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La transición a un modelo energético verde en Galicia continúa sin despegar. Las suspensiones cautelares establecidas por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) se suceden como un goteo: ya son 52 los parques eólicos cuya construcción permanece paralizada. Un asunto ante el que la Consellería de Medio Ambiente ya mostró su «máxima preocupación» la semana pasada y, ayer, su titular, Ángeles Vázquez , dio un paso más solicitando una reunión con la ministra para la Transición Ecológica (Miteco), Teresa Ribera , para conocer su postura y la del Gobierno central ante un asunto «vital» para la Comunidad gallega. «Es vital para nuestra Comunidad Autónoma acabar con estas paralizaciones que lastran al sector en un momento en el que Europa, como bien sabe, lo considera clave para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y lograr la neutralidad climática (...) porque la descarbonización de Galicia está comprometida », argumentó Vázquez en la carta remetida a la ministra. Todo ello en el contexto del Pacto Verde de la Unión Europea, del que forma parte España, y que implica unos objetivos de descarbonización y reducción de emisiones de contaminantes que requieren de fuentes de energía alternativas, como es el caso de la eólica, una oportunidad para garantizar la independencia energética de la Unión después de que esta vulnerabilidad quedase patente con la dependencia del gas y petróleo rusos en un contexto geopolítico adverso. La conselleira insistió en la carta remitida al Miteco en el compromiso del Ejecutivo gallego para el desarrollo de un modelo eólico «planteado desde la máxima transparencia, con una evaluación ambiental de los proyectos que se realiza de forma rigurosa y siempre mediante consulta pública y avalada con informes técnicos objetivos, rigurosos e imparciales». Asimismo, Vázquez defendió los análisis de impacto ambiental desarrollados por los técnicos de la Xunta, «una evaluación rigurosa» que no ha impedido la parálisis de más de 50 parques eólicos por parte del TSXG. Aunque admitió que el Gobierno autonómico «respeta las decisiones judiciales» , la conselleira añadió que «no puede compartirlas» , ya que desde la Xunta «exigen que se supere una tramitación ambiental rigurosa» donde se «garantice que no se produzca un daño ambiental». «No en vano, el 50 por ciento de los proyectos presentados recientemente fueron rechazados por esta Administración autonómica por motivos ambientales tras la evaluación rigurosa de la Xunta de Galicia», añadió Vázquez en la misiva enviada a Teresa Ribera, en la que pregunta si el Gobierno tomará medidas ante una situación que «está perjudicando a Galicia» . A la espera de conocer la respuesta del Gobierno central, la Consellería de Medio Ambiente elevó el problema a instancias de la Unión Europea en la reunión mantenida entre la titular y el vicepresidente segundo del Comité de Asuntos Constitucionales del Parlamento Europeo, Adrián Vázquez, a principios de agosto. Un encuentro en el que la conselleira solicitó que la decisión del TSXG de presentar una cuestión para clarificar esta cuestión jurídica con el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea (TSJUE) se tramite por la vía de urgencia para agilizar el desbloqueo que afronta la Comunidad gallega. Un asunto, el de los proyectos de energías renovables, que ambos catalogaron como de «interés público superior», coincidiendo en la necesidad de dotar de seguridad jurídica al sector eólico a Galicia.
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