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Ley antipantallas en la escuela

La Comunidad de Madrid es una de las primeras regiones, junto a Murcia, que ha anunciado un apagón de pantallas a partir del curso 2025-2026 en colegios de infantil y primaria. La medida, que afecta a medio millón de alumnos menores de doce años, tiene por objetivo mejorar la salud de los escolares y favorecer la convivencia en el ámbito familiar. Se prohibirá el empleo individual de ordenadores y tabletas, además de la asignación de deberes que necesiten de su utilización. La norma permite un acceso a la tecnología gradual. Desde cero hasta tres años, los alumnos de las escuelas infantiles no tendrán relación con aparatos, de tres a seis años los utilizarán como máximo una hora a la semana, de ocho a diez años, una hora y media; de diez a doce, dos horas y siempre en grupo bajo la supervisión de los maestros. Los alumnos utilizarán ordenadores en las asignaturas de tecnología, robótica y programación. Se trata de una decisión audaz en la necesaria racionalización de las relaciones de los jóvenes con los dispositivos electrónicos y que ayuda a las familias a encontrar el siempre difícil equilibrio doméstico entre el acceso a la tecnología y un desarrollo sano de los niños en los términos que cada familia considera adecuados. Es importante que la norma garantice que las familias que elijan que sus hijos tengan un acceso mayor a teléfonos, tabletas y ordenadores lo hagan libremente en el ámbito del hogar y a los que opten por fomentar otro tipo de ocio no se les imponga desde las entidades educativas la presencia y el acceso a un dispositivo que con mucha facilidad se convierte en una puerta de acceso a contenidos inapropiados para la edad del niño. Las visiones de los expertos varían aunque alertan con cada vez más urgencia sobre los efectos que el uso compulsivo de la tecnología o el acceso a redes y contenidos poco recomendables por su edad tienen sobre los menores. Existe literatura diversa sobre cómo se debe afrontar la cuestión, pero en ningún caso la opción parental debería verse interferida por la imposición del empleo o presencia de una tableta del colegio. En el último y polémico informe PISA de junio del pasado año, la OCDE estudió cuáles eran las consecuencias de la introducción de la tecnología en las aulas y comparó los resultados académicos de diferentes modelos según el tiempo que los alumnos pasaban utilizando dispositivos. Los resultados apuntaban a que un uso muy moderado de tecnología aumentaba el rendimiento académico, la diversión y el sentido de pertenencia al colegio del alumnado. El pico de aumento del entretenimiento y los resultados en matemáticas (la materia estudiada) se daba con una hora de uso, pero caía en picado cuando se aumentaba el tiempo. La introducción de la tecnología en las aulas y en general en la vida de nuestros hijos en detrimento de las formas de ocio y educación tradicionales fue tan instantánea que resultó imposible valorar las consecuencias que tendría. Solo unos pocos años después asistimos a un repliegue generalizado. Varios países han implementado medidas que restringen este campo. Francia, Italia, Países Bajos, Australia, Noruega o Suecia ya han implantado o valoran adoptar normas en este sentido. En este caso, la regulación anunciada por la presidenta Isabel Díaz Ayuso que ralentiza el acceso de los jóvenes a los dispositivos avanza en el sentido del Gobierno de la Nación, cuyo Ministerio de Infancia anunció una ley que elevaba la edad la edad mínima de 14 a 16 años para abrir una cuenta en redes sociales. Estamos ante un asunto que excede las visiones ideológicas de los demás partidos y cabe celebrar que la polémica a favor y en contra no forme parte de las estrategias de confrontación partidista y el vuelo corto al que estamos desgraciadamente acostumbrados.