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Participación Ciudadana defiende reforma constitucional: no afecta MP, bajar diputados a 110, elecciones cada dos años y aprobar 70 leyes pendientes

Santo Domingo. - El coordinador general del movimiento Participación Ciudadana, Erick Hernández Machado, planteó este domingo que en la reforma constitucional impulsada por el presidente Luis Abinader debe reducirse de 190 a 110 la matrícula de miembros en la Cámara de Diputados, celebrarse elecciones separadas cada dos años y aprobar 70 leyes pendientes por mandato de la Carta Magna. Entrevistado por el periodista Federico Méndez, en el programa Esferas de Poder, que se transmite los domingos de 8:00 a 9:00 de la mañana, por RNN Canal 27, sostuvo que la reforma constitucional fortalecería el proceso institucional del país, por lo que es necesario emprenderla. “Donde quiera que la Constitución dice bajo reservas del desarrollo por la ley que corresponda, en la Constitución hay unas 70 situaciones que hay leyes pendientes por desarrollar”, observó. Aseguró que con la reforma constitucional deben iniciarse una serie de cambios que se necesitan en el país, porque es la plataforma para actualizar muchas leyes vigentes y aprobar otras que están pendientes. “Incluso, de las disposiciones transitorias que se han conceptualizado está la de dar un plazo de cuatro años al Congreso para que cumpla con todas las leyes programáticas de la Constitución que desde el 2010 a la fecha no se ha realizado”, significó. El jurisconsulto entiende que eso es un reconocimiento de que el país debe avanzar y desarrollar esas leyes, que constituyen el sostenimiento económico del país. Planteó que con una matrícula de 110 diputados, bajo la premisa de que cada legislador representará aproximadamente 95,000 habitantes, se traduce que la mayoría de las provincias tendrían dos legisladores. No obstante, dijo que el mayor número de diputados por habitantes lo tendrían la provincia de Santo Domingo, con 28, el Distrito Nacional se quedaría con 10, mientras que San Cristóbal, La Vega y otras alcanzarían una cantidad importante, entre cinco y siete. “La posición institucional de Participación Ciudadana es que debe volver el sistema de elecciones separadas, elecciones cada dos años, por un lado, las presidenciales y congresuales, y dos años después las municipales”, argumentó. Expuso que el criterio está basado en eliminar el arrastre y de mejorar la representatividad de los candidatos municipales, que tienen en su proselitismo ganarse sus propias votaciones. Entiende que la posible unificación conllevaría un importante tema económico, con respecto a la responsabilidad que tiene el Estado dominicano sobre el particular. “La Junta Central Electoral, en el último reporte da cuenta que las elecciones pasadas costaron más de RD$8,000 millones”, precisó. Consideró que si se unifican las elecciones a todos los niveles, la JCE estará llamada a aumentar su personal para tratar de mantener los resultados de las elecciones como lo ha venido haciendo, de la manera más pronta posible. Sin embargo, dijo que eso significa una carga económica que la Junta tendría que evaluar, al igual que si vale la pena unificar los comicios y cuantificar si es una ventaja económica para la institución. Reforma no afecta la carrera del MP Hernández Machado, consideró que la derogación del Consejo Superior del Ministerio Público, en la propuesta de reforma constitucional que impulsa el presidente Luis Abinader, no cercena la carrera de los fiscales. El activista de la sociedad civil entiende que la carrera del Ministerio Público, que se ha visto bastante robustecida, no tiene marcha atrás con una reforma constitucional. “Pienso que no, debemos de estar atentos a los proyectos, pero ese paso de avance que tiene tanto el Poder Judicial como el Ministerio Público, de una carrera judicial podríamos decir bastante robustecida, eso no tiene marcha atrás”, significó. Hernández Machado expuso que el anteproyecto de reforma a la Carta Magna prevé la derogación del Consejo Superior del Ministerio Público para dar paso a aspectos legislativos que sean compatibles con el futuro Ministerio de Justicia. El jurista sostuvo que se deberán transferir a ese ministerio muchas competencias que corresponden actualmente al Procurador General de la República, al Ministerio Público como ente indivisible y al Consejo Superior del Ministerio Público. “La derogación del órgano en el texto constitucional implica que debe de legislarse de manera inmediata, conjuntamente con la creación del Ministerio de Justicia y robustecer a aún más la carrera, pero vía la Ley Orgánica”, acotó. Observó que se debe esperar las propuestas legislativas sobre el particular porque toda esa labor estará bajo la vigilancia del Tribunal Constitucional. Sostuvo que el sistema que propone la reforma es que el presidente de la República tendrá la facultad de nominar ante el Consejo Nacional de la Magistratura para su designación al Procurador General de la República. “Ahora, un aspecto interesante, a diferencia de como está el sistema actualmente, es que sería designado por cuatro años y es inamovible, solamente puede separarse de sus funciones si eventualmente se cumple un juicio político”, adujo. Hernández Machado plantea que en esa inamovilidad deben reflejarse las garantías de independencia que se desea en funcionarios como el Procurador General de la República. “Así es, el anteproyecto prevé la derogación de ese órgano (el Consejo Superior del Ministerio Público), pero pienso que es para dar paso a aspectos legislativos de que ese órgano, que también está en su Ley Orgánica, hacerlo más compatible con el futuro Ministerio de Justicia que debe crearse, para transferir muchas de las competencias del Procurador, del Ministerio Público y del Consejo al Ministerio de Justicia”, subrayó. Declaración de bienes En otro orden, el coordinador de Participación Ciudadana advirtió que el 86 % de los funcionarios municipales electos que tomaron posesión el 24 de abril no han cumplido con la disposición la Ley 311-14 que instituye el Sistema Nacional Autorizado y Uniforme de Declaraciones Juradas de Patrimonio de los funcionarios y servidores públicos. Reveló que de 3,400 funcionarios municipales llamados a dar cumplimiento a la normativa un mes después de tomar posesión del cargo, 2,876 han dejado de hacerlo y solo han observado la legislación 524, que han presentado su declaración patrimonial. “De los funcionarios municipales electos, unos 3,400, solamente han presentado declaración jurada unos 524, o sea, el 14% nada más, el otro 86% está omiso”, insistió el representante de la sociedad civil. Hernández Machado afirmó que esos funcionarios que no han cumplido con la declaración de su patrimonio deben ser sometidos a un juicio político y ser destituidos del cargo que ostentan. En ese tenor, manifestó que la no presentación de la Declaración Jurada, conforme con la Ley de Función Pública, se trata de una falta grave de tercer grado, que está sancionada con la destitución de los que han infringido la normativa. Consideró que la advertencia de las autoridades sobre la retención del salario a los omisos o llevar el caso a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) debe ser reorientada por donde realmente corresponde. “Entonces, en vez de pensar de no dar salario o de decir que lo van a enviar al PEPCA, es tramitarlo por la vía correspondiente, para ver si por fin se le da cumplimiento a este aspecto tan importante, que es soporte para la lucha contra la corrupción, como lo es la declaración jurada”, apuntó. Hernández Machado sostuvo que en esas circunstancias es necesario que llamar la atención a las autoridades competentes para que le den seguimiento al cumplimiento de este aspecto legislativo tan importante. “Desde Participación Ciudadana estamos muy atentos a esa situación, ya nos tomamos un tiempo analizando la proporción de los funcionarios municipales que han dado cumplimiento a esa obligación sustancial de la función pública”, significó. El jurista asegura que esa obligación es sustancial porque es uno de los elementos para combatir la corrupción, como manda la Constitución de la República. Agregó que en el articulado relativo a la proscripción de la corrupción, uno de los elementos que llama la Carta Magna es al cumplimiento de la declaración jurada.