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En México los trenes no se descarrilan, sino que se recuestan sobre otros trenes; las elecciones son transparentes y legales, aunque se haya demostrado la existencia de miles de acordeones idénticos con los nombres de los ganadores, y los fajos de billetes grabados en video no cuentan como evidencia si no pasan por el sistema financiero. Esta semana el país fue testigo de tres prodigios institucionales. El primero fue el caso del Tren Maya donde no hubo descarrilamiento, sino una suerte de acostón ferroviario. Según explicó el director general, Óscar Lozano Ávila, en esta obra insignia del obradorato, el Tren 304 procedente de Cancún quedó “ligeramente recostado” en el tren 307 que estaba estacionado en la estación Izamal de Yucatán. Este “incidente” fue atribuido a un “desvío de aguja”, aunque el general director descartó como causa de este incidente un hackeo al sistema de seguridad o un error humano. Así que la única culpable fue la aguja misma que decidió desviarse por voluntad propia ¿y qué se hace en México con una aguja rebelde? Pues se le denuncia ante a la Fiscalía General de la República y se abre una carpeta de investigación, porque si algo puede enderezar una vía torcida, es el Código Penal. Además, para redondear el cuadro, el general reveló que los cambios de vía aún se hacen de forma manual, como si hablara con orgullo de una joya tecnológica del Porfiriato. Mientras el tren descansaba sobre su compañero tren en el andén luego de extenuantes jornadas de trabajo, en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se protagonizó otro ridículo nacional. En esta institución se discutía si debía anularse la elección de ministros que integrarán la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación, por las irregularidades presentadas y el uso sistemático de acordeones que generaron una competencia completamente inequitativa. Si bien ya se sabía desde el inicio que el proyecto del magistrado Reyes Rodríguez iba a morir en la raya, lo mínimo que se esperaba de los magistrados del oficialismo: Mónica Soto, Felipe de la Mata y Felipe Fuentes es que le echaran más ganitas al disimular. Soto argumentó que los acordeones mostrados estaban nuevos, porque si alguien quiere inducir al voto al menos debía haber arrugado el papel, darle una mordidita o mancharlos de mole. El resto de los magistrados alegaron que no había pruebas de quién usó los acordeones, así que como nadie gritó “¡me manipularon!” pues no había nada ilegal. El INE tampoco se quedó atrás y cinco años después de que Pío López Obrador, hermano del expresidente, fuera grabado recibiendo dinero en efectivo, decidió cerrar el expediente. La razón es que no se encontró rastro bancario. La consejera Carla Humphrey explicó que no hubo manera de acreditar el origen, monto, destino y carácter partidista del dinero, porque, ¡oh sorpresa!, las instancias encargadas de proporcionar información no colaboraron. Así queda una nueva jurisprudencia a la posteridad: si no hay estados de cuenta y las autoridades cómplices se hacen las distraídas, entonces no hay delito que perseguir. Al parecer, los implicados no sólo deben cometer una falta, sino facilitarles la chamba al aparato electoral, judicial y hacendario depositando el dinero en sucursales y haciéndoles llegar el comprobante. Entre orgías de trenes, elecciones planchadas y fajos de dinero fantasmas, se confirma que mientras haya un comunicado oficial, una carpeta de investigación o una promesa de que no volverá a pasar todo se resuelve. México no necesita justicia, sino encontrar a la aguja culpable para luego exonerarla por falta de pruebas. Columnista: Vianey EsquincaImágen Portada: Imágen Principal: Send to NewsML Feed: 0
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