Gracias a la eficiente gestión técnica y sostenible implementada por Sedapal en las plantas de tratamiento de aguas residuales (PTAR) de Cieneguilla...
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Los quebraderos de cabeza por la incorrecta depuración de las aguas residuales urbanas se complican para España. Hasta ahora, la multa impuesta por la Unión Europea (UE) a este país por el incumplimiento de la Directiva de Tratamiento de Aguas Residuales Urbanas en varias aglomeraciones urbanas asciende a 90 millones de euros y todavía le queda recorrido. La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) fijó en 2018 que 17 aglomeraciones urbanas debían corregir el tratamiento defectuoso de las aguas sucias para que la sanción económica desapareciese. A día de hoy, quedan cuatro ubicaciones (Matalascañas en Huelva, Alhaurín el Grande en Málaga, Barbate en Cádiz y Valle de Güimar en Santa Cruz de Tenerife) por concluir la puesta en marcha de su depuradora, y según sus nuevos plazos, podría alargarse hasta al menos principios de 2026. El problema es que este año se ha aprobado una revisión de la directiva citada con criterios aún más exigentes y la multa podría seguir aumentando para España.
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