajo el paradigma de hacer más libres las universidades, lo que van a conseguir es limitar la libertad”. Además, admite que no se esperaban un régimen sancionador tan duro. “Apuntan a donde realmente le duele a la gente, a su bolsillo”, añade. Por otro lado, recuerda cómo la universidad ha sido históricamente el epicentro de muchas luchas sociales que han conseguido la posterior apertura de la sociedad hacia esas ideas que bullían en las aulas y los campus. Lo ejemplifica con el sistema de becas, que “se consiguió con protestas”, al igual que la total libertad de cátedra. Y va más allá. “Los campamentos en la Universidad Complutense (UCM) por Palestina han puesto de relieve que en el mundo se está cometiendo un genocidio y la sociedad tiene ahí un punto de referencia en el que mostrar su conciencia”, ilustra. Francisca Gómez, responsable de Políticas Sociales y Diversidad por parte de CCOO en la Comunidad, tilda de “deriva trumpista de Ayuso” el “hostigamiento que hace a la universidad pública”. Opina que unas sanciones tan severas eran esperables. “Encima las dirigen a una población estudiante, que ni siquiera es en muchos casos trabajadora, que tiene poco dinero”, incide. “El Gobierno quiere amordazar a la comunidad educativa, por eso pretenden regularizar un sistema opresor tan duro que impida las movilizaciones”, expresa. Esta sindicalista argumenta que el régimen sancionador atenta contra derechos fundamentales, por lo que desde CCOO y otros sindicatos también valoran la posibilidad de intentar frenar la Ley desde los tribunales. “Van a consolidar la infrafinanciación que ya sufren las universidades, y además quieren imponer castigos totalmente desproporcionados para aquellos que luchen por revertirlo”, resume su postura. Contra la “mordaza universitaria” Gabriel Moya, portavoz del Sindicato de Estudiantes en Madrid y portavoz del colectivo en la UCM, subraya que también se esperaban sanciones tan elevadas. “Saben que se enfrentarán a un periodo de movilizaciones fuertes contra su política de destrucción de los servicios públicos, así que se intentan blindar contra todos aquellos que la haremos frente”, abunda. Desde esta organización se refieren a la Ley como una “mordaza universitaria”, ya que entienden que “la posibilidad de que te multen con tal cantidad de dinero supone prohibir la protesta en la universidad, arrinconarnos y asustarnos, intentar que dejemos de expresarnos políticamente”. Moya es claro ante lo que hará el Sindicato de Estudiantes frente a ello: “No nos achantaremos. Bajo ningún concepto vamos a dejar de manifestarnos en los campus. Colgaremos muchas más pancartas y saldremos a la calle mucho más que antes”. El Sindicato de Estudiantes, por su parte, describe como “grandes cómplices” a los rectores de las universidades públicas madrileñas. “Les vemos dispuestos a irse de viaje a Miami para hacer una foto con Ayuso y blanquear su imagen ante la destrucción de la universidad pública y el aumento de la represión”, denuncia Moya. Negociación con los rectores La presidenta regional aseguró que debatirá la futura Ley de Universidades con los rectores, quienes en un primer momento se han mostrado en contra del castigo tan duro que recibirían las protestas en los campus. Desde la UCM aseguran a “el régimen sancionador propuesto es, sin duda, uno de los puntos que se está examinando con especial atención”. Esta institución académica afirma que “defendemos que la universidad debe seguir siendo un espacio de diálogo, pensamiento crítico y libertad de expresión”, y que actualmente están “en conversaciones con la Comunidad de Madrid para expresar nuestras preocupaciones y plantear propuestas, en un clima de diálogo que esperamos permita ajustar el texto final de la ley de forma consensuada y respetuosa con los principios fundamentales de la institución universitaria”.