Maroc - XEOURADIO.COM - A La Une - 25/Jun 21:10

EDITORIAL. La investigación de la UIF ¿casualidad o causalidad?

25 de junio. Este fin de semana se dio a conocer que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) abrió una investigación contra el periodista Carlos Loret de Mola, su esposa Berenice Yaber, el también comunicador Víctor Trujillo “Brozo” y dos empresas asociadas a Latinus. En febrero la UIF giró oficios a entidades financieras, bancos, casas de bolsa y similares, para que informaran sobre los contratos de crédito o préstamo, estados de cuenta, transferencias internacionales, cuentas en el extranjero, operaciones de compra de dólares u otras divisas extranjeras, de las personas antes mencionadas. Tres días después de la jornada electoral, la UIF giró oficios de investigación contra las empresas Latinus Media Radio y Latinus Media MX. Curiosamente, la investigación se inició días después de que Loret dio a conocer las dos primeras partes del reportaje seriado “El Clan”, en el que ha exhibido el presunto tráfico de influencias de dos de los hijos del presidente Andrés Manuel López Obrador –Andrés y Gonzalo– para que se otorgaran contratos multimillonarios a algunos de sus amigos cercanos, principalmente a Amílcar Olán. La investigación de la UIF y el momento en que se originó siembran la sospecha de que una vez más se utiliza el aparato del Estado para acosar e intimidar a periodistas y medios incómodos para el gobierno en turno. El presidente ha negado que exista una persecución política contra los periodistas, a lo que Loret ha respondido que en México “no se mueve una hoja de papel” sin la orden presidencial. De ser el caso, no sería esta la primera vez que se utilizaran los recursos del Estado contra comunicadores y adversarios políticos: muchos periodistas han sido despedidos, presuntamente por presiones gubernamentales contra los directivos de los medios; en el sexenio pasado se utilizó a la entonces Procuraduría General de la República para golpear políticamente a Ricardo Anaya en plena campaña electoral, aunque finalmente fue exonerado por falta de pruebas; y en esta administración se han utilizado las conferencias matutinas del presidente para denostar a periodistas y medios, entre ellos a Carlos Loret. En contraste, ni la Fiscalía General de la República ni la UIF han iniciado investigaciones por los presuntos actos de corrupción atribuidos a altos funcionarios y personajes cercanos a la familia presidencial, a pesar de la existencia de audios, videos, contratos y documentos oficiales. La mencionada investigación y su filtración parecen tener el propósito de amedrentar a los investigados para que “le bajen dos rayitas”, y advertir en el mismo sentido a otros comunicadores. Esto enrarece aún más el ambiente en el que se ejerce el periodismo en nuestro país, que se ha caracterizado por tener los índices más altos de asesinatos y agresiones contra periodistas. ;; Se dice que en política no hay casualidades sino causalidades y esto parece confirmarlo; tal parece que estamos ante un nuevo caso de intimidación y acoso gubernamental. ;;;;;;;;; No se trata de defender a Loret, a Brozo o a Latinus, sino el derecho de ejercer la actividad periodística de manera libre, sin intimidaciones ni represalias, sobre todo cuando esta se basa en hechos y evidencias. Todo país democrático debe garantizar la existencia de un periodismo libre, sin el cual la democracia misma simplemente no existiría. Facebook: Sistema Radiofónico Informativo