Maroc - ELDIARIO.ES - Política - 21/Aug 10:32

El PP apoya terminar con el anonimato en redes y estudiará prohibir el acceso a quienes instiguen campañas de odio

El portavoz adjunto en el Senado Antonio Silván asegura que "es el sentido común de cualquier persona de bien" poner coto al uso de Internet "para decir lo que no decimos con nombres y apellidos", mientras el PP de Madrid compara con "Venezuela" la prohibición de acceso planteada por el fiscalEl fiscal propone cambiar la ley para prohibir el acceso a las redes a quienes las utilicen para campañas de odio El PP apoya la idea de terminar con el anonimato en redes sociales como fórmula para impedir o limitar las campañas de odio en Internet, como la producida tras el asesinato de un niño de 11 años en Mocejón (Toledo). Así lo ha asegurado este miércoles el portavoz adjunto del partido en el Senado, Antonio Silván, en una rueda de prensa después de que el fiscal de Sala contra los Delitos de Odio y Discriminación, Miguel Ángel Aguilar, haya propuesto modificar el Código Penal en este sentido. Sobre la posibilidad de prohibir el acceso, el PP dice que estudiará el planteamiento concreto. “Cualquier medida que trate de atajar, atenuar y suprimir esos comportamientos a través de esos medios serán apoyados y bien recibidos por el PP”, ha defendido Silván al ser preguntado expresamente por la propuesta lanzada por el fiscal esta mañana. “No nos podemos parapetar en el anonimato para decir lo que no decimos con nombres y apellidos”, ha añadido el portavoz. “No puede servir para hacer declaraciones que con nombres y apellidos no realizaríamos”, ha insistido. Silván ha asegurado, además, que la idea del fiscal “no es el sentido de ningún partido” sino “el sentido común de cualquier persona de bien”. De hecho, en el PP recuerdan que en el pasado han presentado iniciativas al respecto y que, a expensas de ver cómo se concreta exactamente la posible reforma del Código Penal, si va en la línea de lo que ellos ya plantearon, no hay inconveniente para no apoyarlo. Aunque Silván no ha diferenciado entre las propuestas planteadas por el fiscal, desde el PP sí matizan que su apoyo seguro sería a la propuesta de que sea obligatorio dar los datos personales para darse de alta en estos servicios digitales. El PP recuerda que presentó una iniciativa similar en el Congreso en 2017 y en el propio Senado en 2021 en las que se planteaba acabar con el anonimato en las redes que dan cabida a esos delitos de odio. En cuanto a la prohibición de acceso a estos servicios para quienes hayan cometido algún delito, el PP ha matizado que debería primero conocer el contenido concreto de la propuesta. En una entrevista en la Ser, el fiscal Aguilar ha aludido a la necesidad de hacer ciertos “perfeccionamientos técnicos” en el marco legislativo actual. Y, en concreto, ha dicho que sería “interesante” una pena consistente en “la prohibición de que personas que se han servido de utilizar Internet o redes sociales para la comisión de un delito puedan acceder al medio a través del que han cometido el delito”.  La Fiscalía que dirige estudia desde este martes si hay delito en los “mensajes falsos”, difundidos en los últimos días a través de redes sociales, en los que se “criminaliza de forma generalizada” a menores migrantes a raíz del asesinato de un niño de 11 años en Mocejón (Toledo). Se está analizado la “trascendencia jurídico penal” de unos comentarios que tienen “el propósito deliberado de despertar entre la población sentimientos de odio, hostilidad y discriminación” contra menores extranjeros sin referentes familiares en España.  El asesinato del pequeño Mateo en la localidad toledana ha servido como excusa a determinados usuarios de redes sociales para vincular —sin datos— delincuencia, violencia y menores migrantes que se encuentran en España sin arraigo familiar. Desde diferentes sectores se ha tratado de culpar del crimen a los migrantes que acoge temporalmente Mocejón, se ha deslizado la idea de que hubiera bandas juveniles tras el asesinato, se ha hablado de un motivo yihadista en la muerte de Mateo y se ha alentado directamente al odio contra casi cualquier persona no blanca, siempre como posible sospechosa. A raíz de la difusión de la apertura de una investigación por parte de la Fiscalía, algunos de esos usuarios se han apresurado a cerrar sus cuentas. El PP de Ayuso lo compara con Venezuela Las declaraciones de Silván llegan dos días después de que el alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, usara precisamente su cuenta en Twitter para señalar expresamente a un grupo de personas por su origen y color de piel, y acusarlas de forma bastante explícita de ser potenciales delincuentes. El tuit de Albiol, cuyo contenido él mismo ha defendido en declaraciones públicas posteriores, no ha recibido ninguna condena o desautorización por parte del PP. Ni este miércoles Silván ni ayer la vicesecretaria de Igualdad y Políticas Sociales, Ana Alós, criticaron las palabras xenófobas del regidor, quien ya se hizo famoso hace años por llegar al poder en su ciudad a lomos del eslogan “Limpia Badalona”. Las declaraciones de Albiol se sitúan así al nivel de Vox y de la agrupación Se acabó la fiesta, del eurodiputado ultra Alvise Pérez, sobre el que recaen ya varias sentencias condenatorias precisamente por sus bulos en redes. La competición en la derecha ha azuzado el discurso xenófobo, al que el PP de Alberto Núñez Feijóo se subió en la campaña de las elecciones catalanas y del que no se ha bajado en plena “crisis” migratoria en Canarias. En esa competición, el PP de Isabel Díaz Ayuso es el alumno más aventajado. El número dos del PP de Madrid, Alfonso Serrano, ha arremetido en redes contra la propuesta del fiscal que, en parte, apoya su partido. De hecho, la proposición de ley que el PP presentó en el Senado en 2021 se votó en un Pleno en 2023, ya con Feijóo al frente de la organización. El líder del PP votó a favor de la propuesta, que decayó por no tener la mayoría suficiente. Serrano, quien propagó él mismo bulos contra elDiario.es por investigar a Isabel Díaz Ayuso, ha comparado la propuesta con “Venezuela”, y ha reducido los delitos de odio a simples diferencias de “opinión”.