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El golpe invisible: México desmantela sus órganos autónomos

Por: Ricardo Peraza*   Es viernes por la tarde, 20 de diciembre de 2024. En la víspera de las festividades navideñas, el gobierno mexicano publica un decreto en el Diario Oficial de la Federación. A primera vista, parece un movimiento administrativo más, pero la realidad es contundente: el país está desmantelando algunas de las instituciones que han sostenido su democracia en los últimos años. Sin alarde, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), entre otros, dejan de existir. El impacto será inmediato. En un México que aún lucha contra la corrupción, la desaparición del Inai deja a los ciudadanos sin herramientas para exigir transparencia. Durante años, este instituto fue el medio por el cual periodistas, organizaciones civiles y ciudadanos comunes podían acceder a información pública crucial. Contratos, presupuestos y decisiones de gobierno estuvieron al alcance de quienes buscaban rendición de cuentas. Ahora, esas funciones recaen en las mismas instituciones que deben ser vigiladas, creando un evidente conflicto de interés. Aunque el decreto promete que las solicitudes previas mantendrán su validez, no explica cómo funcionará el acceso a la información en adelante. La incertidumbre reina y, con ella, la sensación de que el país está regresando a tiempos más oscuros, donde el poder se ejerce sin rendir cuentas. En el ámbito económico, la situación es igual de alarmante. La Cofece, un bastión contra los monopolios y las prácticas anticompetitivas, ya no existe. Sus funciones pasan al Ejecutivo, centralizando un poder que históricamente se diseñó para ser imparcial. Durante su existencia, la Cofece reguló mercados y sancionó prácticas que dañaban a los consumidores, protegiendo tanto a las pequeñas empresas como a los usuarios finales. Ahora, sin esta institución, el equilibrio en los mercados se tambalea. Los consumidores mexicanos, que alguna vez vieron reducciones en precios gracias a la competencia, ahora se enfrentan a un mercado donde las decisiones podrían depender de intereses políticos y no del beneficio público. El caso del IFT no es menor. Este órgano regulaba las telecomunicaciones y la radiodifusión en un país donde la conectividad aún es un privilegio para muchos. Con su desaparición, el avance en cobertura y reducción de costos podría quedar en pausa. Las decisiones ahora recaen en la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, una dependencia gubernamental que no tiene la independencia técnica que alguna vez garantizó el IFT. La regulación de tarifas, la supervisión del espectro radioeléctrico y la expansión de servicios de internet a comunidades marginadas están en riesgo de quedar atrapadas en la burocracia centralizada. El internet accesible para todos y las tarifas competitivas se convierten en promesas difíciles de mantener. La energía, un sector estratégico para cualquier país, también pierde a sus reguladores. La Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Reguladora de Energía son absorbidas por el Ejecutivo. Las decisiones técnicas, antes en manos de expertos independientes, ahora estarán sujetas al vaivén político. En un mundo que avanza hacia energías limpias y mercados abiertos, México opta por un modelo que centraliza y politiza sus recursos energéticos. El impacto no será inmediato, pero las señales de retroceso ya son claras: menos inversiones extranjeras, procesos menos transparentes y un retorno a decisiones discrecionales. El gobierno justifica el decreto con la bandera de la austeridad. Argumenta que los ahorros generados se destinarán al Fondo de Pensiones para el Bienestar, un objetivo loable. Sin embargo, el costo de esta decisión no se mide en pesos, sino en independencia y especialización. Los órganos autónomos eran un contrapeso esencial en un sistema político que lucha por equilibrar los poderes. Su desaparición concentra aún más el control en el Ejecutivo, sacrificando la imparcialidad y la profesionalización en la toma de decisiones. El impacto internacional no debe subestimarse. México, que durante décadas buscó proyectar una imagen de estabilidad institucional y compromiso democrático, envía ahora señales contradictorias. Las inversiones extranjeras, que dependen de la certidumbre y la transparencia en los procesos regulatorios, podrían verse afectadas. En un entorno global donde la competencia y la innovación son claves, el país parece tomar un rumbo contrario, priorizando el control centralizado sobre el dinamismo económico. Las instituciones autónomas de México no eran perfectas, pero representaban un avance significativo en la construcción de un país más justo, más transparente y más competitivo. Su desaparición no sólo elimina funciones esenciales, sino que también envía un mensaje inquietante: el poder absoluto vuelve a concentrarse en manos del Ejecutivo. El sistema de contrapesos que alguna vez prometió mayor democracia y justicia se desvanece. Lo que antes era un país que avanzaba, aunque con tropiezos, hacia instituciones más fuertes, hoy parece optar por un modelo centralizado que recuerda a décadas pasadas. La desaparición de estos órganos no es sólo un acto administrativo, es un recordatorio de lo frágil que puede ser la democracia.   *Abogado internacionalista y ESG     Columnista: Opinión del experto nacionalImágen Portada: Imágen Principal: Send to NewsML Feed: 0