Maroc - ELDIARIO.ES - Economía - 19/Aug 20:14

Competencia castiga a una distribuidora eléctrica de empresarios del Opus Dei que tiene un único cliente

La CNMC corta la retribución y pide inhabilitar a Icasa, de los Pich-Aguilera Roca, accionistas de los sanitarios Roca y estrechamente vinculados a la Obra y sus negocios, por incumplir la ley sectorial Competencia pide vetar a una distribuidora de la alta burguesía catalana por cobros indebidos de la tarifa de la luz La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha consumado el veto a Icasa, pequeña distribuidora eléctrica de los Pich-Aguilera Roca, extensa y discreta familia de la alta burguesía catalana íntimamente vinculada al Opus Dei, por cobros indebidos de la tarifa de la luz. Competencia ya propuso hace un año, en su propuesta preliminar de retribución de las distribuidoras para 2020, dejar sin cobrar a esta empresa por incumplir la normativa del sector. El veto se confirma en el informe definitivo que acaba de publicar, que pide además al Gobierno que inhabilite a esta empresa.  Según la Sala de Supervisión Regulatoria de la CNMC, Icasa “no cumple los requisitos para actuar como distribuidora de electricidad establecidos en la Ley del Sector Eléctrico, ya que durante los últimos ejercicios únicamente ha suministrado energía a un consumidor”. La distribución es una actividad regulada que sufragan los consumidores de la luz en su tarifa. La ley eléctrica señala que “no formarán parte de las redes de distribución los transformadores de grupos de generación, los elementos de conexión de dichos grupos a las redes de distribución, las instalaciones de consumidores para su uso exclusivo, ni las líneas directas”. Competencia nunca ha aclarado cuál es el único cliente de Icasa, ni desde cuándo se produce esta situación. Según algunas fuentes del sector se remonta hasta al menos 2008. Icasa, constituida en diciembre de 1999, es propiedad de los Pich-Aguilera Roca, de la familia fundadora de Sedatex, centenaria textil catalana (presente en 41 países, con 1.200 clientes y 540 empleados, según su web) y con negocios en múltiples sectores. Los Pich-Aguilera Roca son accionistas de la multinacional de los retretes y sanitarios Roca, un gigante con 2.057 millones de euros de ingresos en 2023 en el que es consejero uno de los hermanos, Gabriel. Además tienen las sicav Novarex Actius Mobiliaris (25,3 millones de patrimonio) o Hexastar (8,69 millones), participaciones en inmobiliarias (Grupo Coringa, Inmobiliaria Interior y la socimi Miciso), inversiones en start-ups, educación o restauración, aparcamientos, energía o consultoría tecnológica, entre otros. La extensa familia está vinculada a la fundación Barcelona y Familia, en cuyo patronato figuran Jaume, Carme, Eulalia o Montserrat Pich-Aguilera Roca. Esta entidad colabora con una de las iglesias que tiene encomendada la prelatura de la Obra en Barcelona, el Oratorio de la Bonaigua, en la parte alta de la Diagonal, o con Torreciudad, lugar fetiche del fundador del Opus Dei, Josemaría Escrivá de Balaguer. Barcelona y Familia también está relacionada con el lobby cristiano y antiabortista The Family Watch, que ha vinculado la ausencia de padre al embarazo adolescente y la delincuencia y que, según su web, “nace impulsada por la International Federation For Family Development (IFFD)”. A esta entidad, a la que Barcelona y Familia ha donado decenas de miles de euros, la web oficial de la Obra en España la define como “un motor para las familias”.  Tres de los hermanos Pich-Aguilera Roca, Martín, Juan y Gabriel, administran Markis, la sociedad de la que cuelga la distribuidora eléctrica Icasa, administrada por los dos primeros. Juan Pich-Aguilera es el que más cargos ocupa en diversas sociedades. Entre ellas, la centenaria papelera J. Vilaseca, participada por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre y que recibe importantes subvenciones publicas (1,6 millones en 2023, según datos del Ministerio de Hacienda). En la inmobiliaria Promociones Universitarias la Rinconada SL, ejerce como vicepresidente. Domiciliada en la sede de la Fundación IESE en Madrid, es propietaria del nuevo campus en la capital de esa escuela de negocios, una de las más prestigiosas del mundo, que pertenece al Opus Dei. Promociones Universitarias la Rinconada SL está controlada por tres fundaciones vinculadas a la Obra. La única empresa con una participación significativa en esa inmobiliaria (5%) es Valores Industriales SA, administrada por los Pich-Aguilera. La familia está vinculada al IESE desde su origen. El fallecido empresario Rafael Pich-Aguilera fue uno de los impulsores de esa escuela de negocios y de la Universidad Internacional de Catalunya, otro centro privado también vinculado a esa Prelatura de la Iglesia católica. Doctor en ingeniería textil, miembro supernumerario del Opus y padre de dieciséis hijos, Rafael Pich-Aguilera dio nombre junto a su esposa, Carmina Roca, a la cátedra de Mujer y Liderazgo del IESE, que cada año elabora un conocido estudio sobre la presencia de mujeres en los consejos de administración de las cotizadas españolas. La escuela de negocios ha lanzado varios fondos de inversión denominados Finaves (uno de ellos lo preside la exministra del PP Anna Birulés) administrados por varios hijos del matrimonio. Con centro de operaciones en Paseo de Gracia 26, de Barcelona, y varios edificios en la capital catalana, la familia lanzó el año pasado la sociedad cotizada de inversión inmobiliaria (socimi) Miciso, para aprovechar las ventajas fiscales que la legislación ofrece a esos vehículos. En su web, Miciso se define como “una sociedad de inversión inmobiliaria dedicada a la adquisición y promoción de inmuebles, principalmente de carácter residencial, con el objetivo de destinarlos al arrendamiento”. En abril comunicó la adquisición de su primer activo, un local alquilado a la cadena de supermercados Dia en la calle Greco de Madrid. Lo compró a otra empresa de la familia, Susnenita 2, SL, por 2,3 millones. Miciso está controlada por Markis 16 (53,04%), que cerró 2023 con activos de más de 50 millones. De ella cuelga el 100% de la propietaria de Icasa, GC2 Proyectos, S.L.  En la recién estrenada socimi de los Pich Aguilera participa también un fondo de la firma catalana GVC Gaesco (24,11%), que gestiona las sicavs de la familia o su firma de capital riesgo. GVC, donde trabaja otra hermana, Rosa, es propiedad de los padres del que fue secretario del consejo de la CNMC hasta 2021, Joaquim Hortalà i Vallvé. Este abogado del Estado, hoy secretario general de Renfe y antes en el Fondo de Rescate de los bancos, ocupaba ese cargo en Competencia cuando en 2018 uno de los asesores del entonces presidente del 'súperregulador', José María Marín Quemada, fichó por una empresa del Opus Dei vulnerando la normativa de incompatibilidades. Inhabilitación El informe que la CNMC ha publicado ahora subraya que Icasa “sigue dada de alta actualmente en el registro de distribuidores de electricidad” y que el pasado 22 de diciembre el organismo informó al Ministerio para la Transición Ecológica “sobre la situación concurrente en esta empresa, al objeto de que se tomen las medidas oportunas para su inhabilitación, en su caso”. “Cabe destacar que esta empresa tampoco ha presentado alegaciones a la propuesta sometida a segundo trámite de audiencia”. La CNMC acaba de fijar en 5.264 millones la retribución de las distribuidoras en 2020, en aplicación de la metodología recogida en una circular de 2019, que persigue garantizar la adecuada prestación de este servicio, incentivar la mejora de la calidad de suministro y reducir las pérdidas en las redes, con criterios objetivos, homogéneos y al menor coste posible.  La sala de Regulación ha decidido reducir a la mitad la retribución de otra distribuidora catalana, Eléctrica del Montsec, por las graves irregularidades detectadas en esta empresa, cuya inhabilitación la CNMC pidió recientemente al Gobierno. En el caso de Icasa, esta empresa ha recibido una parte infinitesimal de los pagos que recibe al sector, aunque su caso es llamativo. La empresa ha tenido una retribución reconocida de cerca de 170.000 euros en el periodo 2016-2019, según las sucesivas órdenes ministeriales publicadas para esos ejercicios. Así que a lo largo de los años podría haber cobrado indebidamente de los consumidores eléctricos importes de cientos de miles de euros.