Maroc - ELDIARIO.ES - Política - 13/Jun 20:00

El bulo de Miguel Ángel Rodríguez, la última bala contra el fiscal general

Álvaro García Ortiz asumió el puesto de fiscal general del Estado en julio de 2022, tras la dimisión de Dolores Delgado. Su ascenso ponía fin a la anomalía que supuso que una ministra de Justicia pasase directamente a ser fiscal general, un hecho inédito y difícil de justificar, al tiempo que colocaba al frente de la institución a un miembro de la carrera respetado entre sus compañeros. Pero desde que fue elegido, García Ortiz se ha encontrado con una feroz oposición que ha encabezado el PP y ha contado con la colaboración activa del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) –caducado desde hace más de cinco años–, de las asociaciones fiscales –convertidas en los últimos años en actores políticos más que en colectivos de profesionales– y de medios de comunicación. Ahora, la causa judicial abierta tras el desmentido de la Fiscalía a una información falsa difundida por el diario El Mundo amenaza con cerrar esa estrategia de manera exitosa. La investigación será enviada al Supremo para que decida si imputa a García Ortiz. Lo más probable es que así ocurra y que cuando sea imputado el fiscal general dimita. Una guerra desde el nombramiento García Ortiz llegó al Consejo Fiscal en abril de 2018. Fue entonces el fiscal más votado de España para ocupar un asiento en ese órgano y recogió apoyos más allá de los de su asociación, la Unión Progresista de Fiscales. A pesar de ello, el Consejo General del Poder Judicial cuestionó su nombramiento como fiscal general en 2022 y lo rechazó en 2023, aunque solo debe cumplir dos requisitos: que sea un jurista de reconocido prestigio y con más de 15 años de ejercicio efectivo de su profesión. Los años de ejercicio son un cálculo sencillo que García Ortiz cumple. El reconocido prestigio es un concepto más etéreo, pero en el caso del fiscal general hay un hecho objetivo para probarlo: esas elecciones de 2018 en las que fue el candidato al Consejo Fiscal más votado de España por sus compañeros. En esa última reunión del CGPJ se abstuvo el vocal Enrique Lucas. La razón era que su hermano, el juez del Tribunal Supremo Pablo Lucas, era parte del tribunal que anuló la promoción a fiscal de Sala de Dolores Delgado. Esa fue razón suficiente para no tomar parte en esa decisión. La de Delgado es una de las batallas perdidas por García Ortiz en el Supremo, que después anuló el nombramiento de la ex fiscal general como fiscal de Memoria Democrática con un razonamiento cuestionable y un voto particular contundente contra la decisión. Esos jueces tienen que decidir acerca de un recurso sobre el nombramiento de García Ortiz: lo planteó la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), cuyo portavoz, Salvador Viada, está abiertamente enfrentado a García Ortiz (ha dicho de él: “Es muy malo. Malísimo. Es un fiscal general del Estado desastroso”). Los mismos magistrados que rechazaron la decisión de García Ortiz sobre Delgado tienen que pronunciarse sobre el propio nombramiento del fiscal general. Por eso les recusó, pidió que se apartaran y que fueran otros jueces quienes tomasen la decisión. Ellos lo han rechazado porque consideran que la petición se hace fuera de plazo. Sobre un magistrado en concreto, el juez José Luis Requero, García Ortiz hizo constar que iba a decidir sobre su continuidad después de haber escrito un artículo muy crítico con el Gobierno en el que llamaba a una batalla “jurídica y política” a raíz del acuerdo para la amnistía y decía que el “nacionalismo y la izquierda hispana” tenían una tradición de “intentos de golpe de Estado, haber propiciado una guerra civil o practicar el terrorismo de Estado”. Añadía que en la Fiscalía General del Estado, dirigida por García Ortiz, estaban “apesebrados”. El Supremo entendió que ese magistrado puede decidir sobre el nombramiento de García Ortiz por parte del Gobierno. Hace unos meses un vocal del CGPJ consideró necesario apartarse de una decisión porque su hermano había participado en una sentencia que afectaba a García Ortiz. Ahora el Supremo entiende que cuatro jueces que ya le han condenado pueden volver a pronunciarse sobre él, incluso si uno de ellos le ha insultado públicamente desde las páginas de un periódico. Caiga quien caiga Las batallas en el Supremo van paralelas a las del Consejo Fiscal. Allí, asociaciones como APIF o la Asociación de Fiscales –la conservadora y mayoritaria– han encontrado una vía para intentar hacer caer al fiscal. Y en esa guerra se abandona hasta a los propios compañeros si es necesario. El pasado mes de febrero, un medio publicó que García Ortiz había obligado a un fiscal del Supremo a cambiar su escrito sobre Carles Puigdemont: de ver indicios de terrorismo a descartarlos en su informe final. Tanto García Ortiz como ese fiscal, Álvaro Redondo, negaron la información. “No recibí ni una mínima sugerencia del fiscal general”, dijo Redondo, que explicó que trabajó con un primer borrador donde percibió indicios de ese delito, pero que al estudiar a fondo la causa no vio sustento y redactó el texto final. Redondo es un fiscal poco sospechoso. Autodefinido como conservador, ha escrito en numerosas ocasiones contra la amnistía, contra la ley de Memoria Democrática o contra la ley del aborto. Por cierto, admitió que compartió ese primer borrador con algunos colegas del Supremo para que le dieran su opinión. No sabemos si le contestaron, lo que sí sabemos es que ese escrito acabó en los medios. La línea de puntos es fácil de unir: días después del escándalo por la existencia de ese borrador estaba prevista una Junta de Fiscales para decidir sobre el informe de Redondo, favorable a no acusar a Puigdemont por terrorismo, un delito no cubierto por la amnistía. Tras las noticias periodísticas sobre las presiones de García Ortiz, negadas por él y por el supuesto presionado, la Junta votó a favor de acusar a Puigdemont por terrorismo. Álvaro Redondo vio cómo, a pesar de su desmentido, numerosos medios le acusaban de haberse plegado a las presiones de un superior y algunos deslizaban que lo había hecho porque aspiraba a un ascenso. Redondo, miembro de la conservadora Asociación de Fiscales, pidió amparo al Consejo Fiscal ante esos ataques. Su asociación, que ya había asumido esta polémica como otro de los frentes para atacar a García Ortiz, se negó a ampararlo. Redondo abandonó la asociación poco después. Carballo, “discípulo” del fiscal general Una situación parecida ha vivido Miguel Ángel Carballo, también miembro de la Asociación de Fiscales. Carballo fue hasta el pasado abril teniente fiscal en la Audiencia Nacional, un puesto al que ascendió en 2017 bajo un gobierno del PP y con el apoyo de los conservadores del Consejo Fiscal. En los últimos tiempos ha tomado algunas decisiones que no han gustado a medios y fiscales conservadores, como rechazar que exista terrorismo en la causa de Tsunami, que él había investigado durante cuatro años: eso le ha convertido en “discípulo” de García Ortiz para algunos medios, que durante meses le colocaron en la diana. Carballo solicitó hace unas semanas salir de la Audiencia Nacional para ir a un destino más relajado, la Fiscalía de Ciudad Real. Cuando su nombramiento pasó por el Consejo Fiscal, sus cinco compañeros de la Asociación de Fiscales votaron en contra. También el vocal de APIF. Fue apoyado por el resto de vocales y finalmente elegido para ese puesto. El propio García Ortiz ha hecho referencia a esa estrategia. “Entre elementos corporativos dentro de las asociaciones judiciales y fiscales, hay objetivos idénticos que los que tienen determinados partidos políticos”, dijo en una entrevista en la Cadena Ser, sin especificar a qué asociación se refería. Tampoco es un secreto, Alberto Núñez Feijóo cenó con algunos de esos fiscales hace un año y algunos le expresaron su deseo de que llegara a la Moncloa. La Asociación de Fiscales se dio por aludida por las palabras de García Ortiz: rechazó las declaraciones y dijo que no colaboraría en la mesa de diálogo para reformar el Estatuto de la carrera fiscal. En aquella entrevista, Ortiz también fue claro al señalar directamente a los vocales del Consejo Fiscal. Aseguró que uno de sus integrantes le había confesado que quería retrasar la reunión para pronunciarse sobre el nombramiento de Delgado como fiscal de memoria a la espera de que el 23 de julio provocase un cambio de gobierno. La mentira sobre la mentira El resultado de las elecciones frustró sus deseos y los de otros miembros de las carreras judicial y fiscal. Jueces y fiscales que desde hace años batallan contra el Gobierno desde instituciones –y también juzgados– y cuyo convencimiento de que son la última línea de defensa contra la supuesta autocracia que denuncian el PP y sus medios afines se ha acrecentado con la ley de amnistía. El PP se ha querellado contra Ortiz –el Supremo lo archivó–, lo ha acusado de “chapotear en la sangre” de las víctimas de ETA y lo ha reprobado en el Senado. Todas esas estrategias han sido en vano, hasta que un juzgado abrió una causa contra la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Alberto González Amador defraudó 350.951 euros con facturas falsas para no pagar impuestos por un pelotazo que había dado haciendo de intermediario en la compraventa de mascarillas durante la pandemia. La estrategia de mentiras y acusaciones falsas de la presidenta de la Comunidad de Madrid y su equipo llevaron a que el jefe de Gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, difundiera el bulo de que la Fiscalía había ofrecido un acuerdo a González Amador, para luego retirarlo por “órdenes de arriba”. Era mentira, pero algunos medios lo publicaron sin comprobar. Se trataba de una cadena de emails en la que, en realidad, quien ofrecía el pacto era el abogado de González Amador, y la Fiscalía se mostraba dispuesta, pero emplazaba al acusado al inicio de la fase de juicio oral. Rodríguez envió a los medios solo un pantallazo recortado, y diarios como El Mundo lo publicaron sin llamar a la Fiscalía para contrastar la información. A la mañana siguiente, el gabinete de prensa de la Fiscalía emitió una nota en la que detallaba los días en los que se había producido ese intercambio, y aclaraba que el pacto lo había propuesto el abogado de González Amador, pero sin dar más detalles. No constan en esa nota datos personales del investigado, ni sobre su propuesta de pacto. Según publicó este medio semanas más tarde, en ese pacto la pareja de Ayuso reconocía los delitos, se ofrecía a pagar una multa y aceptaba una pena mínima de cárcel. Justo lo contrario a lo que había defendido públicamente la propia Ayuso, quien dijo que Hacienda le debía dinero a su pareja. La maniobra de Miguel Ángel Rodríguez, con ayuda de los medios, buscaba tapar la mentira de la presidenta autonómica. Un bulo para tapar otro bulo en una espiral infinita. Tras el desmentido de la Fiscalía, la pareja de Ayuso interpuso una denuncia contra el ministerio público por revelación de secretos. El Tribunal Superior de Justicia ha admitido a trámite esa denuncia y ha llamado a declarar a algunos testigos. García Ortiz ya ha comunicado al juez que él es el responsable del desmentido y ha pedido que la causa pase al Supremo, frente al que está aforado. Un momento clave para la amnistía Lo más probable es que eso ocurra próximamente. Y el Supremo tendrá que tomar una decisión. Circula ya por demasiados ambientes que el alto tribunal va a imputar al fiscal general del Estado, casi como mera formalidad y como si no tuviera otra opción. No es cierto: podría descartar que una nota sin datos relevantes redactada para desmentir una información falsa fuese un delito. Pero no parece que sea eso lo que va a pasar. Si se produce la imputación, todo indica que García Ortiz dimitirá. Y la derecha, política, judicial y mediática, habrá logrado tumbar al fiscal general por desmentir una noticia falsa que ellos mismos difundieron. Esa dimisión descabezaría la Fiscalía General justo cuando debe empezar a aplicar la ley de amnistía. Los cuatro fiscales del procés, enemistados con García Ortiz, han presentado ya dos escritos en contra de que esa ley permita amnistiar la malversación que afecta al Puigdemont, entre otros. Todo apunta a un choque que deberá resolver la Junta de Fiscales la próxima semana, un paso más en la ofensiva judicial –pública y soterrada– contra esa norma. Si el repaso a la estrategia de desgaste contra la Fiscalía General del Estado deja dudas de las motivaciones de sus autores, un último apunte: con el CGPJ con una mayoría conservadora caducada desde hace más cinco años, con un Consejo Fiscal en manos de vocales conservadores y con los puestos de poder de la judicatura en manos de la principal asociación de jueces, también conservadora, la Fiscalía General del Estado es el único órgano que escapa a su control.