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Indefiniciones de la memoria histórica en España

Indefiniciones de la memoria histórica en España(Juan Manuel Vera, 2025)Fundación Andreu Nin  Publicación original en Trasversales nº 68.  Así como hemos de reconocer en los individuos, en los grupos y en las etnias su verdadera alteridad, y fundar nuestra coexistencia con ellos en ese reconocimiento, del mismo modo hemos de reconocer en nuestro propio pasado una fuente inagotable de alteridad próxima, trampolín para nuestros esfuerzos y escudo contra nuestra locura siempre al acecho.   (Cornelius Castoriadis) Durante la Transición, entre los primeros pasos posteriores a las elecciones del 15 de junio de 1977 se produjo la aprobación de la amnistía para delitos políticos, que era una de las reivindicaciones de la oposición antifranquista. Llegó con la ley 46/1977, de 15 de octubre, que incluyó también una exención de responsabilidades a los autores de violaciones de derechos humanos durante la dictadura. Su alcance incluía los delitos y faltas que pudieran haber cometido las autoridades, funcionarios y agentes del orden público con ocasión de la investigación y persecución de los actos incluidos en dicha ley, así como los cometidos contra el ejercicio de los derechos de las personas. Suponía una indudable ley de punto final. No hubo demasiada polémica en su momento sobre ese alcance de la amnistía, ya que el espíritu de la Transición se asentaba en líneas difusas de cierre de heridas, olvido de la guerra fratricida y no mirar demasiado hacia atrás. No parecía preocupar en aquel momento la construcción de la memoria colectiva sobre el traumático pasado de las décadas anteriores. El ambiente de la sociedad española se orientaba indudablemente a intentar pasar página, lo que explica el fracaso electoral en que se vieron envueltos tanto Alianza Popular, que se presentó con el aval de siete ministros franquistas, como el PCE, que cometió el evidente error para sus intereses de utilizar como cartel electoral a sus dirigentes más marcados por las responsabilidades del pasado, Santiago Carrillo y Dolores Ibarruri. Unos y otros recibieron un fuerte varapalo en los comicios, mientras la Unión de Centro Democrático y el PSOE emergían como la representación modernizada de los bloques de la derecha y la izquierda.Memoria y amnesiaHubo de pasar algún tiempo para que se fueran desarrollando valoraciones críticas sobre la amnesia propiciada en los primeros años posdictatoriales. Las nacientes asociaciones para la recuperación de la memoria histórica del bando republicano y del antifranquismo centraron su labor en la localización de los restos de los sepultados en fosas comunes. De la memoria de los vencidos se estaba transitando inadvertidamente hacia la memoria de las víctimas. La actividad del movimiento memorialista fue decisiva para generar una nueva percepción al respecto en algunos segmentos de la sociedad. La verdad, la justicia, la reparación y la garantía de no repetición, aparecieron como los pilares del intento de reenfocar la mirada hacia el pasado reciente. En ese camino se valoró la posibilidad de intervención de tribunales con jurisdicción universal para denunciar los crímenes de lesa humanidad. Tras fracasar el intento de abrir una causa en la Audiencia Nacional, surgieron otras iniciativas, como fue el caso de la querella desarrollada en Argentina. Las reivindicaciones del movimiento memorialista suponían el rechazo de la ley de amnistía de 1977 al señalar el carácter inamnistiable e imprescriptible de los crímenes franquistas. También defendieron la nulidad de todos los procedimientos judiciales, procesamientos y sentencias de los tribunales represivos. El Estado debía, por su parte, asumir su responsabilidad en la localización, exhumación e identificación de las víctimas todavía existentes en fosas comunes y su consideración como prueba evidente de crímenes contra la humanidad. La retirada de la simbología franquista que pesaba sobre el patrimonio cultural y urbano fue otro de sus principales caballos de batalla. Aunque el movimiento memorialista tardó en desarrollarse, ha tenido una influencia determinante para los pasos institucionales que finalmente se dieron. La principal virtud, y también la mayor limitación, de dicho esfuerzo tiene que ver con su vinculación directa con las víctimas del franquismo. Ha proporcionado una mirada a una zona oscurecida de nuestra historia, aunque por ello mismo no haya podido representar un intento de plena comprensión del pasado. Entre los problemas que han afectado en mayor medida al éxito de las operaciones de recuperación de la memoria histórica se encuentra la carencia de un compromiso colectivo de relectura social de la guerra civil y la dictadura, incluyendo tanto las actuaciones de ambos bandos durante la contienda como la represión posterior. No se puede silenciar una parte de lo ocurrido y eludir pronunciarse sobre las acciones injustificables cometidas por el bando que se considera más justo y legítimo. La memoria colectiva debe ser necesariamente integral para poder construir un sentido sólido, que no nos encierre en meras trincheras ideológicas. Considero que hay cuestiones que debieran haberse tratado con una nítida diferenciación. Hay dos grandes ámbitos temporales que están intrínsecamente unidos por lazos causales y, sin embargo, exigirían una reflexión separada. Uno de ellos se refiere a la guerra civil. El otro, a la posguerra franquista. Las víctimas de la guerra civil fueron el resultado de actuaciones y numerosos excesos cometidos por las dos partes de un conflicto armado. En cambio, las víctimas de la dictadura franquista son consecuencia de la política brutal de venganza del bando vencedor. También hubiera sido clarificador que la cuestión de la violencia y de las víctimas no se hubiera entremezclado con el tema de la ilegitimidad del levantamiento franquista y de la dictadura.Sin balanzasGeorge Orwell escribe en 1942, en su artículo Recordando la guerra civil española, que todos creen en las atrocidades del enemigo, pero no dan crédito a las que se cuentan del propio lado, sin molestarse en analizar las pruebas. Transcurrido el tiempo sería conveniente intentar comprender la realidad de los hechos, de todos los hechos, tan marcados en muchas ocasiones por las vivencias sectarias de sus protagonistas. Eso no significa pretender ninguna clase de equiparación de culpas y responsabilidades. Los generales fascistas son lo que fueron, los culpables principales de una tragedia brutal, que provocaron voluntariamente para mantener la dominación de una coalición de terratenientes y ricos industriales, con el apoyo de la Iglesia, sobre un pueblo aplastado por la injusticia social. La violencia estalló en nombre del mantenimiento del poder de los de siempre y del retorno a una sociedad jerárquica basada en la religión. La reacción monárquica, el tradicionalismo carlista, el fascismo falangista y el militarismo cuartelero coadyuvarán al mismo objetivo. Los militares rebeldes y sus tropas coloniales desencadenaron una increíble furia exterminadora desde el primer momento en una gran campaña de limpieza. Les secundaron con entusiasmo los partidarios locales del Movimiento Nacional. Esa brutalidad generalizada no surgió como una respuesta a la del otro bando ni fue el producto de excesos ocasionales. La represión franquista tuvo dos grandes fases según señaló un auto del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, cuando lo presidía Baltasar Garzón. La primera fue de carácter masivo y se desarrolló al amparo de los bandos de guerra. Comprende desde el 17 de julio de 1936 hasta febrero o marzo de 1937. El bando de guerra consiste en una disposición emanada de una autoridad militar en campaña o en estado de guerra que niega cualquier ley precedente. Los bandos de guerra establecieron el empleo sistemático del procedimiento expeditivo de la ejecución sin formación de causa. Esta actuación paralegal irregular fue la cobertura de las acciones en la zona sublevada durante ese período. Luego vendría la larga etapa de los consejos de guerra sumarísimos. La violencia en la retaguardia republicana se legitimará por la defensa de la República, la solidaridad obrera y de la sociedad futura que vendría después de la revolución. Todos los caminos condujeron a la sangre en ese momento. Tanto el pasado como el futuro exigían sacrificios humanos. Las violencias de ambas zonas durante la guerra no fueron plenamente simétricas ni proporcionales. Pero la brutalidad fue compartida. Y un balance honesto debería incluir todas las responsabilidades y todas las iniquidades. Hay una diferencia cualitativa sustancial que siempre se debe tener presente. El terror franquista se mantuvo en la posguerra, en los años cuarenta, con una dimensión brutal de venganza masiva. La violencia fue uno de los aspectos estructurales de la dictadura de Franco ya que la represión y el terror fueron parte constitutiva del nuevo Estado. En las tres últimas décadas se ha avanzado mucho en el conocimiento historiográfico sobre las dimensiones de la represión franquista tanto durante la guerra como después. Se trata de un capítulo escrupulosamente ocultado por el régimen, que dispuso de casi cuarenta años para destruir sistemáticamente muchas de las fuentes documentales de sus acciones. A romper ese secreto han contribuido numerosos estudios locales, provinciales y regionales, realizados con rigor. Esos trabajos también han permitido precisar las cifras reales de la represión en la zona republicana. El número de víctimas de la represión en la retaguardia republicana según la conclusión de la Causa General fue de 85.940. Historiadores del régimen, como Ramón Salas, cifraron las víctimas en alrededor de 70.000. Las investigaciones actuales sitúan el cálculo en torno a 50.000 ya que en los estudios franquistas se han descubierto frecuentes duplicaciones. En bastantes ocasiones las eliminaciones no se cometieron en el lugar de residencia, por lo que tendían a computarse dos veces, allí y donde encontraron la muerte. El saneamiento en la zona republicana golpeó con especial virulencia al clero. En total perecieron más de 6.800 eclesiásticos. En Cataluña las víctimas fueron más de 2.500. En Madrid más de 1.000 hasta finales de agosto de 1936. Pocos llegaron a las cárceles, la inmensa mayoría resultaron asesinados poco después de ser capturados en los distintos pueblos y ciudades. Otro capítulo siniestro fue el asesinato de miles de presos madrileños en noviembre de 1936 por los aparatos policiales bajo control comunista. Las víctimas de la actuación republicana fueron, en su mayor parte, identificadas y honradas durante la posguerra. En cambio, las ocasionadas por los sublevados, habiendo sido ignoradas y ocultadas durante el franquismo, presentan mayores dificultades para la cuantificación y la identificación. Un alto porcentaje de desaparecidos no consta en registro alguno, ni siquiera en el registro civil. Siguen existiendo numerosas fosas comunes que todavía no han sido investigadas. Las víctimas de la represión franquista se han calculado en más de 100.000 personas en los años de guerra, a las que habría que añadir alrededor de 20.000 ejecuciones en la primera década de posguerra, sin contar las muertes en prisiones o batallones de trabajo, ni las de quienes perecieron en los campos de concentración nazis. Estas estimaciones siguen sometidas a revisión.Memorias enfrentadasEl silencio y la falta de interés de la izquierda y de las asociaciones memorialistas sobre la represión en la zona republicana durante la guerra ha sido una notoria equivocación. Se ha argumentado, en ocasiones, que los excesos allí cometidos ya fueron juzgados por el franquismo. Esa consideración es completamente inaceptable desde el punto de vista de la memoria colectiva ya que un pleno esfuerzo de recuperación debería comprender todos los aspectos, lo que implica ser capaces de mirar también las zonas oscuras e incómodas del pasado. España es un país con memorias contrapuestas. Por una parte, ha discurrido durante décadas la de los vencedores. Por otra, acallada, las de los vencidos. No existe una memoria compartida sobre los grandes conflictos pretéritos, ni siquiera un compromiso entre versiones enfrentadas. La dificultad de compartir una verdad de los hechos tiene que ver con la construcción de identidades como vencidos o como vencedores. Aunque con el paso del tiempo desaparecen físicamente unos y otros, subsisten los residuos de esas memorias. El régimen de Franco impulsó una poderosa política memorialista que excluía, criminalizaba, estigmatizaba e invisibilizaba radicalmente a los vencidos. Todas esas manifestaciones de un relato de tinte totalitario tuvieron un aplastante peso social. Se establecieron medidas sistemáticas de reconocimiento y reparación moral y económica a las víctimas que se habían posicionado a favor del Movimiento. Se erigieron innumerables monumentos y recuerdos conmemorativos de los caídos por Dios y por España en calles, plazas e iglesias. También en honor de los impulsores y ejecutores del levantamiento, de la dictadura o de hechos considerados gloriosos por el régimen. Las élites del franquismo son la matriz de la actual derecha. No hay en ella disposición alguna a un examen de conciencia ni a la ruptura radical con ese pasado. Pesan sus vínculos familiares y de origen social con los protagonistas de una larga aquiescencia a décadas de autoritarismo. Son incapaces de condenar el golpe militar y la dictadura, sus crímenes incontables, admitir que España fue gobernada por un régimen afín al nazismo y el fascismo. No muestran ninguna clase de empatía sobre el sufrimiento causado y desprecian la historia de la represión ejercida por los vencedores. Rechazan todos los pasos dados para recuperar los restos de las víctimas republicanas. La incapacidad de la derecha española para romper radicalmente con sus orígenes muestra la persistencia de una narrativa narcisista, caracterizada por una enorme resistencia a desvanecerse. Frente a la legislación de memoria democrática puesta en marcha por los gobiernos socialistas, la derecha ha ido asumiendo paulatinamente un revisionismo histórico, compartido por la parte más ideologizada de sus electores, así como por sus bases y cuadros, proclives a mantener actualizada la literatura simbólica del régimen franquista. Así se crea una dialéctica perversa entre memoria y mito que les impide cualquier asunción crítica del pasado.La memoria democrática y la memoria de los vencidos¿Cuál podría ser el contenido de una memoria antifascista? ¿Una memoria republicana? La referencia republicana no puede eludir el hecho histórico de que la República, como señaló Joaquín Maurín, no fue capaz de abordar con éxito ninguno de los grandes problemas de la España de su tiempo. Ni la reforma agraria, ni el problema militar, ni la cuestión religiosa, ni la dominación colonial, ni la desigualdad social, ni la diversidad nacional del país fueron objeto de soluciones viables. La experiencia se ahogó entre la feroz oposición de las oligarquías, apoyadas por la Iglesia y el Ejército, y la creciente distancia que el movimiento obrero, cada vez más radicalizado, fue levantando entre las instituciones republicanas y sus aspiraciones. La identidad republicana se ha pretendido confrontar, con escaso éxito, no solo al franquismo, sino también al régimen de la transición, que se legitimó con la Constitución de 1978, la cual disolvió la cobertura jurídica de la dictadura. Entender ese régimen como una continuidad del franquismo carece de sostén lógico, político e histórico, más allá de la insatisfacción que puede producir que no hubiera un saneamiento en profundidad de todas las estructuras del viejo Estado. Identificar el republicanismo político con la herencia de la II República no ha contribuido en modo alguno a expandir popularmente propuestas institucionales alternativas a la monarquía, ni siquiera ante el desprestigio final del reinado de Juan Carlos I. Me parece extraordinariamente dudoso que una futura propuesta republicana debiera tener como referencia dicha experiencia, cuyo final estuvo marcado por una guerra civil. No parece el mejor mimbre para tejer el futuro. ¿Una memoria antifranquista? La oposición al régimen fue bastante minoritaria durante la mayor parte de la dictadura. Por razones sociológicas e históricas resulta inviable que la sociedad española se reconozca en una memoria común antifranquista. Solo en aquellas situaciones en las que se produce el derrumbe de un régimen dictatorial se desarrolla una amplia identificación social con las resistencias antifascistas. Pensemos en la construcción de la memoria francesa o italiana, que hizo desvanecer del recuerdo el apoyo entusiasta de las élites al gobierno colaboracionista de Petain o a Mussolini. Miremos al Portugal posterior al 25 de abril de 1974. Un problema adicional de la memoria antifranquista tiene que ver con el protagonismo comunista. En los años cuarenta el PCE tuvo un papel importante en la resistencia antifascista, pero aún persistía el arraigo anarquista y socialista. A partir de los años cincuenta la hegemonía comunista en la oposición fue abrumadora. Esa fortaleza del PCE fue, indudablemente, el producto del sacrificio de muchos militantes. También, algo que no se suele decir, fue facilitada por el acceso del partido a fuentes de financiación y apoyos logísticos y de todo tipo por parte de la URSS y las democracias populares del Este de Europa, sostén del que carecieron otras fuerzas opositoras. Sin dicha cobertura se hubiera enfrentado a problemas similares a los que tuvieron el PSOE, la UGT, la CNT, ERC o el POUM para mantener aparatos políticos clandestinos suficientemente eficientes. La hegemonía comunista en el antifranquismo genera cuestiones específicas. Podemos admirar el heroísmo de los resistentes. Pero, ¿debemos olvidar y callar que el PCE era un aparato estalinista vinculado a Estados totalitarios y regímenes de terror? ¿Hay que silenciar sus responsabilidades durante la guerra civil? Para la mayor parte del movimiento memorialista estas cuestiones no deberían ser planteadas. Se equivocan. La memoria del siglo veinte no puede entenderse como fragmentos sin hilos, forma parte de un tejido común. ¿Hablamos del estalinismo? En el escenario español de 1936-1939 no solo se libró una batalla entre el fascismo y el antifascismo. La acción del estalinismo estuvo muy presente. No en vano el desarrollo de la revolución social espontánea de 1936 resultaba totalmente ajena a los intereses estratégicos de la URSS. Durante el gobierno de Juan Negrín, el PCE desarrolló un acoso implacable contra todos los que no se les plegaban. Tal fue el contexto de la caída de Largo Caballero y del aislamiento y acoso progresivo a los anarquistas. El ataque más brutal empezó por el más débil, el POUM, secuestrando y asesinando a su máximo dirigente, Andreu Nin, ilegalizando al partido, encarcelando a sus militantes y acusándoles, con pruebas amañadas, de ser un instrumento al servicio de Franco. Entre los desaparecidos en fosas ocultas se encuentra todavía Andreu Nin. ¿Qué papel se le asigna en la construcción de una memoria histórica? ¿La recuperación de la memoria antifranquista y republicana puede tener como precio acallar ciertos crímenes? ¿Una memoria revolucionaria y popular? Si la construcción de una memoria histórica antifranquista presenta notables dificultades, también las hay, mucho mayores, para pensar en una memoria alternativa, inspirada en la resistencia obrera y popular al golpe militar y en las experiencias colectivizadoras y autogestionarias desarrolladas en algunas zonas de la España republicana en armas. La capacidad de derrotar el levantamiento militar vino desde abajo, con la movilización masiva que dio lugar a la creación de milicias de las organizaciones obreras, en contraste con la inoperancia del gobierno republicano para prevenir y hacer frente a la rebelión. Constituye un hecho histórico inédito el que un pueblo haga fracasar el desfile militar que esperaban los generales alzados. La reconstrucción del tejido productivo y de servicios fue posible por la enorme capacidad de organización de la CNT y de la UGT y de los amplios sectores populares que cobijaban. Las colectividades constituyen uno de los capítulos más olvidados de ese momento histórico. ¿Tienen alguna vigencia actualmente esas experiencias? No se trata de intentar universalizar lecciones de hechos condicionados históricamente. Asumir el propio destino en las propias manos puede adoptar muchas formas, pero siempre habrá una diferencia irreconciliable, absoluta, con la fe en salvadores o en partidos únicos. Mirar hacia atrás no debe servir para un ejercicio de nostalgia o de ilusoria demanda de justicia histórica. La nostalgia es irrelevante. La justicia histórica no existe. En cambio, se debería recordar como lección para el presente el valor de quienes, en unas terribles circunstancias, intentaron asumir, por sí mismos, su responsabilidad colectiva. Esa memoria ha sido sepultada no solo por las décadas de franquismo sino por toda una visión extendida de la guerra española en términos exclusivos de una lucha entre demócratas republicanos frente a militares fascistas. Esa descripción no refleja toda la realidad de los hechos, pero ha invadido las subjetividades dejando poco espacio para una memoria de los de abajo.La legislación de memoria históricaCon el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero se puso en marcha una legislación de memoria histórica. Así, tardíamente, ya en el siglo XXI, nació una nueva articulación jurídica sobre los efectos de la guerra civil y la dictadura. En ese marco se han inscrito dos leyes nacionales sucesivas y numerosas disposiciones autonómicas. Parte de estas últimas han sido derogadas tras los pactos del Partido Popular y VOX que siguieron a las elecciones territoriales de 2023, promulgando leyes autonómicas llamadas de concordia, negacionistas de los crímenes franquistas, que han sido rechazadas desde Naciones Unidas. La primera norma estatal fue conocida como ley de memoria histórica. Se trata de la ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura. La ley declaró la ilegitimidad de los tribunales franquistas constituidos para imponer sanciones por motivos políticos, ideológicos o de creencias religiosas, así como de las condenas y sanciones derivadas de su actuación, a las que se calificó como radicalmente injustas. La ley de 2007 fue criticada no tanto por las medidas concretas que incluyó, sino por ser una manifestación de una práctica legislativa de proclamación solemne de derechos de contenido difuso o carente de virtualidad práctica. La ley reconoció un indeterminado derecho individual a la memoria personal y familiar. ¿Qué significa ese derecho? En la interpretación jurídica se ha señalado que parece una especificación del derecho al honor o a la identidad. Así ese derecho a la memoria histórica, en términos del profesor José María Sauca, significaría un derecho individualizable a la reparación moral de las víctimas y de sus familias. La ley incorporó el reconocimiento de ciertos derechos indemnizatorios en favor de quienes padecieron persecución o violencia. También incluyó actuaciones referidas al patrimonio documental y acciones dirigidas a la retirada de símbolos, monumentos, placas, escudos, insignias y objetos conmemorativos franquistas. En la ley se hacía referencia a la localización e identificación de restos de desaparecidos, víctimas de la violencia política, pero la actividad necesaria para ello no era asumida por las instituciones. Fue el debate público el que desvió el eje del problema, deformando el contenido y propósitos de la ley.  Es cierto que resulta impreciso el contorno en el que se inscribe el derecho a la memoria, ya que toda memoria depende en último extremo de la naturaleza de los hechos de que deriva. No puede haber equidistancia entre el fascismo y el antifascismo. Ser demócrata requiere ser intransigente con el fascismo. Esa cuestión, sin embargo, nunca debe mezclarse con la posición sobre la violencia y con el reconocimiento a las víctimas de actos de lesa humanidad. La violencia ejercida por cualquier bando y el sufrimiento injusto y arbitrario deben ser condenados siempre y deben ser analizados con los mismos criterios. Además, la cualidad de víctima siempre debería ser independiente de cualquier adscripción ideológica. Todas esas cuestiones no llegaron a estar suficientemente bien formuladas en muchas de las discusiones sobre la memoria histórica. La Ley 52/2007 se desarrolló hasta 2011 dando continuidad presupuestaria a las subvenciones para proyectos de memoria histórica. Otros pasos fueron la creación de la Oficina de Atención a las Víctimas, la elaboración del mapa de fosas, el establecimiento de una comisión de expertos respecto al futuro del Valle de los Caídos y la aprobación del protocolo de actuación en exhumaciones de víctimas. Esa labor fue bruscamente interrumpida con la llegada al gobierno de Mariano Rajoy, eliminándose las partidas presupuestarias. A pesar de ello, las actividades públicas memorialistas se mantuvieron gracias a gobiernos autonómicos y ayuntamientos de izquierdas. A mediados de 2018 se retomaron las políticas gubernamentales de apoyo a las víctimas del franquismo, tras la moción de censura que invistió a Pedro Sánchez. Se creó la Dirección General para la Memoria Histórica. La exhumación de los restos del dictador del Valle de los Caídos se hizo realidad el 24 de octubre de 2019, en cumplimiento de un mandato parlamentario. Un paso muy importante en este alambicado camino ha sido la ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática, que reconoce el derecho a la reparación moral y a la recuperación de la memoria personal y familiar de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura. La nueva ley superó muchas de las insuficiencias de la precedente. El concepto de víctima es nuevamente comprensivo y carente de matices asimétricos. El artículo 3 de la ley indica que se considera víctima a toda persona, con independencia de su nacionalidad, que haya sufrido, individual o colectivamente, daño físico, moral o psicológico, daños patrimoniales, o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que constituyan violaciones de las normas internacionales de derechos humanos y del derecho internacional humanitario durante el periodo que abarca el golpe de Estado de 18 de julio de 1936, la posterior guerra y la dictadura, incluyendo hasta la entrada en vigor de la Constitución de 1978. La ley declara el carácter ilegal y radicalmente nulo de todas las condenas y sanciones producidas durante la guerra y la dictadura por razones políticas, ideológicas, de conciencia o creencia religiosa o de orientación e identidad sexual. Es un paso subsiguiente a la ilegitimidad e ilegalidad de los órganos que las dictaron, ya declaradas por la ley 52/2007. La nueva norma estableció que la búsqueda de personas desaparecidas corresponderá a la Administración General del Estado, sin perjuicio de las competencias de otras administraciones relacionadas con dicha actividad. Finalmente, la ley repudia y condena el golpe de Estado del 18 de julio de 1936 y la posterior dictadura franquista, en afirmación de los principios y valores democráticos. Se declara ilegal el régimen surgido de la contienda militar iniciada con dicho golpe militar.La indeterminación de la memoria colectivaLa memoria colectiva se teje con hilos misteriosos. Es una creación, no un almacén de recuerdos en común. Unos esfuerzos legislativos, por imprescindibles que sean, no la producen automáticamente. Las iniciativas orientadas a la apertura de fosas de represaliados, la eliminación de símbolos o la anulación de las sentencias franquistas, cumplen su papel, pero sería ingenuo creer que esa es la forma en que se instituye un inconsciente comunitario cuyos caminos son mucho más imprecisos y complejos. Se trata de cómo vive el pasado en nuestro presente, cómo se nos aparece una imagen proyectada de actos de otros tiempos. Aunque todo lo actual surge de un devenir histórico, o socio-histórico, o socio-histórico-cultural, en realidad siempre está desvinculado de su origen en mayor o menor grado. No existe una sucesión lineal de subjetividades, tampoco ninguna memoria es plenamente funcional. Los seres humanos que protagonizan el presente son distintos, incluso los que vivieron un determinado ayer no son los mismos que fueron. Las víctimas lo seguirán siendo, aunque pongamos una placa que las recuerde. Por más monumentos que se levanten respecto al exterminio de la comunidad judía centroeuropea o en recuerdo de las víctimas del franquismo o de otras dictaduras, nada de ello las restituye ni hace justicia. No hay posibilidad de ninguna forma de una justicia histórica, no existe ningún tribunal de esa naturaleza. Los hechos son irreversibles, son lo que fueron. Lo que puede cambiar es cómo queremos pensarlos. Esta interpretación posterior nunca supone una restitución. Los vencidos no regresan en las luchas del presente como sostiene una cierta retórica heredada de Walter Benjamin. Es en el ahora donde la memoria de las luchas y los acontecimientos cumple una función, pero lo hace de una forma completamente indeterminable. La condición de las víctimas no establece un dispositivo privilegiado de mirada. No estamos en el terreno de un objetivismo moral. Ni la justicia de dar a cada uno lo suyo, ni el perdón ontológico, ocupan ningún lugar en este debate. La realidad de todo pasado, por terrible que sea, se va diluyendo, como la imagen de un espejo que refleja otros espejos. Pierde nitidez y se empequeñece a pesar de la música de las palabras. Los actos de memoria son del presente, forman parte de nuestra visión de lo que el mundo debe ser y de lo que no debe ser. Para nosotros, en el aquí y ahora. Pueden servir para exorcizar ciertas bifurcaciones del pasado, al tiempo que para reequilibrar diferentes interpretaciones político-históricas sobre el andamiaje de un ayer construido y reconstruido en la imaginación colectiva. Los actos de memoria pueden ser necesarios y, en ocasiones, un recurso, munición para las batallas del presente. Otras veces no es así, se convierten en una impostura, como las visitas turísticas a los lugares de exterminio. La memoria colectiva no ha dejado de ser relevante, aunque vivamos en una sociedad donde parece reinar el culto a lo efímero. Toda conmemoración, en positivo o en negativo, habla mucho menos de los enfrentamientos del pasado que de las confrontaciones actuales. Aceptar participar en ese campo de batalla puede parecer un esfuerzo destinado al fracaso. No es así. Es un laberinto en el que es fácil perderse, pero susceptible de aportarnos algunos valiosos instrumentos éticos y políticos. Hay emociones lúcidas que nos pueden hacer conscientes de la necesidad de evitar la resurrección, bajo nuevas formas, de unos terribles ayeres. Así habría que encarar la memoria de las formas radicales del mal, tan presentes en el siglo veinte. Las guerras, los campos de exterminio, el Gulag, los crímenes de las dictaduras… Se trata de alejar ese tipo de acontecimientos de la curva de posibilidades de nuestro presente. Fuente → fundanin.net La Voz de la República - Todas las Noticias RSS El Primer DNI Republicano