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El Gobierno impulsa leyes para regularizar, sin pena, la tenencia de armas no registradas y permitir que los militares regresan a tareas de seguridad interior, además de bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. Los detractores consideran que estas son medidas demagógicas que podrían generar más violencia en el país con menor tasa de homicidios de Latinoamérica. El gobierno del presidente Javier Milei presentó una serie de proyectos de ley destinados a combatir la inseguridad en Argentina, generando controversia en un país donde, aunque los homicidios han aumentado un 3% en 2023, la tasa de asesinatos sigue siendo la más baja de Latinoamérica. Entre las propuestas destacan la regularización de armas no registradas y el retorno de las fuerzas militares a tareas de seguridad interior, una función que dejaron de ejercer tras el fin de la última dictadura hace 41 años. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de elDiarioAR (@eldiarioar) Marcelo Solá, arquitecto de 82 años y presidente del Tiro Federal Argentino de Buenos Aires, el club de tiro deportivo más emblemático del país, observa con preocupación estas iniciativas. Aunque en su club se practican alrededor de 20 disciplinas, muchas de ellas olímpicas, reconoce que la mayoría de los nuevos participantes están más interesados en la autodefensa que en el deporte. “El que vino a hacer el curso de defensa termina por abandonar el tiro deportivo y dedicarse a visitar agencias de tiro, polígonos particulares donde los va a recibir una persona que los va a convencer de que en poco tiempo es un Rambo. Y eso no es lo adecuado, ¿no?”, advierte Solá. El proyecto de ley para regularizar aproximadamente 800.000 armas no registradas fue defendido por miembros del partido oficialista La Libertad Avanza. El diputado Álvaro Martínez sostiene que la medida permitirá un mayor control sobre las armas en circulación. “Es bueno saber quién tiene las armas y qué armas existen hoy en el país para poder tener un control”, afirma Martínez, respondiendo a las críticas que sugieren que la regularización podría fomentar más violencia. Además de la ley de armas, el gobierno impulsa otras propuestas controvertidas, como la reducción de la edad de imputabilidad penal de 16 a 13 años y la reintegración de las fuerzas militares en operaciones de seguridad interior, específicamente en la lucha contra el terrorismo. Estas medidas han suscitado comparaciones con prácticas de la dictadura militar, pero Martínez rechaza tales paralelismos. No es el mismo contexto histórico. Me parece que hoy ese argumento no tiene un asidero en la realidad del país de hoy. Y entiendo que las Fuerzas Armadas también han tenido una evolución y apuestan mucho por la democracia“, señala el diputado. Por otro lado, Sabina Frederic, exministra de Seguridad de Argentina y presidenta del Instituto En Foco de Políticas de Delitos, critica duramente los proyectos del gobierno mientras observa una protesta opositora fuertemente custodiada por la policía en demanda de trabajo. “Son proyectos demagógicos, son proyectos populistas, populistas de derecha. Son proyectos que no están pensados para mejorar la situación de inseguridad porque no atienden a la evaluación objetiva de la realidad que se está viviendo. Van a generar más violencia. Algunos de los cuales inclusive van a generar un mayor riesgo de vida para las fuerzas de seguridad”, advierte Frederic. Tras sugerencias de sectores de la oposición más moderada, el proyecto de ley sobre armas incorporó requisitos de controles físicos y psicológicos para quienes deseen registrarlas. Se espera que esta iniciativa sea votada en la Cámara de Diputados en las próximas semanas. “El Gobierno de Javier Milei espera que los diputados argentinos aprueben pronto, aunque con modificaciones, su ley de armas. En cambio, habrá más dificultades para aprobar las leyes de militares en seguridad interior y la rebaja de la edad de imputabilidad penal”, analizó el periodista Alejandro Rebossio. Las propuestas del gobierno continúan generando debate en la sociedad argentina, enfrentando posiciones que oscilan entre la búsqueda de mayor seguridad y la defensa de los derechos humanos y las garantías democráticas conquistadas en las últimas décadas.
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