A través de un comunicado, diversas entidades llamaron a defender el Centro Cultural Conti, que funciona dentro de la ex Esma, y cuyos empleados...
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Organismos de derechos humanos expresaron su "más enérgico repudio a la decisión que llevó adelante Alberto Baños, Secretario de Derechos Humanos de la Nación quien, con la anuencia del Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Mariano Cúneo Libarona, con un cinismo repudiable y mostrando su rostro más inhumano, en horas del mediodía del 31 de diciembre cumplió con creces la amenaza de despidos y la suspensión masiva de trabajadores y trabajadoras dependientes de esa Secretaría". A través de un comunicado, indicaron que dicha decisión implica el desmantelamiento de áreas estratégicas en las que, a lo largo de años se sostuvieran las políticas de Memoria, Verdad y Justicia, reconocidas por su enorme valor y trascendencia en el mundo entero. "Hoy avanza el desguace sobre la ex ESMA, espacio de memoria por excelencia, consagrado desde 2004 a ese fin, reconocido internacionalmente. El Centro Cultural Haroldi Conti, una referencia en el campo artístico y de los derechos humanos cerró sus puertas y los y las trabajadoras que no fueron despedidas, tienen prohibido ingresar al espacio, quedando en situación de “guardias pasivas”.La investigación histórica, la producción de pruebas y de información que nutren los procesos judiciales y el camino de Verdad, la tarea con testigos y víctimas, el litigio como poder ejecutivo en las causas por delitos de lesa humanidad, la transmisión de la memoria, la política reparatoria en cumplimiento de la legislación nacional, quedan afectadas y en algunos casos ya no podrán realizarse", expresaron.Finalmente, expresaron su solidaridad con todos los trabajadores y trabajadoras despedidos o sometidos a contrataciones de brutal precarización laboral. "Sepan que estamos para acompañarles en sus demandas, y arbitraremos todas las medidas que estén a nuestro alcance para denunciar ante los tribunales nacionales y los organismos internacionales estas políticas que derivan en graves violaciones a los derechos humanos por la que el Estado argentino, y sus responsables, deberán responder".
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