Maroc - AGENSUR.INFO - A La Une - 30/Aug 16:34

REFORMA SINDICAL / NO LOGRAN ACUERDO PARA MODIFICACIONES A LEYES GREMIALES, DE TRABAJO Y DE EMPLEO

Representantes sindicales se oponen a poner límites a las reelecciones indefinidas y especialistas laborales piden cupo femenino Nacionales - La Comisión de Legislación del Trabajo, a cargo del radical Martín Tetaz, continuó el último jueves con las reuniones informativas que se vienen realizando en su seno para debatir modificaciones propuestas a las leyes de Asociaciones Sindicales, la de Convenciones Colectivas de Trabajo y la de Empleo. Desde el sector gremial exigieron que los límites a las reelecciones indefinidas se apliquen a todas las instituciones porque “es arbitrario, sesgado y prejuicioso”. En tanto, los especialistas en materia de derecho laboral coincidieron en ese aspecto, pero también señalaron la necesidad del cupo femenino, el manejo de las obras sociales, la modificación de la ‘cuota solidaria’ y la representación de las minorías. El primero en exponer fue Gastón Utrera director del Instituto de Economía Universidad Siglo 21: “Las modernas teorías del desarrollo económico plantean el énfasis en el rol que las instituciones políticas ye económicas tienen para el desarrollo económico. Entre las instituciones inclusivas para la política no cabe duda de las que conducen a la alternancia en el poder, transparencia en el manejo público, representación de las minorías para que exista pluralidad”. “Son instituciones inclusivas que favorecen el desarrollo económico y deberíamos pensar que lo que es virtuoso para la dirigencia política, debería hacerlo también para la dirigencia sindical, incluso para la diligencia empresarial. Podríamos poner a las tres dirigencias en el mismo plano”, consideró. Así coincidió en mandatos acotados, con reelecciones limitadas, con mecanismos de información y de transparencia con representación de minorías. En esa línea, se refirió al proyecto de Tetaz que plantea cuatro años con una sola reelección consecutiva “con mecanismos de información transparente, obligatoria, o sea hacia los trabajadores con representación de minorías por encima del 25%, declaraciones juradas patrimoniales al principio y final de cada mandato”. “Puesto en este contexto de las instituciones favorables para el desarrollo económico que Argentina necesita cuesta encontrar algún tipo de argumentación válida inteligente fundamentada en contra de este tipo de reformas”, lanzó. Utrera planteó que “es más discutible la cuestión de la cuota sindical obligatoria, especialmente para quienes no son afiliados… no es posible excluir de su consumo a quien no paga hace que lo voluntario para financiar ese tipo de bienes no funcione”. “No podría pensar a la actividad sindical como un bien público, a fin de cuenta, a favor de los trabajadores negocia convenios colectivos, negocia salarios en paritarias y, por lo tanto, sería complicado intentar financiarlo de manera voluntaria. Tiene más sentido pensar en todo caso poner un límite máximo, relativamente bajo, para la cuota sindical para los afiliados un límite máximo un poco más bajo para cuotas sindical para no afiliados”, manifestó. Por último, aclaró que los mandatos cortos “de ninguna manera garantizan buena gestión, garantizan que si la gestión es mala dure poco. A través del voto poder reemplazarlo por otro. Esa es la lógica de los mandatos acotados y los límites a reelecciones”. Sobre las obras sociales, indicó que “están totalmente desfinanciadas porque se financian con salarios que perdieron poder adquisitivo en los últimos 10 años y se ha descalzado el financiamiento del sistema”. El director del Instituto de Derecho Privado de la Universidad Siglo 21, Martín Juárez Ferrer, explicó que hay cuestiones que se pueden solucionar por la vía legislativa tales como “la democratización sindical, ya que la limitación a las reelecciones indefinidas de los órganos de gobierno, de las organizaciones sindicales es un aspecto saludable y positivo”. “Nos parece saludable una revisión de esto y una reforma. Queda pensar si el mecanismo de dos periodos consecutivos, con un periodo intermedio tal como se ha planteado en varios de los proyectos, es suficiente o si quizá pueda ser necesario un esquema de dos elecciones y ninguna otra posibilidad de volverse a postular”, sugirió, aunque advirtió que “se han visto en otras instituciones que este mecanismo a veces es vulnerado con la interposición de personas totalmente ajenas”. Además, Juárez Ferrer sostuvo que es “solucionable” y que “puede diseñarse un mecanismo” para la inclusión de minorías en los órganos de decisión sindical: “Un esquema sencillo de dos tercios a la mayoría que existen muchas provincias argentinas en organismos legislativos puede ser efectivo y representaría un gran paso adelante en la reforma del modelo. La inclusión de las minorías también puede robustecerse a través de la protección sindical del candidato no electo, ya que la experiencia indica que la protección limita a los 180 días después de la elección puede ser insuficiente”. En otro aspecto, remarcó que “es importante la inclusión de una regla de cupo femenino y debe hacerse por ley. Sin embargo, las experiencias en el cupo femenino en el Congreso deben alertarnos sobre las necesidades que la reglamentación sea precisa en sus alcances”. También planteó el acceso a la información como “elemento fundamental de la democratización del modelo sindicales” dado el carácter de bien público que tienen los sindicatos, debido a que “toda asociación de personas con fines de lucro, sin fines de lucro, el acceso a la información es necesario para cualquier intento de manejar la cosa y tomar decisiones en este sentido”. En relación a la opción de la obra social, coincidió en que el régimen actual “puede mejorarse”, y propuso: “Los tiempos deben acortarse, sin embargo, los principales obstáculos de este derecho vienen de la mano del manejo de la opción por parte de las obras sociales de las que el trabajador quiere salir y quiere entrar. En este sentido, un trámite manejado por una agencia del Estado va a permitir agilizar este proceso y evitaría la introducción de objeciones u obstáculos ajenos a la ley. Una regla que la presentación del pedido de cambio se haga ante la autoridad competente puede representar una mejora de diseño institucional”. “No vemos viable ni saludable la eliminación de todo financiamiento Estatal. Este debería ser transparente, debería salir de fondos específicamente determinados, pero el carácter de bien público que se ha indicado hace que no sea conveniente que no tenga algún financiamiento estatal”, concluyó. “Los sindicatos no estamos en contra de la transparencia electoral interna, pero que ésta calidad democrática llegue a todas las entidades. Poner la mirada exclusivamente en los gremios es arbitrario, sesgado y prejuicioso. Parece que los sindicatos deberían ser los únicos democráticos y que tienen que presentar declaraciones juradas, no hay problema con eso, pero por ejemplo un presidente de un club no lo hace“, aseguró Federico Recagno, dirigente sindical de APOC y Secretario adjunto de la OTR. Así, consideró que “no hay modificaciones sustanciosas en la 14.250”, y sugirió incorporar temas que tengan que ver con lo ambiental y “que internamente los sindicatos cumplir la normativa de la OIT que hace la violencia laboral. Deberíamos incluir en los estatutos sindicales un tribunal que contemple los casos que los propios sindicalistas podemos cometer”. Recagno planteó que cada sindicato debería tener un marco regulatorio porque algunos establecen en el estatuto que, para poder ser elegido autoridad previamente se tiene que haber ocupado otro cargo. “Se va limitando integrara la comisión directiva”, señaló y le respondió al diputado y secretario general de la CTA, Hugo Yasky (UP): “No se la CTA, pero la CGT la representación de género es un poco decorativa. Hay que ampliar los marcos regulatorios. Yo estoy en la CGT”. También consideró “raro” que exijan a los sindicalistas el tema de la ficha limpia “cuando la política no lo aprobó para sí misma. Deberíamos ver si esto no tendría que ser generalizado”, y, en el mismo sentido, se refirió a la duración de los mandatos: “O lo hacemos para todos o dejemos la libertad de que cada uno lo haga como quiera”. “La representación de las minorías debería ser obligatoria en aquellos sindicatos que elijan por congreso y debería ser obligatorio”, cerró. A continuación, disertó el especialista en derecho laboral, Pablo Mosca, expresó: “Creemos que los proyectos presentados no atacan la actividad laboral, sino que abren el arco para que los trabajadores tengan la libertad propia y el Estado establezca menos limitaciones en cuanto al ejercicio del sindicato”. Sobre los proyectos presentados, opinó: “La limitación que establece el artículo 41 inciso A en cuanto establece que los delegados y los integrantes de las comisiones internas deben estar afiliados a las respectivas asociaciones sindicales y ser elegidos en comicios, obviamente lesiona la libertad sindical”. También indicó que “lo que están proponiendo los proyectos es que esa autonomía sindical siga los lineamientos de la Democracia, no que no haya una reelección indefinida, que los trabajadores puedan tener una propia libertad de asociación y que dejan libremente sus aportes. La necesidad de que las comisiones internas sean también integradas por una minoría. Los proyectos presentados responden a una política Estatal moderna que, por supuesto. debe atacar las conductas antisindicales, pero también debe promover la libre expresión, la autonomía organizativa y los derechos individuales de los trabajadores sindicalizados”. “Los proyectos de modificación del sindical lo que buscan es dar transparencia en la gestión, el cumplimiento normativo y, obviamente, que los representantes sindicales y sus asociaciones puedan demostrar recientemente, mediante declaraciones juradas, el manejo de esos fondos”, concluyó. Desde la UBA, el doctor Gustavo Ciampa, resaltó que la Ley 23.551 es “el gran segundo consenso político y social de la democracia”, y alertó que “no se puede discutir que una legislación pueda tender a debilitar a las organizaciones sindicales. En varios proyectos se advierte que pueden tener un efecto de debilitamiento de las organizaciones sindicales y choca con la Constitución Nacional como por ejemplo en contribuciones de solidaridad que no son las cuotas sindicales que las pagan los afiliados y la afiliación es voluntaria”. “No se puede a través de una ley limitar la posibilidad de la reelección de los dirigentes sindicales. Es una intromisión indebida en la autonomía sindical. Es algo que tienen que resolver los trabajadores dentro de cada organización”, indicó. Respecto de la imposición de las minorías en órgano directivo resaltó que “es en el órgano directivo, se habla como si en los sindicatos no hay representación de minorías. La Ley Sindical garantiza por doble vía la representación de las minorías”. Además, opinó que “pretender garantizar la minoría conspira contra la eficacia del accionar sindical”. Por la Asociación Civil de Abogados Laboralistas, Natalia Salvo, señaló que desde el punto jurídico los proyectos mencionados que imponen una participación minoritaria del 25% en los órganos de conducción sindical “son violatorios de Derechos Humanos fundamentales en lo que respecta a la libertad sindical, a la democracia sindical y, creo que también, incurren en grandes confusiones conceptuales”. “Con el principio de pureza son los sindicatos quienes tienen que resolver estatutariamente las reelecciones o si no hay reelección. La libertad sindical y la democracia tiene que ver con la participación de los afiliados que son los intereses de quienes se defienden”, manifestó Salvo y agregó: “Los proyectos de reforma no solamente atentan a grandes rasgos con el artículo 14 bis cuando habla de una organización sindical libre y democrática, sino con el artículo 3 del Convenio del 87’ que consagra la libertad sindical”. En esa línea, cuestionó que algunos proyectos tienen un “profundo sesgo antisindical que a veces se encubren las palabras ‘’democratización’, ‘reordenamiento’ o ‘transparencia’. Estos proyectos resultan peligrosos”. Gastón Valente, de la Asociación de Abogados Laboralistas Platenses “vemos con gran preocupación estos proyectos. Al único que se le exige democratizarse en el país es a los sindicatos. Se le exige una limitación de mandato al sujeto sindical”, y sumó: “No podemos desconocer que en este contexto político donde se sancionó una reforma laboral regresiva, se plantea este debate. Esto conlleva a la pérdida del poder sindical en su defensa de derechos a los trabajadores”. También disertaron Pablo Tope (docente de la UBA); Verónica Quinteros del Foro de Abogados de Organizaciones Sindicales, Sergio Arce del Instituto de Derecho del Trabajo del Colegio de Abogados de Morón. Posiciones a favor y en contra de la modificación Luego de un cuarto intermedio, la reunión se retomó con la intervención del abogado de la CGT, Pablo Moyano, quien sostuvo que “el mecanismo de la personería gremial es herencia del peronismo”, y las modificaciones propuestas “no se ajustan al sistema constitucional argentino”. “Los organismos son los intérpretes del Convenio de Libertad Sindical, lo dijo la Corte”, agregó. La representante del CTERA, Sonia Alesso¸ se manifestó en contra de los cambios a la ley y explicó que “hay un fervoroso deseo de un mundo sin sindicatos, se nota mucho”. Del mismo modo, aseveró: “No veo un afán por regular las actividades de los grandes grupos empresarios”. “El límite de mandato no se les pide a los diputados ni a la Corte, el cupo de género tampoco”. “Las asociaciones sindicales cumplimos leyes que nos llevaron años pelear”, afirmó. Además, cuestionó que “no nos convocaron a discutir la esencialidad educativa porque les molesta el movimiento obrero”, y agregó que “muchos de estos proyectos son inconstitucionales”. Refirió que “violan la Constitución, la Ley de Asociaciones Sindicales y los convenios de la OIT (Organización Internacional del Trabajo)”. “Les puede gustar más o menos, pero a nosotros (los sindicalistas) nos elige la gente”, cerró. A favor de la propuesta, Juan Méndez empresario del Movimiento Empresarial Anti-Bloqueos encendió la polémica al llamar “mafia sindical” a las organizaciones agregando que “buscan convertir a estos trabajadores en delincuentes”. De inmediato fue interrumpido con gritos y abucheos, y el titular Martín Tetaz debió llamar al orden. “Cuando nos referimos a la mafia sindical nos referimos a la utilización sistemática de los trabajadores para convertirlos en delincuentes porque tuvimos la primera condena en Chaco por una pyme bloqueada a los 15 días de abrir”, amplió Méndez, quien sumó: “Que estas malas prácticas no existan más porque queremos dedicarnos a hacer lo que queremos hacer que es trabajar y dar trabajo”. En tal sentido, el empresario Ariel Rey relató que “mi empresa fue victima de bloqueos y extorsiones y sentí en carne propia como se pisotean los derechos de quienes quieren trabajar en paz”. Mencionó el bloqueo a la ciudad de San Nicolás y pidió: “Hoy tienen en sus manos poner fin a estos abusos porque no queremos seguir siendo rehenes de prácticas mafiosas”. Uno de los titulares de la CGT, Héctor Daer, catalogó a las modificaciones propuestas en la modificación de la Ley de Asociaciones Sindicales como “discriminatorias”. Asimismo, afirmó que “un sindicato fuerte ayuda a equilibrar las desigualdades sociales”. “Es un sesgo de mirada discriminatoria que roza lo absurdo”, remarcó. También, Hugo “Cachorro” Godoy, referente de la CTA Autónoma, se quejó por el tiempo que le quedó para exponer en comparación a algunos empresarios y cuestionó: “Es poco claro lo que venimos a discutir. Deberían estar discutiendo el DNU 70/2023”. Asimismo, añadió que el decreto presidencial de diciembre “representa un peligro para los trabajadores porque está apelado por la Corte Suprema”. Del mismo modo, aseveró: “Buena parte de los 28 proyectos repiten lo mismo que los abogados de las grandes empresas que redactaron el DNU 70/2023 y la Ley de Bases”. Completaron la jornada con sus exposiciones: Raúl Godoy del sindicato de ceramistas; Carlos Ullua de la Asociación Ex Becarios de Bologna; Marcelo Fernández, presidente de la Confederación Empresaria Argentina; Víctor Ottoboni, delegado de FATE; Álvaro Daniel Ruíz, jefe de cátedra del derecho del trabajo UBA; Pablo Alejandro Eibuszyc, ex integrante de la CD de Foetra; César Arese del Círculo de Abogados Laboralistas; Agustín Comas y Nicolás Martínez Naya, abogados laboralistas; y David Duarte, integrante de COPAJU. Informe: Parlamentario.com