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¿El apagón nuclear llegará a Cataluña, o solo a Extremadura?

Extremadura, con su presidenta María Guardiola a la cabeza, pero también con el respaldo de la mayoría de la población, e incluso de los grupos de la oposición –incluido el PSOE–, ha puesto pie en pared y está dando la batalla para impedir el cierre de la central nuclear de Almaraz, previsto para 2027. Esta misma semana la presidenta extremeña se ha desplazado a Bruselas para pedir a la exvicepresidenta Teresa Ribera, ahora vicepresidenta de la Comisión Europea, que interceda ante el Gobierno español para evitar el cierre que ella misma diseñó cuando formaba parte de ese Ejecutivo. Insistió Guardiola en que se mantenga un «criterio común» sobre este asunto, en España y en Europa. Y la señora Ribera, según Guardiola, se lava las manos y dice que «la decisión es de las empresas» y que son ellas las que deben pedir la prórroga para alargar la vida útil de las centrales nucleares, no solo en Almaraz, sino en el resto del país, como si el calendario de cierres que ella diseñó y que su gobierno aprobó no tuviera nada que ver. Según explica Guardiola, allá donde va, Almaraz produce energía para cuatro millones de hogares en España. Es el 7% de la energía de todo el país y a nivel regional, más de 3.000 familias viven de la central en Extremadura. el Gobierno insiste en su apuesta por las renovables, por la solar y la eólica, como si esa apuesta no supusiera también una contaminación para el campo en el que se instalan las placas o los molinos de viento. Y lo que es peor, como si con esas placas y esos molinos se consiguiera la seguridad energética que sí aportan las centrales nucleares. Esta misma semana, el ministro de Industria, Jordi Hereu, ha manifestado la apuesta del Gobierno por el coche eléctrico y ha prometido ayudas directas a la compra de estos vehículos. ¿Y qué pasaría si todos compráramos vehículos eléctricos? ¿Tenemos energía suficiente si cerramos las nucleares? Pretendemos electrificar la economía, la industria, el transporte... Queremos tener nuestros propios centros de datos, que tiene toda la lógica en un entorno geopolítico como el nuestro, pero para tenerlos necesitamos energía y poner la ideología por delante de todo lo demás nos puede salir caro, como le está saliendo a Alemania, o sin ir tan lejos a la misma Cataluña. El independentismo y la presencia en los gobiernos regionales de la izquierda extrema, como los comunes e incluso la CUP, han impedido en los últimos años llevar a cabo, por ejemplo la ampliación del Prat, o instalar más parques eólicos o solares. Eso, aparte de la incertidumbre jurídica generada por el procès que provocó la huida de miles de empresas, cuya confianza va a costar restaurar, pese a que sea uno de los principales objetivos del Gobierno de Illa. En materia energética, esta ceguera ideológica puede costar cara a Cataluña a no ser que el Gobierno de marcha atrás en sus planes del apagón nuclear. Según el citado calendario elaborado por Teresa Ribera, en el año 2035, cerrará el último reactor nuclear en Cataluña, Valdellós II. Antes, se desenchufarán los dos de Ascó, en 2030 y 2032, dejando con la mayor dependencia de su historia del suministro eléctrico del resto de España y de las importaciones francesas, en las que el 70% es generación nuclear. Y es que el Gobierno de Illa quiere apretar el acelerador de las renovables, pero es prácticamente imposible sustituir la producción de energía nuclear en Cataluña, que supone casi el 60% del total. ¿Se atreverá el Gobierno de turno a cerrar Ascó y Valdellós II? ¿O como se trata de Cataluña sí se permitirá alargar su vida útil? El Gobierno debe rectificar y no asestarle este golpe a Extremadura.