Maroc - ELDIARIOAR.COM - A la Une - 14/Aug 19:46

La UTEP acusó al Gobierno por un allanamiento policial que obstruyó uno de sus comedores

La Policía Federal fue al edificio principal del gremio de la economía popular en Constitución en el marco de una causa que investiga convenios estatales. Dirigentes apuntaron que se busca "criminalizar" la protesta social. No se secuestró nada. El gremio de la economía popular UTEP denunció este miércoles un allanamiento violento en su sede de Constitución por parte de la Policía Federal. Desde la organización acusaron al Gobierno de buscar “criminalizar” a las agrupaciones y “amedrentar” su trabajo social, porque la actuación de las fuerzas de seguridad impidió que durante varias horas funcione el comedor que reparte diariamente unas 4000 raciones de comida. El allanamiento se llevó a cabo esta mañana en el marco de una causa que investiga la firma de convenios estatales para la confección de guardapolvos por parte del juez Julián Ercolini. Desde la UTEP afirmaron que el operativo policial fue “insólito” porque la orden de allanamiento se refería a una cooperativa con el mismo domicilio –Pedro Echagüe al 1500–, pero que en realidad está ubicada a varios metros de distancia. La nota judicial refería a la cooperativa “Hilando pueblos”. El allanamiento comenzó a las 9.30, irrumpiendo en medio de una larga fila de personas que buscaban sus platos de comida. El operativo duró aproximadamente unas 5 horas pero la policía no secuestró nada. Buscaba principalmente máquinas de coser. En el medio, los agentes tuvieron que ceder ante los reclamos de la dirigencia de la UTEP para que se abra el comedor y la salita médica que hay en el edificio. Finalmente pudieron entregar unas 2000 raciones. “Hay una clara intencionalidad de criminalizar a uno de los sectores que mantiene una política de confrontación con este gobierno. Es claramente un amedrentamiento. Venimos de la jornada del 7 con una fuerte expresión popular. Este es un contragolpe”, señaló ante elDiarioAR Nicolás Caropresi, referente de la UTEP y del MTE. La semana pasada las organizaciones peronistas encabezaron una importante movilización en la Plaza de Mayo para celebrar el día de San Cayetano. Tuvieron el apoyo de la CGT, las dos CTA y de organismos de derechos humanos. “Denunciamos el insólito allanamiento en nuestra sede central en Constitución. Por pedido del juez Ercolini la policía federal irrumpió con violencia en el lugar donde se desarrolla un comedor preguntando por una cooperativa desconocida que ni siquiera tiene domicilio en el lugar”, relató la UTEP en un comunicado en sus redes sociales. “En el barrio donde los transas están más que tranquilos, la policía y ‘la justicia’ persigue a una cola de gente esperando que le sirvan el alimento. Están allanando en un comedor que tiene para bañarse, peluquería, abogados, psicólogos y atención médica”, señalaron desde la organización peronista. “Otro show que se da curiosamente luego de la gran jornada del 7 de agosto. No nos vamos a dejar intimidar por otra muestra de persecución y hostigamiento hacia las organizaciones populares”, concluyeron. El allanamiento en la sede de la UTEP ocurrió en paralelo a una docena más que ocurrió en otras cooperativas sociales, todas vinculadas a los convenios para la confección de guardapolvos que firmó el por entonces Ministerio de Desarrollo Social con Victoria Tolosa Paz al frente, durante la gestión de Alberto Fernández. “Antes el programa funcionaba por compra directa, con un adelanto para la adquisición de la tela. La ministra anterior decidió modificar la forma de ejecutar eso y pasar al modelo de convenio. Nosotros dijimos que no íbamos a aceptar y advertimos que se iba a judicializar”, aclaró Caropresi.  Este operativo judicial se conecta con otros que tienen a las organizaciones sociales en el centro. Días atrás el fiscal Gerardo Pollicita pidió la indagatoria de Emilio Pérsico, jefe del Movimiento Evita y durante la gestión del Frente de Todos secretario de Economía Social, en el marco de la investigación por supuesta corrupción en los planes sociales. El juez Sebastián Casanello ya procesó al referente del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, acusado de haber extorsionado a militantes para que vayan a marchas a cambio de quedarse con una cuota del beneficio estatal que cobraban.  MC/DTC