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Brasil, el país del año y del lawfare domesticado

En 2024, en Europa y Cercano Oriente las guerras crecieron en víctimas, extendieron el campo de batalla, estrenaron armas más letales, e incorporaron nuevos combatientes, en EEUU eligieron presidente a Donald Trump, y The Economist eligió a la Argentina país del año finalista en honor a la terapia de shock de Javier Milei. En Brasil, 8,7 millones de personas salieron de la pobreza y 3,5 millones de la indigencia. En 2024, los combates en Ucrania no llegaron a fin, tregua o armisticio ninguno, se extendieron al suelo de Rusia, y tropas norcoreanas vinieron para luchar en la línea del frente junto a las rusas. También la guerra que libra Israel contra Hamas en la Franja de Gaza se extendió al Líbano, a Siria, a ataques aéreos contra Irán en un fin de año donde la brusca caída de Bachar al Assad, su exilio en Moscú y la entrada en Damasco de combatientes islámicos sunitas rediseña el futuro del Medio y Cercano Oriente. La victoria electoral de Donald Trump en EEUU, los triunfos de diversas fuerzas de derecha europeas, la presidencia semestral de Hungría en la UE, el año cumplido en la presidencia argentina por el libertario Javier Milei, la denuncia en Brasil de un plan militar golpista que en 2022 incluía el envenenamiento de Lula, son alertas sobre el destino occidental y continental de la democracia. La democracia, entre votantes que estrangulan y tribunales que asfixian El filósofo político socialista liberal francés Marcel Gauchet ha señalado que en la historia mundial jamás ha enfrentado la democracia menor hostilidad abierta que hoy. No hay competencia entre la democracia y una forma de gobierno alternativa. Sí la hay entre definiciones y grados de democracia. Comparando sondeos, más personas declaran vivir en democracia en China que en EEUU. A lo largo de los últimos doce meses hemos sido invitados a recordar con urgencia la década de 1930, cuando la Argentina, el Uruguay, Brasil, Bolivia y Chile vieron a sus gobernantes violentamente sustituidos por otros nuevos que fundaban su legitimidad en defectos del régimen democrático sólo subsanables por el uso de la fuerza o, si se retenían las elecciones aun con candidatos proscritos, al menos por el ‘fraude patriótico’. En Italia, Portugal, Alemania, España, y la Unión Soviética llegaron al poder líderes, movimientos y partidos únicos que proclamaron la obsolescencia de la democracia electoral competitiva. Hoy vida y vía democráticas son una cualidad a la que todos los Estados, cuando no se ofrecen al mundo como modelos imitables de felicidad, aspiran con denodadas determinación y preeminencia. Así lo hacen saber sus gobiernos. La desnazificación ucraniana es un objetivo explícito de la política exterior del presidente Vladimir Putin, y las agencias estatales de comunicación rusas informan que los neonazis que hoy gobiernan en Kiev son a su manera los herederos de los nazis que gobernaban en Berlín y que al inicio de la década de 1940 invadieron la URSS encontrando buena acogida en Ucrania. Joe Biden desde EEUU y Ursula von der Leyen desde la UE defienden, financian y arman al presidente ucraniano Volodymir Zelenski contra la autocracia moscovita post-zarista y post-staliniana. Tras la ofensiva de Hamas en su territorio el Estado de Israel extiende hasta Líbano, hasta Siria, hasta donde sea necesario su derecho de defensa, en una guerra existencial de supervivencia para la única democracia del Medio y Cercano Oriente, rodeada de naciones que llevan decenios dando por dudosamente democrático e indudablemente racista al gobierno de Tel Aviv. Quienes alertan sobre los peligros de la democracia convocan a la unión sagrada de todas las fuerzas que insomnes y abrazadas pueden asegurar su sobrevida. Aunque se abstengan del reproche, deploran las preferencias que los electorados pusieron de manifiesto. Lamentan que votaran por profetas de la disrupción que en verdad no son mesías de ninguna recuperación. Un voto que ven negativo, rencoroso, vengativo en contra de formaciones y élites políticas tradicionales. Quienes han ido más lejos, como la socióloga Marta Lagos, fundadora de Latinobarómetro, cuando la reforma constitucional progresista chilena padeció una derrota aplastante, hablaron de un voto ignorante, o desinformado. El gobierno brasileño presidido por Lula no ha traicionado el objetivo que el candidato Lula proclamó prioritario en campaña: vencer a la pobreza. En 2023, 8,7 millones de personas salieron de la pobreza y 3 millones y medio de la indigencia. El gobierno brasileño presidido por Lula no ha traicionado el objetivo que el candidato Lula proclamó prioritario en campaña: vencer a la pobreza. En 2023, 8,7 millones de personas salieron de la pobreza y 3 millones y medio de la indigencia. A vigilar y enfrentar las conductas abusivas que prevé o que ya detecta impunes en titulares de gobiernos nacidos del voto popular encamina hoy algunas de sus mejores energías la resistencia democrática. En esta centralidad ha sustituido a una alarma anterior, la encendida por el lawfare. Esta sustitución significa también una inversión simétrica del lugar de la amenaza o más bien de la ubicación del origen del peligro. Que es una prevención democrática donde el lugar de la amenaza se ve invertido. Hoy tememos la acción desenfrenada de autoridades elegidas que busca la concesión legislativa o el ejercicio sin concesión de facultades extraordinarias para ejercer un poder sin controles efectivos. Con el nombre de lawfare se designaba la guerra o combate de la Justicia institucionalizada, en colusión o no con los medios de comunicación, para limitar el poder de las autoridades democráticamente elegidas, para destituirlas, proscribirlas, o inhibir su posterior postulación a cargos electivos: para acabar con sus carreras políticas. Hoy han pasado a un primer plano los oráculos de conductas antidemocráticas e incluso criminales de autoridades elegidas democráticamente, que eclipsan el recelo por la frustración y limitación de gobiernos y de Poderes Ejecutivos elegidos por el voto popular democrático por obra de tribunales que acusan a esas autoridades de conductas no democráticas y crímenes comunes. En un mundo donde el lawfare triunfara, instituciones y funcionarios no electivos gobernarían o designarían remplazos en el gobierno de autoridades electivas.  Juicios políticos y guerras judiciales, desde Washington DC hasta... Un par de años atrás, Lawrence La Fountain-Stokes, profesor de American Culture en la Universidad de Michigan, nos escribía que gracias a la lectura de este Panorama había conocido la existencia de lawfare. En aquel entonces no se oía hablar de lawfare en EEUU, pero en la Argentina, Brasil, Ecuador o el Vaticano la palabra era pronunciada con una familiaridad desconcertante en el universo anglófono. El papa Francisco, Cristina Fernández de Kirchner, Rafael Correa o los defensores de Lula no habían resucitado a la fuerza un arcaísmo. Menos todavía, introducido en la lengua inglesa un neologismo de su propia creación verbal. Como tampoco era nueva, ni siquiera en la historia argentina, la práctica a la que se referían con lawfare. Así lo esclarecía el libro sintético, lúcido y pionero de Rafael Bielsa y Pedro Peretti, Lawfare, guerra judicial-mediática: Desde el Primer Centenario hasta Cristina Fernández de Kirchner. En 2024, los libros publicados en inglés que exhiben lawfare en su título no se cuentan de a uno: son decenas. El término ganó aceptación cuando sus tempranos detractores advirtieron su valor descriptivo y técnico. En América y aun en Europa, la viabilidad de un gobierno nacional o subnacional y las aspiraciones ciudadanas a gobernar se vieron, con una frecuencia cada vez mayor, calificadas por una Justicia cada vez más recurrida, pero también cada día más espontánea en actuar en estos asuntos. En EEUU la resurrección del uso de lawfare llegó más tarde, y sin alcanzar la palabra frecuencias e insistencias que conoció en América Latina. En esto ha influido la repugnancia o reluctancia o conveniente prudencia de la Corte Suprema, que ha evitado de pronunciarse positivamente en modos que pudieran ser descritos como lawfare. Si no por acción, sí por omisión, pero este terreno ya es opinable de por sí. En una serie de fallos encadenados anteriores y posteriores a las elecciones presidenciales del 5 de noviembre, la Justicia ha desestimado en Washington la incriminación de Donald Trump, procesado por sedición y otros delitos que atentan contra la estabilidad democrática, y ha ratificado y explicitado la libertad de acción del Ejecutivo: la doctrina de que los hechos políticos no son justiciables. Voces afines al oficialismo demócrata, que será oposición a partir del 20 de enero cuando jure el reelecto presidente republicano, derivaron estas decisiones de la politización derechista de una Corte donde seis de sus nueve integrantes profesan la fe católica. Como un cheque en blanco y un salvoconducto de inmunidad presidenciales. Si es innegable que empodera o confirma en su albedrío al Ejecutivo, también lo es que desempodera a un Judicial al que frena en sus impulsos. La ocasión y las personas concernidas suscitan una desaprobación que se volvería su contrario si la misma doctrina, razonablemente según toda apariencia, fuera recordada en el caso de la actuación del Ejecutivo argentino conducente a acordar un memorándum de entendimiento con la República Islámica de Irán. Kamala Harris, candidata oficialista derrotada en las presidenciales de noviembre en EEUU, citó los procesos abiertos contra Trump como una razón para no votar por su rival. Trump denunció esos procesos como lawfare. No prevalecieron. Donald Trump fue el único presidente de EEUU sometido a dos impeachments, pero también fue el único absuelto de los dos. Salió fortalecido. Cuando salió ileso en el segundo impeachment de haber instigado a la horda trumpista en el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021,  su triunfo entusiasmó a los republicanos que lo apoyaban en el Congreso. Los adversarios que buscaban acabar con la biografía política de Trump lo perfilaron para su vencedora candidatura presidencial partidaria de 2024. ...hasta Brasilia DF, Panamá o Tegucigalpa Los legisladores de Washington que dirigidos por Nancy Pelosi malograron la inhabilitación de Trump podían citar un logrado precedente en Brasilia. La presidenta petista Dilma Rousseff, sucesora de Lula en el poder, fue destituida por un impeachment express en 2016, a la mitad de su segundo mandato. La humillación de Dilma destituida fue notable, y perduró. En las elecciones de 2018 ocupó el cuarto lugar en una lista de candidatos en una Legislatura local. Ese año, Lula no había podido postularse a la reelección presidencial porque estaba condenado en un proceso fraudulento por el juez Sérgio Moro, adalid de la cruzada anti-corrupción Lavajato. Lawfare que no perduró. Una decisión de marzo de 2021 de Edson Fachin, relator del Supremo Tribunal Federal (TSF), declaró vacíos los procesos seguidos por el juez Moro contra Lula por incompetencia jurisdiccional. Fortaleció al entonces expresidente, que este 1° de enero de 2025 iniciará el tercer año de su tercer mandato presidencial, tanto o más que las absoluciones dobles de Trump en el Senado de EEUU. El Juez Supremo brasileño no dijo que Lula fuera inocente. Dijo algo mucho mejor: ni siquiera sabemos si había que abrirle un juicio al líder del PT (Partido de los Trabajadores) ,  porque no sabemos si existía algún delito que hubiera que investigar. La declaración de inocencia habría sonado sospechosa. El lawfare  se ha vuelto un activismo judicial cuyos límites de legalidad decide la Justicia misma. El fallo de Fachin liberaba a Lula pero también salvaba a Moro de investigaciones. Deplorar o denunciar que a quienes eligen para sus combates las armas del lawfare les importa poco la justicia y mucho la derrota del adversario, ofrece una imagen errónea de cómo funcionan todos los días la ley y los tribunales en todas las democracias. No debería desmoralizarnos en exceso descubrir que quienes inician acciones civiles o comerciales prefieren sin excepción, al final del proceso, aquellas sentencias que les son más provechosas o que dejan fuera de combate a sus contendientes. Es poco edificante que las batallas del lawfare que triunfan puedan deber ese triunfo no al imperio de la Ley sino al favor de un Magistrado. A menos que se sepa de prevaricato o venalidad, nada hay ilegal. George Bush padre invadió y bombardeó Panamá en 1989 para secuestrar al presidente de facto, el militar Manuel Antonio Noriega. El presidente republicano de EEUU alegó que la ley norteamericana es extraterritorial si se trata de combatir el narcotráfico. El gobierno del demócrata Joe Biden tenía motivos para creer que Juan Orlando Hernández, ex presidente hondureño, tenía vínculos estables con el narco. Pero no invadió. Buscó su destitución y procesamiento en Tegucigalpa. Cuando Honduras tuvo su primera presidenta mujer y su primer Ejecutivo de izquierda, la Corte Suprema nacional votó la primera extradición de un ex presidente a EEUU pedida por su alegada participación en el crimen organizado. Lo que asegura el lawfare, antes que la justicia, es la legalidad: sus resultados son más incontrovertibles que los alcanzados por la violencia de las vías de hecho. Ficha limpia y derecho viejo Este año la Corte Suprema de EEUU ha reconfirmado su tradicional autolimitación como jueza de los hechos de gobierno, y ha presentado esta decisión como corolario evidente de su compromiso republicando con el principio constitucional básico de la división de Poderes. La Justicia brasileña ha corroborado su voluntad de luchar contra los abusos partidarios y la impunidad de la clase política, y ha presentado sus decisiones y actuaciones como corolario manifiesto de su compromiso antiautoritario y antigolpista en defensa de la democracia. Muchos demócratas anhelan que fuera legislación federal vigente en EEUU la ley brasileña de “ficha limpia”, que inhibe la postulación a cargos electivos a condenados penales con sentencia firme. Una ley de estas características, que inhibió la candidatura de Lula en 2018, habría podido dejar fuera de carrera a Trump en 2024. No sólo es improbable tal sanción de parte del Congreso de Washington. La jurisprudencia coincide en que el derecho del pueblo a elegir autoridades o ser elegido como autoridad por el voto no se pierde por efecto de una condena penal. La Justicia brasileña opera con una libertad acaso sin par en Occidente. En el curso de su investigación del asalto a Brasilia por una horda bolsonarista el 8 de enero de 2023, el juez supremo Alexandre de Moraes encontró indicios firmes del involucramiento en los hechos del gobernador del Distrito Federal, y lo suspendió en sus funciones. Que un magistrado, obrando por decisión monocrática, suspenda a un gobernador elegido por el voto popular, sería imposible en EEUU. El mismo juez, pero en su cualidad de presidente del Tribunal Superior Electoral (TSE), había inhabilitado políticamente a Jair Messias Bolsonaro hasta 2030. Este año, el mismo Juez abrió una megacausa después de recibir un Informe de la Policia Federal sobre una trama golpista militar, en la que Bolsonaro sería uno de los líderes, que no llegó a ponerse en marcha en diciembre de 2022. Si Bolsonaro fuera condenado, obtendría la retribución que los demócratas buscaron en el segundo impeachment contra Trump, pero en sede judicial. Despreocupados por la democracia, preocupados por el real En 2024 el lawfare, su existencia y su denegación interesaron más en EEUU que en Brasil. La primera explicación es que hoy en Brasil gobierna Lula y en EEUU mañana gobernará Trump. Según los sondeos, el electorado brasileño o apoya o da por sentado a la democracia. No les inquieta su salud, sino la volatilidad de la moneda. Que se depreció un 20% en el curso del año hasta caer a la paridad record de 6,3 reales por 1 dólar. La causa del deterioro del real no es una incógnita aunque proceda del no poder despejar los mercados una incógnita: ¿cuál es el grado de compromiso del gobierno del PT con la disciplina fiscal? El déficit fiscal brasileño llega al 10% del PBI y la deuda soberana asciende al 90% del PBI. Fernando Haddad, ministro de Economía, dio a conocer un esperado Programa de reducción de gastos. El viernes 29 de noviembre fue presentado para su tratamiento legislativo en la Cámara baja por José Guimarães, diputado petista de Ceará. Dos proyectos de ley y una propuesta de reforma constitucional fueron votadas en sesiones maratónicas hasta última hora del viernes 23 de diciembre. El Congreso no llegó a votar el Presupuesto 2025. Como era de esperar, el Centrão que es mayoría en Diputados difirió la votación de aquellas medidas que significan una reducción del acceso de la Cámara o los estados a recursos federales, pero sí algunas que implican una reducción del gasto social del Gobierno. Una de las mayores alarmas que para la vida de las sociedades democráticas han hecho sonar los flamantes o expectantes gobiernos de derecha proviene de su vociferada filosofía individualista. Hacen campaña como heraldos del recorte de la inversión social. Como verdugos de la justicia social, escarnecida como fraude interesado o mero pero rotundo error práctico y conceptual de élites que han hecho de ella premisa y promesa culpógenas. Restallan las banderas de la privatización de la salud y la enseñanza públicas, del cierre o abolición de instituciones que se ocupan de cuestiones (como los derechos sexuales o reproductivos) por fuera de la incumbencia del Estado.    Aspirantes a país del año: el modelo The Economist Para premiar el país del año, costumbre de cada diciembre en muchos medios internacionales, es evidente que los criterios varían o chocan. No es un Prode en un mismo campeonato con un mismo fixture. Entre los finalistas de la selección de The Economist figura la Argentina por haber llevado adelante “el experimento de libre mercado más radical del mundo”, que desregulando y reduciendo el déficit público reinstauró a la República en el andén del crecimiento en el tercer cuatrimestre de 2024. Si el país que preside Javier Milei no resultó el seleccionado, lo debe al justificado prurito del semanario liberal británico que se interroga “cuánto más durará el aguante popular de la terapia de shock” aun con “una moneda sobrevaluada”. El Economist casi premia a la Argentina de Milei porque a sus ojos más libertad de mercado es más democracia, pero no lo premia al final porque tensar al máximo la resistencia popular al shock ya no lo es. (Blangadesh fue el elegido, porque en este país islámico del sudeste asiático, de 175 millones de habitantes, un levantamiento popular liderado por los estudiantes derribó a la autócrata Sheikh Hasina -en el poder durante los últimos 15 años- e instaurado un gobierno tecnocrático de transición presidido por Muhammad Yunnis, Premio Nobel de la Paz, y economista célebre por su teoría de la utilidad de los micropréstamos en el combate contra la pobreza).      Con su “lefist president”, Brasil no fue un finalista para The Economist. A pesar de que la revista hizo campaña por Lula en 2022, contra la reelección de Bolsonaro. A pesar de que Lula es un presidente de izquierda que preside un gobierno que no es de izquierda, como precisa André Singer, director del departamento de Ciencia Política de la Universidad de San Pablo. En un país federal gobernado por la derecha o la extrema derecha en la mayoría de los estados y los municipios. Pero debería ser liberal y no centro-izquierdista el líder del PT para que al Economist le gustara lo suficiente. A pesar de que también el Gobierno brasileño diseñó su propio plan de reducción de gastos, que incluía medidas antipopulares como un techo para el aumento del salario mínimo y el cambio de las reglas para calcular beneficios a personas mayores o con discapacidades. A la vez el Gobierno promovía la exención del impuesto a las ganancias para los salarios de 5 mil reales o menos y un aumento de la alícuota para los salarios de 50 mil reales o más. En una entrevista concedida al programa televisivo Fantástico a la salida de su segunda cirugía craneana, Lula explicó que las medidas debían ser entendidas en su conjunto como prueba de buen sentido: “Si el Estado no se cuida y gasta de más, ¿con qué recursos va a atender las necesidades de los más pobres y necesitados”. ¿Brasil 2026 también? Según una encuesta de Datafolha del 12 y 13 de diciembre, un 35% considera óptimo o bueno el gobierno de Lula y un 34 % lo estima pésimo o estable. El apoyo a Lula es estable en promedio, pero mucho mayor en la base de la pirámide social. En consonancia con México (el peso mexicano fue otra de las monedas más depreciadas en 2024), y a diferencia de EEUU, Chile, Francia, Italia y varios países europeos, el Ejecutivo en Brasil fue votado por un electorado pobre que sigue hoy siendo la base electoral del partido que preside el gobierno. En el ámbito internacional, el Brasil de Lula devolvió a Brasil su liderazgo global en temas de medio ambiente. Brasil fue el principal gestor del Mercosur que después de un cuarto de siglo llevó el 6 de diciembre a la firma en Montevideo del tratado comercial del bloque regional con la UE que favorecerá más que a otra economía a la brasileña. En las guerras de Europa y Oriente, la cancillería brasileña es partidaria de una paz inmediata que no sea un subproducto de victorias y derrotas más o menos nítidas a las que habría que esperar para verlas sedimentadas. Según datos 2024 del IBGE (Instituto Brasileiro de Geografía e Estatística), en Brasil hay 59 millones de pobres (que viven con 665 reales con mes) y 9,5 millones de indigentes (que sobreviven con 209 reales al mes). El gobierno brasileño presidido por Lula no ha traicionado el objetivo que el candidato Lula proclamó prioritario en campaña: vencer a la pobreza. En 2023, 8,7 millones de personas salieron de la pobreza y 3 millones y medio de la indigencia. No sólo André Singer piensa que en 2026, fecha de las próximas elecciones presidenciales, el Brasil de Lula puede seguir siendo el Brasil del año 2024: el del partido de Lula.    AGB