Maroc - AVOZDELAREPUBLICA.ES - A La Une - 20/Jun 06:00

Y ahí sigue la Ley Mordaza, a pesar de todo

Y ahí sigue la Ley Mordaza, a pesar de todo Nora Rodríguez "Algunos periodistas, como el premio Pulitzer Javier Bauluz, han sido multados con esta ley durante el ejercicio de su profesión", recuerda Nora Rodríguez, abogada penalista.   La ley de seguridad ciudadana fue modificada en el año 2015, introduciendo nuevos poderes y facultades para la Policía. Establecía todo un sistema de control sobre la protesta, con multas para reprimir y ahogar a movimientos sociales y activistas. Limitaba, en suma, el ejercicio de derechos fundamentales. Es la conocida como Ley Mordaza, fue aprobada el 1 de julio del mismo año como reacción del gobierno del PP a las movilizaciones del 15-M y hoy, nueve años después, continúa en vigor. Levantó muchas críticas, el PSOE prometió derogarla, pero ahí sigue. Ni siquiera la ha reformado. Esta norma contiene un sistema de multas que otorga la potestad a cualquier agente de la Policía que considere que se ha producido un acto sancionable de proceder a denunciarlo. De manera que esta denuncia llega a otro policía instructor que propone una sanción. Se abre un plazo en el que el sancionado puede presentar alegaciones (renunciando a la reducción del 50% de la cantidad si no la recurres), tras el cual, y con la presunción de veracidad de la Policía, es multado. El propio PSOE, que presentó un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley Mordaza cuando se encontraba en la oposición, se refería a ella en los siguientes términos: «Se atribuye a la policía poderes fundados en meros indicios y sospechas, que desplazan las garantías judiciales, y que adolecen de un margen enorme de discrecionalidad, lo que vulnera el artículo 24 de la Constitución [tutela judicial efectiva]». «La técnica –continuaba el PSOE– es coherente con el modelo ideológico del Partido Popular: prevenir conductas antisociales facultando a la Policía para atajar, controlar, disolver e impedir reuniones, manifestaciones, actos de protesta (sentadas, acampadas, escraches), expresión de ideas y opiniones y divulgación de información que no resulte conveniente». Ahora, embarcado ya en su tercera legislatura y con la modificación de la Ley Mordaza todavía pendiente, parece que aquel «modelo ideológico» que criticaba el PSOE no era tan malo. La aplicación de esta ley ha permitido mantener a activistas ahogados en sanciones, ocupando su tiempo en labores antirrepresivas y en formas de sacar dinero con el que poder cubrir las altísimas multas y procesos judiciales. Acudir a una concentración, por ejemplo para parar desahucios, o acciones de desobediencia civil suponen un alto riesgo para cualquier activista. En 2021, la PAH (Plataforma de Afectados por la Hipoteca) en Catalunya denunció que en dos años habían recibido centenares de multas que en total sumaban más de 200.000 euros por causas de desobediencia, resistencia y obstrucción a la justicia. Incluso algunos periodistas, como el premio Pulitzer Javier Bauluz, han sido multados con esta ley durante el ejercicio de su profesión. A Bauluz le ocurrió en Canarias, cuando fotografiaba la llegada de migrantes y fue denunciado por «faltar el respeto» a un agente y «negarse a identificarse». Hasta diciembre de 2022, en los primeros siete años de esta ley, se impusieron 1.871.478 multas por su incumplimiento, con una cuantía total de 1.114.639 millones de euros, según las estadísticas del Ministerio del Interior, sin contar las multas tramitadas por los cuerpos de seguridad autonómicos de Catalunya, Euskadi y Navarra. La falta de respeto a agentes de la autoridad ha sido la infracción más utilizada contra las protestas. Ahora que tanto se habla de lawfare, de la persecución judicial como medio para criminalizar o denigrar al adversario político, la Ley Mordaza parece quedar fuera de la ecuación, fuera del relato. Los contenidos lesivos con los derechos fundamentales de esta ley han sido denunciados por organizaciones defensoras de los derechos humanos como Amnistía Internacional, defensoras del medioambiente como Greenpeace y por muchas otras entidades. En junio de 2023 emitieron un comunicado conjunto recordando su peligrosa y nociva vigencia. «Todos los partidos deberían rechazar que hoy en día sea sancionable casi cualquier conducta en el marco de una protesta pacífica», recordaban sobre una ley cuyo origen fue controlar y reprimir las movilizaciones durante el estallido social que se vivió en España diez años atrás. Un año después de este comunicado, y con el foco mediático puesto sobre la «máquina del fango» y el lawfare, denunciado por el mismo presidente del Gobierno, la ley sigue vigente. Fuente → lamarea.com La Voz de la República - Todas las Noticias RSS El Primer DNI Republicano