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El Consejo de Ministros celebrado este martes y las comparecencias de ministros en el Senado, convocados por el Partido Popular para dar explicaciones por la gestión del Gobierno en los incendios de este verano, inauguran un curso político cuya suerte está sentenciada de antemano. Su comienzo carece de cualquiera de las expectativas positivas que cabría esperar de toda democracia parlamentaria y deliberativa. No hay nada constructivo que pueda ofrecer la gestión del país por un Gobierno que ha llegado a la mitad de la legislatura sin capacidad política autónoma. Lo que queda de legislatura es, desde la perspectiva de la iniciativa que corresponde al Gobierno, como máximo órgano del Poder Ejecutivo, un erial auténtico, sin políticas que justifiquen –es decir, que den una causa justa– el mantenimiento del mandato a Pedro Sánchez. El presidente del Gobierno no es capaz siquiera de presentar un proyecto de presupuestos de ingresos y gastos del Estado, su política exterior es una cadena de ausencias humillantes, genera caos en la política migratoria o laboral, repudia la independencia judicial y el control de los medios. La pregunta inevitable es qué ofrece Sánchez a la España actual. La respuesta viene de fuera de él, de su Gobierno y de su partido. En la democracia española solo hay dos proyectos políticos que puedan identificarse como tales. Por un lado, el del Partido Popular, definido y estructurado en su último congreso nacional en torno a un plan de regeneración democrática del país. Por otro, el de la izquierda separatista y soberanista, agrupada en una coalición de intereses que se traduce en la sustitución del orden constitucional de 1978 por un régimen confederal. El reciente abrazo entre Arnaldo Otegi y Oriol Junqueras –los grandes socios de Sánchez, junto a Conde-Pumpido – es la última imagen de este segundo proyecto, cuya única posibilidad de ser aplicado depende de que Sánchez siga en La Moncloa. Los nacionalismos separatistas –y esa izquierda que se define «plurinacional»– no quieren que Sánchez gobierne, pero tampoco que abandone. Encuentran en su ambición de poder desmedida la oportunidad necesaria y suficiente para permutar continuidad en La Moncloa por cambio constitucional. Aunque el texto de la Constitución no haya sido modificado en una sola coma, esa mutación ya está en marcha con los pactos de investidura de 2023, que reflejan el guion de la emboscada socialista al Estado, con la garantía de un Tribunal Constitucional bien adiestrado. Entre uno y otro proyecto no hay nada, porque el PSOE se conforma con sumar días en el poder y soslayar la realidad de que no tiene mayoría parlamentaria para gobernar, ni mayoría social para legitimar su continuidad. Sencillamente, no hay proyecto socialista para España, al margen de los anuncios periódicos de más gasto público para subsidiar a la sociedad o para desviar sus responsabilidades políticas en los estragos naturales. La socialdemocracia que en algún momento existió en España se conforma con ser hoy en día comodín de unas minorías separatistas que no contribuyen al bienestar del país, sino al de Pedro Sánchez. Y hasta tal punto el PSOE ha interiorizado su rendición política que asume como propios los intereses personales de Sánchez en los escándalos que afectan a su familia –esposa y hermano–, asemejándose a los movimientos personalistas de tendencias autoritarias. Cuando se opta por el camino del poder por el poder, como ha hecho el PSOE, todo partido político acaba enfrentado a los valores más básicos de la democracia parlamentaria. Esto es lo que ofrece Sánchez a la España actual: ser un factor de desestabilización de la democracia.
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