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A pesar de su lenta implementación en España respecto a otros países de nuestro entorno, la figura de la Evaluación de las Políticas Públicas es cada vez más común entre las administraciones. Una práctica que permite poner el foco en el gasto, analizando la efectividad real de las inversiones que realizan los gobiernos en materias como Educación, Sanidad o demás políticas sociales, y cuya cuantía no suele ser escasa. Con el objetivo puesto en la transferencia de conocimiento de las universidades al ámbito público y aportar transparencia y análisis a las políticas de gasto, surgió este mes de enero Econlab, que empezará a fiscalizar las políticas activas de empleo en Galicia tras la firma del convenio este viernes entre el conselleiro del ramo y el rector de la Universidad de Santiago de Compostela (USC). Un desembarco que promete ir a más, a la espera de que se formalicen acuerdos similares con más consellerías, que ya han compartido su interés al respecto a la entidad. «Nuestro objetivo fundamental y principal es hacer esas evaluaciones, pero sobre todo impactar de manera real en la toma de decisiones públicas, poniendo delante del espejo a esas políticas públicas que se están realizando«, explica la directora adjunta de Econlab, María Cadaval. Un paso previo a la propuesta de nuevas fórmulas o alternativas, así como un seguimiento de las mismas para comprobar su efectividad. De esta forma, se establece un contrapeso a medidas que pueden resultar tentadoras para los gobernantes teniendo en cuenta fines electoralistas, en un contexto donde los ingresos acaparan gran parte de la discusión política e interés de la opinión pública, dejando en un segundo plano las consecuencias del gasto. «Sí se puede evaluar una política de formación, sí se puede evaluar una política activa de empleo para saber si ha funcionado y además tenemos datos. Entonces, lo que no es normal es que no se haga habitualmente o que no se viniera haciendo hasta el momento», asevera Cadaval, que destaca el interés mostrado desde la Administración gallega. «Econlab lleva el apellido de Galicia, porque de momento vamos a centrarnos en estas evaluaciones en el ámbito de la comunidad autónoma, pero sin perder de vista al resto de la Administración Pública a nivel nacional y a nivel supranacional o de otras comunidades autónomas«, añade la directora adjunta y profesora de Economía Aplicada en la USC. Durante la firma del convenio entre la USC y la Consellería de Emprego, su responsable, José González, puso en valor poder contar con «el conocimiento de profesionales cualificados y especializados en economía pública» que permita validar la efectividad en la implementación de «medidas estratégicas» impulsadas por la Xunta, como la formación en línea adaptada a las necesidades de las empresas o el apoyo al tejido productivo autonómico. Asimismo, González hizo hincapié en el compromiso del Ejecutivo gallego con la negociación colectiva, en contraposición con el Gobierno central, en «temas de gran calado» como la reducción de la jornada laboral o la subida del Salario Mínimo Interprofesional, acordado entre la Moncloa y los sindicatos sin el beneplácito de la CEOE. Medidas ante las que el conselleiro, y por tanto la Xunta, ya manifestaron su oposición. González enmarcó el acuerdo con la USC como «otra forma de hacer política de empleo, apostando por los datos, por los análisis y por la planificación estratégica». Asimismo, demandó al Gobierno central colaboración para asuntos que son de su competencia para poder potenciar las medidas que impulsa la Xunta, como la flexibilización de los fondos de formación, la homologación de títulos extranjeros o incentivos para las microformaciones, entre otras medidas.
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