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El juez, el periódico y el partido político

El Partido Popular lanza un vídeo de propaganda que utiliza el mismo titular falso de El Mundo que Miguel Ángel Rodríguez propició hace diez meses con la intención de defender la imagen del novio de Díaz Ayuso investigado por delitos fiscalesEl fiscal general niega ante el Supremo haber filtrado el correo con la confesión de la pareja de Ayuso En la simbiosis, los integrantes de la asociación sacan provecho de la vida en común. Es también un factor esencial en la política, pero es habitual que se haga de forma que se pueda desmentir la comunidad de intereses. Se puede achacar a una coincidencia o, si el descaro rebosa por todos los bordes, a la necesidad de defender lo que es justo. En el caso contra el fiscal general del Estado, hay una línea en común entre un magistrado del Tribunal Supremo, un periódico y un partido.  El Partido Popular publicó el miércoles en redes sociales un vídeo con el fin de aprovechar el gran día, el de la declaración como imputado de Álvaro García Ortiz en el Supremo. Un trabajo de rutina en el departamento de propaganda de cualquier partido político. Siempre hay que prestar atención a los elementos del guiso. Aunque solo sirva para alimentar a los seguidores más fieles, es posible que algún ingrediente delate toda una estrategia y ayude a entender lo que ha sucedido hasta ese momento. Como parte de una cronología de los hechos, el vídeo alega que el 13 de marzo de 2024 “se publica que es la Fiscalía la que está ofreciendo un pacto al novio de Ayuso” mostrando en pantalla el titular de El Mundo que dio esa noticia falsa. Estrictamente hablando, la frase del vídeo del PP no es del todo incierta. Es cierto, se publicó de esa manera gracias a la filtración realizada por Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, con destino al autor del artículo de El Mundo. Por si algún lector acaba de regresar de un viaje al espacio exterior, fue el abogado del novio de Ayuso el que se ofreció a negociar un pacto con el fiscal reconociendo la culpabilidad de su cliente. Como ocurre con frecuencia en estos casos, el fiscal respondió que estaba dispuesto a escucharlo. Diez meses después, el PP continúa apostando por un relato falso de los hechos y lo hace confiando en que tiene la cobertura que le da un juez del Tribunal Supremo, Ángel Hurtado. Puestos a tener un guardaespaldas jurídico, la verdad es que no está nada mal.  La manipulación de Rodríguez tenía un objetivo obvio, tan obvio que él mismo se ocupó de revelarlo muy poco después de la publicación de la noticia. Acusar al Gobierno de impedir que el fiscal y el defensor llegaran a un pacto que cerrara el caso con la imposición de una multa y una breve pena de prisión por el intento de Alberto González Amador de engañar a la Agencia Tributaria en un fraude de 350.000 euros. “Órdenes de arriba” lo habían impedido, dijo, sin tener ninguna prueba. No la tenía, porque era falso. Ese artículo y los mensajes de Rodríguez desencadenaron la reacción del fiscal general, que pretendía desmentir el bulo y que solicitó al fiscal que llevaba el caso de Amador los mensajes que se había intercambiado con el letrado. Y de ahí salió un comunicado de la Fiscalía General y el inicio de la polémica política y judicial. “No se alcanza a entender la incidencia que pueda tener ese correo”, dijo el juez Hurtado en un auto. En una causa contra el fiscal general por el presunto delito de revelación de secretos, el magistrado no comprende por qué se presta atención al correo que la defensa del acusado puso en conocimiento de los medios de comunicación, como tampoco encuentra interés en las declaraciones de los periodistas que habían informado sobre la situación penal de Amador. No lo comprende, porque si lo hiciera, no tendría caso. Esa es la razón por la que ha rechazado la mayoría de las diligencias que ha solicitado la Abogacía del Estado. En el auto en que llamaba a declarar como imputado a García Ortiz, Hurtado hacía también algo que nadie le había pedido: defender la reputación de una persona a la que la Agencia Tributaria le había descubierto dos delitos fiscales. “Aparece en determinados medios y ámbitos que a Alberto González Amador se le considera un defraudador confeso, sin serlo, con el daño reputacional que ello conlleva”, escribió el juez. Es una frase casi idéntica a las que ha utilizado Díaz Ayuso en varias ocasiones para quejarse de las informaciones sobre los negocios de su pareja. La polémica sobre si el novio de Ayuso es un “defraudador confeso” tiene algo de superfluo. El procedimiento judicial contra él no ha terminado. Ni siquiera ha prestado declaración en un retraso algo más que sospechoso. Dentro del sistema de justicia, él conserva la presunción de inocencia, pero nadie puede negar –digamos que en el mundo real– los hechos conocidos. Hacienda le cazó en una trama de facturas falsas con la que había hurtado 350.000 euros en su declaración. Su abogado lo reconoció por iniciativa propia. Ese es el daño reputacional que soporta y proviene de sus propios actos, aunque Hurtado se haga el despistado y haga como si no supiera nada. Imagen del vídeo del PP del 29 de enero que reproduce la información falsa de El Mundo. El Colegio de Abogados de Madrid reaccionó con rapidez ante el comunicado de la Fiscalía General por considerarlo “una ruptura del secreto profesional que ampara las comunicaciones de letrados”. Unos días después, presentó una denuncia ante el juzgado por esos hechos y volvió a referirse al comunicado como origen de la violación de secretos. Todos los medios de comunicación se refirieron a ese texto de la Fiscalía, que solo podía haberse difundido con la autorización del fiscal general y del que el propio García Ortiz se responsabilizó desde el primer momento. Pues bien, el juez Hurtado no lo considera delictivo ni forma parte de su investigación. El magistrado se centra en la filtración del correo, y deduce que se decidió en Moncloa, pero imputa sólo a tres personas, incluido García Ortiz, a pesar de que al menos unas veinte personas tuvieron acceso a su contenido a través del buzón de la Fiscalía semanas antes de que llegase al fiscal general. El auto en el que Hurtado le llamaba a declarar era tan contundente que a estas alturas no es una deducción exagerada pensar que ya ha tomado la decisión de procesarle. García Ortiz prestó declaración el miércoles. Como se esperaba, negó ser el responsable de la filtración y afirmó que el correo cuya difusión se investiga no contenía ningún secreto del proceso, algo que también había afirmado en el mismo tribunal el fiscal que presentó la denuncia. Dijo que no se enteró del caso hasta el 7 de marzo y que fue en ese momento cuando supo que una investigación por delito fiscal afectaba a la pareja de Ayuso. Para entonces, varios periodistas conocían el caso y habían hecho preguntas a la Fiscalía. El fiscal general declaró que había cambiado varias veces de móvil para proteger el secreto de sus comunicaciones. Haberlo hecho una vez que se inició la investigación contra él es un dato sospechoso, pero no es él quien debe demostrar su inocencia, sino el juez el que debe encontrar indicios serios de delito que justifiquen su procesamiento. Hurtado da por hecho que la Fiscalía envió el correo a Presidencia del Gobierno sin tener una prueba directa. Que una alto cargo de Moncloa tenía el correo en su poder es un hecho. Nadie ha podido demostrar que lo recibiera de la Fiscalía y no de un medio de comunicación. El auto de Hurtado presta un gran servicio a El Mundo, o al menos así lo cree el periódico en un editorial del lunes. “La publicación en El Mundo del contenido de ese mail propició la frenética reacción del fiscal general, que lo tachó de 'bulo'. Pues bien, el instructor resume con naturalidad su contenido tal y como lo expresó este periódico –el 'ofrecimiento del pacto por parte de la Fiscalía'–, lo que respalda su indiscutible veracidad”. El periódico insiste en la falsedad de calificar de “indiscutible veracidad” una información que se sabe que no es cierta desde hace diez meses aprovechando en su beneficio el escaso interés de Hurtado por indagar sobre la conducta de Rodríguez. “No hay mayor peligro para el ejercicio honesto del periodismo que arrogarse el patrimonio de la verdad”, afirma El Mundo. “Más aún si, en los temas capitales para el poder, esa verdad coincide punto por punto con la verdad que le interesa al poder mismo”. Con respecto a lo que interesa al Gobierno de Madrid y a Díaz Ayuso, que cuenta con mucho poder en varios medios de comunicación de Madrid, la frase ha quedado confirmada por el propio Partido Popular al utilizar el titular falso de marzo de 2024 en su vídeo de este miércoles. La confluencia de intereses siempre existió en beneficio del comisionista y –“ciertamente”, como decía su abogado– de sus dos delitos fiscales.