Maroc - ABC.ES - Opinión - 03/Mar 18:56

Unas concesiones conflictivas

La convocatoria por parte de los sindicatos de Renfe y Adif de siete días de huelga por el incumplimiento de los acuerdos firmados por el Ministerio de Transportes sobre las condiciones del traspaso de Rodalies a la Generalitat de Cataluña y la privatización de Renfe Mercancías amenaza con aumentar las irregularidades y deficiencias con que estas empresas prestan el servicio público para el que fueron creadas. En este caso, además, la representación laboral exigió participar en la mesa de negociaciones, dado que la cesión al Gobierno catalán del control total de su servicio de Cercanías tiene consecuencias similares a una privatización total. De manera poco habitual en estas conversaciones, Óscar Puente se comprometió personalmente a incluir a los sindicatos en la mesa de negociación, cosa que no ha ocurrido, según se quejan estos, pese a que creyeron que la intervención personal del ministro garantizaría el cumplimiento de lo acordado. El resultado es que se han seguido negociando aspectos esenciales a sus espaldas, como los derechos adquiridos y las condiciones de los trabajadores. Los sindicatos aceptan que se ceda la gestión a la Generalitat, pero no están de acuerdo en pasar a la plantilla de una nueva empresa. Un dato muy ilustrativo del tipo de problemas que provoca este traspaso es que el 70 por ciento de los maquinistas de Cataluña son de fuera de la región y quieren mantener su derecho a pedir el traslado a otras zonas. El de Renfe y Adif puede parecer un mero asunto laboral, pero es uno más del reguero de problemas creados por las últimas concesiones del Gobierno de Pedro Sánchez a los nacionalistas catalanes a cambio de su apoyo para seguir en La Moncloa. Este conflicto sindical se suma a las quejas de los funcionarios locales de Cataluña que, a instancias de Junts y ERC, han quedado bajo el control de la Generalitat hace tan solo una semana, según se acordó en la comisión bilateral entre el Gobierno central y esta comunidad autónoma. Se trata de la transferencia del poder para seleccionar, formar y designar a los secretarios, interventores y tesoreros de los ayuntamientos, que quedará en manos del Gobierno catalán, manteniendo su habilitación nacional. A estos problemas hay que sumar otros, como el generado entre los funcionarios de la Agencia Tributaria que se oponen a la transferencia de sus atribuciones a una agencia tributaria autonómica y que denuncian la «falsa colaboración» de las autoridades catalanas. O la cesión por parte del Ministerio del Interior a los Mossos d'Esquadra de las competencias en materia de seguridad ciudadana en puertos y aeropuertos, en detrimento de la Guardia Civil y la Policía Nacional. El Gobierno parece haber olvidado que las transferencias y cesiones de este tipo no son simples cambios que se pintan en los organigramas de un ministerio, sino que tienen consecuencias concretas sobre las personas y familias, y sobre sus proyectos profesionales y de vida. Se da la reveladora circunstancia de que la huelga convocada por los sindicatos de Renfe y Adif no se circunscribe a la comunidad autónoma de Cataluña, sino que es nacional, con lo cual perjudicará a todo el país en unas fechas previas al gran movimiento turístico de la Semana Santa. En eso se parece, para más inri, a otra de las concesiones de Sánchez a la Generalitat: la quita de la deuda autonómica que reduce la carga de las obligaciones a los ciudadanos de esa región e incrementa la media del resto de los españoles.