- ABC.ES - Opinión - 19/Aug 17:12

Infelix Hispania

Infelix Gallaecia llamaba Hydacio, un obispo e historiador hispanorromano del siglo V d.C., a la provincia imperial castigada por las razias de los suevos en busca de botín y rehenes durante todo el segundo tercio de ese mismo siglo. Vistos estos y otros antecedentes, desgraciadamente, el desolador panorama de los incendios de este verano en la España interior no será el último episodio que nos tocará vivir. Aparte de lo que corresponda a las condiciones estacionales y al cambio climático, al que, si ciertamente se está instalando, ya es hora de que nos vayamos adaptando, los suevos de hogaño, como los de antaño, deben tener sus motivaciones y sería bueno tratar de conocerlas para prevenir y combatir los incendios, y a los propios suevos. Conocer las causas de los incendios debidos a la actuación del ser humano es la base de toda política preventiva, y de la represiva cuando se trata de afrontar las consecuencias de las catástrofes que no se han podido evitar. Sin duda, la combinación de condiciones orográficas y climáticas, junto a la 'desfuncionalización' del territorio rural a causa de la despoblación, el abandono de la ganadería extensiva que ello conlleva (la despoblación no viene sola), y la mala prevención fuera de los meses de estío ha sido decisiva para que el fuego surja y se extienda en los primeros momentos. El desastre de coordinación de la cogobernanza española se viene manifestando en muchos frentes de la cotidianeidad española de un tiempo a esta parte de manera escandalosa. Desde la represión de la violencia contra las mujeres hasta los incendios pasando por la dependencia, la inmigración, las inundaciones, la sequía y la movilidad ferroviaria. Habiendo recursos de sobrada eficacia para afrontar algunos de estos problemas, resulta que, los unos por los otros, no se les convoca a tiempo y, cuando se llega a tomar esa decisión es cuando arrecian los insultos mutuos entre quienes deberían haberlos convocado y coordinado. Los factores políticos que facilitan y avivan los incendios son detestables, porque, para escarnio de los ciudadanos y, especialmente, de aquellos que acaban siendo víctimas de todo grado de los incendios, porque de sus bolsillos salen los recursos con los que se pagan los sueldos de aquellos gestores cuya desidia y mala sombra política es la que agrava las consecuencias de los incendios. Debe haber, por fin, factores idiosincrásicos, características propias, en el sociograma de cada caso, en los culpables de los fuegos, que determinen, junto a factores climáticos, territoriales y de mala gobernanza, la emergencia y extensión de los incendios en nuestro país. No sé cuáles son esas características, y la prensa de estas semanas ha mostrado argumentos, con mejor o peor fundamento, más que suficientes para tirar de la manta de las motivaciones humanas que, más allá de las condiciones antedichas, se esconden detrás de tan catastrófica situación. De todas estas motivaciones me interesan especialmente las económicas. Se ha dicho una y otra vez que existe una «economía del fuego» que genera jugosos beneficios a quien lo provoca. Seguro que existe; basada en una amplia gama de actividades, desde las que tienen que ver con su extinción hasta las que intervienen en las sucesivas fases de regeneración de las tierras quemadas, su repoblación o los usos alternativos del suelo tras un incendio. Pero también existe una 'economía del no fuego' que genera beneficios mucho más cuantiosos que tienen que ver con los gastos e inversiones en infraestructuras y actividades preventivas y de mantenimiento de los bosques, el valor económico y extraeconómico de la propia continuidad de las actividades que resultan afectadas por el fuego, las propiedades, la ansiedad social y, por encima de todo, las vidas humanas. El problema fundamental es que los beneficios del no fuego los reciben personas diferentes a quienes reciben los beneficios del fuego. Obviamente, un acuerdo oneroso, 'ex ante', con los potenciales causantes de un incendio no es posible, ni deseable, ya que iniciar un incendio es un delito. Así pues, ¿cómo convencer a los beneficiarios económicos de un incendio, quizá potenciales pirómanos, de que no lo inicien? Podría pensarse que bastaría con impedir que aquellos participasen en ninguna línea de negocio posible asociada al fuego: ni extinción, ni regeneración ni pastoreo, ni recalificación ni ladrillos. Pero esto castigaría por igual a justos y pecadores y, lo que es peor, no permitiría gestionar adecuadamente ni el incendio ni sus consecuencias. Quizás algún día pueda plantearse que los trabajos de extinción y subsiguientes, incluso los permisos de construcción residencial, si se juzgasen pertinentes estas actividades en zonas devastadas por incendios, recaigan en ONG, cooperativas o empresas debidamente calificadas y con suficientes credenciales antiincendios. También podría formar parte de dicha calificación el que estos agentes no fuesen gallegos en Galicia, zamoranos en Zamora, etc. Puesto que la globalización lo permite, podría incluso lograrse que quienes intervienen a partir del momento en que un incendio se produce viniesen de otros países. Efectivos y equipos pueden movilizarse de manera muy rápida de un país a otro y su eficacia sería plena siempre que hubiese grupos de coordinación local ajenos a la economía del fuego suficientemente capacitados. No obstante, conviene tener cuidado antes de hablar de la economía del fuego con la naturalidad con la que los economistas aludimos a este tipo de fenómenos que, además de ser muy dañinos, se sitúan también al margen de la ley. Cuidado, en el sentido de no dar a entender frívolamente que nos parece 'natural' que, si el fuego reporta beneficios, haya 'agentes racionales' que traten de sacar partido de él. Insisto en que provocar un incendio es un delito. Piénsese, por ejemplo, en la actividad de las funerarias. Estas empresas obtienen un beneficio derivado del hecho biológico de que la gente fallece. Pero, que se sepa, no se dedican a provocar fallecimientos para aumentar su actividad. Tampoco los profesionales de la salud envenenan a sus potenciales pacientes para que acudan masivamente a sus consultas. Sencillamente, además de que parece que tales actividades están regentadas por gentes sensatas, todos sabemos que los atentados contra la vida y la salud son delitos severamente castigados por la ley. La economía del fuego es, en definitiva, una economía del delito y para evitar su extensión tan importante es conocer la naturaleza de los incentivos económicos que llevan a determinados agentes a cometer dicho delito como contraponer a los posibles beneficios un castigo esperado manifiestamente mayor. El castigo esperado es el producto matemático de tres factores: el castigo que dicte la ley, la probabilidad de que el delincuente sea detenido y la probabilidad de que sea condenado. Da la impresión de que con tantos factores hay bastante margen para diseñar un buen mecanismo de control. Basta con hacer bien las cuentas y mostrárselas a todos aquellos a quienes pueda pasárseles por la cabeza el iniciar un fuego, si es posible acompañando la demostración con aplicación a casos reales. Si los pirómanos son racionales, no lo harán, y si lo hacen es que son suevos.