Maroc - AVOZDELAREPUBLICA.ES - A La Une - 07/Aug 09:00

Democracia degenerada

Democracia degeneradaMario Zubiaga Garate Al hilo de las medidas que Moncloa pretende implementar para lograr la «regeneración democrática» del Estado español, se me antoja necesaria una precisión conceptual que permita contener expectativas muy poco fundamentadas. Se regenera lo que está degenerado, y se degenera aquello que una vez fue íntegro. Pues no hubo jamás tal cosa. No hubo una democracia española virtuosa y decente que, lamentablemente, esté hoy degenerada. La generación constitucional del régimen del 78 ya fue, digamos, degenerada, en tanto sirvió para regenerar algunas de las instituciones básicas de un régimen autoritario biológicamente agotado. Ello nos lleva a pensar que si las medidas de «regeneración» –como la imprescindible en el ámbito del poder judicial–, se acometen al alimón entre los partidos turnantes no habrá sino lampedusismo político: todo debe cambiar para que todo permanezca igual.  Y es que el paradigma conceptual con el que se analiza la actual coyuntura no es el más adecuado. No hay una democracia prístina en el pasado a la que se pueda volver –menos en España–, como tampoco hay una democracia angélica que nos espere en el futuro. Lo que hay es algo más dinámico y, sobre todo, más agotador. Cada día es un afán, cada día todos los sistemas políticos se democratizan o des-democratiza en ámbitos diversos. Pueden coincidir en el tiempo, avances en ciertas materias y retrocesos en otras. No existen situaciones estables, por lo que la lucha democrática es –debe ser–, cotidiana, constante, tenaz. Y para que la evaluación del momento sea atinada se debe introducir una variable temporal: ¿Somos más democráticos que ayer y menos que mañana? ¿O es a la inversa? Pero ¿En función de qué parámetros tenemos que realizar esa medición? Evidentemente, este paradigma procesual no deja de tener un marco normativo conforme al que valorar la evolución de la calidad democrática de los sistemas políticos. Un marco incardinado en la libertad de «los antiguos» de la que ya nos hablaba Constant a principios del XIX: el desiderátum de una ciudadanía igual que se autogobierna con garantías suficientes para el ejercicio de sus derechos y libertades. Esa es la vara de medir el desempeño democrático de cualquier régimen político. El análisis temporal comparativo, seguramente muy similar a escala global, debe partir de un hecho incontrovertible, bien descrito por Wendy Brown: la peligrosa des-democratización que están sufriendo los sistemas políticos contemporáneos. Dicho deterioro democrático se manifiesta en las tres dimensiones descritas por Charles Tilly: Ciudadanía, consulta y protección. Hagamos un breve análisis de esta peligrosa evolución. La desigualdad material y la brecha de renta se han acentuado y hoy dominan las lógicas de exclusión necropolítica que niegan el acceso a los derechos plenos de la ciudadanía a miles de personas desplazadas de sus países de origen. Es decir, cada día tenemos una ciudadanía más desigual y menos inclusiva. La voluntad democrática de la ciudadanía es cada vez más irrelevante a la hora de definir las políticas públicas y la información fiable que debería ser la base para cualquier decisión razonada no está asegurada: Las fake news estructuran hoy el ámbito de la esfera pública, de modo que cualquier decisión democrática se asienta hoy en un terreno movedizo repleto de minas, no por falsas, menos peligrosas. Es decir, la argumentación deliberativa, si alguna vez lo fue, ha dejado de ser la previa razonable de cualquier consulta ciudadana. El voto se convierte en exabrupto ansiolítico que, en el fondo, poco decide. Y, en tercer lugar, al servicio de un concepto securitario de la democracia, el grado de arbitrariedad de los poderes públicos se está acentuando de tal modo que los derechos y libertades de la ciudadanía parece que solo pueden ser ejercidos bajo autorización gubernativa y el poder encargado de protegerlos, el judicial, responde casi siempre a impulsos restrictivos, cuando no puramente reaccionarios. Es decir, la garantía de los derechos civiles y políticos de la ciudadanía brilla por su ausencia. Por tanto, si ya sabemos cómo se está degenerando la democracia, queda también claro lo que debemos hacer para frenar tal degeneración y avanzar eventualmente en la democratización. Los ámbitos de acción son múltiples, pero en este caso me detendré brevemente en la dimensión relativa a la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos. Tres son las cuestiones a considerar: La primera, lo que se ha dado en llamar lawfare, es buena muestra de la absoluta degradación de la función jurisdiccional cuando se convierte en arma para acabar con el adversario político. El «código penal del enemigo» se combina aquí con «la judicatura de los amigos» de modo que quien debería ser el principal garante de las libertades –el poder judicial–, se convierte en el más perverso instrumento de corrupción política. La cura técnica que permita evitar la politización de la justicia nunca es sencilla y depende de acuerdos amplios que no pueden limitarse a compromisos de no beligerancia entre los partidos sistémicos. En eso consiste el reciente acuerdo entre el PP y el PSOE sobre la reforma de la LOPJ. En este sentido, si se pretende regenerar democráticamente el poder judicial, dos son las medidas prioritarias: renovar radicalmente el sistema de acceso a la carrera judicial y descentralizar radicalmente el poder judicial, limitando el desempeño central a la unificación de doctrina, cuando sea imprescindible. Los que defienden la naturaleza «materialmente» federal del Estado deberían darse un paseo por los estados verdaderamente federales y conocer su organización judicial. En segundo lugar, la regulación de la ley de secretos oficiales regala un ámbito de impunidad a la razón de Estado que, sobre la ocultación de hechos inadmisibles en un Estado de derecho, abre la puerta a futuros excesos, si no delitos, cometidos por los propios poderes del estado. Y la protección de los arcana imperii nunca puede estar por encima del interés público y la rendición de cuentas. En este sentido, son inaceptables los límites que la actual legislación está poniendo al conocimiento de la verdad en tantas vulneraciones de derechos en las que se han visto envueltos los poderes del Estado en el pasado reciente. Sin verdad, no hay reparación. Sin reparación no habrá convivencia. Y finalmente llegamos a una de las pruebas más claras de la deriva des-democratizadora en la que estamos inmersos: la vigencia de la denominada «ley mordaza». Una variable fundamental para evaluar la democratización de un régimen político responde a esta sencilla cuestión: «Si protesto, ¿las consecuencias van a ser más o menos gravosas que en periodos anteriores?». El modo en el que se encara la política extrainstitucional –la gestión de la protesta social y la disidencia–, es un termómetro preciso de la temperatura democrática de un sistema político. Cuál es el grado de impunidad de los burócratas a pie de calle, cuál es el trato policial a las personas más desfavorecidas, qué instrumentos técnicos están o no justificados para el mantenimiento del orden público. En fin, qué se entiende por seguridad ciudadana y, asumiendo que la colisión de derechos en los procesos de movilización colectiva es inevitable, qué derechos se van a primar y cuáles serán sacrificados en el altar de una sacralizada paz social... No es preciso ser muy perspicaz para constatar que todas estas preguntas están ya respondidas en la actual ley mordaza. Respondidas de la peor forma posible. Los que se niegan a derogar esta ley, pudiendo hacerlo, no son conscientes de que elevar el coste personal de la protesta social socava la misma esencia del Estado de derecho. Un Estado que solo puede sobrevivir materialmente en una sociedad viva y contestataria. Una sociedad disidente que mantenga abierta la lista de derechos y libertades y luche cada día por su garantía efectiva. Una lista que recogerá derechos que hoy nos parecerán quizás inconcebibles y mañana, seguro, imprescindibles. Fuente → naiz.eus La Voz de la República - Todas las Noticias RSS El Primer DNI Republicano