Maroc - LA NUEVA ESPANA - Opinión - 09/Aug 02:00

La Corte Penal Internacional ¿tiene jurisdicción ilimitada?

El pasado siglo vio nacer no menos de una veintena de tribunales internacionales, con distintos ámbitos de jurisdicción territorial (mundial o regional) y competencial (conocimiento de cualquier cuestión de Derecho internacional, solo Derecho penal, o Derechos humanos, o Derecho del mar…). Por lo que atañe concretamente al orden penal los primeros fueron, como es sobradamente conocido, el Tribunal Militar Internacional de Nüremberg y el del Lejano Oriente (Tokio), creados en 1945 y 1946, respectivamente, para juzgar a determinados responsables de los países vencidos en la II Guerra Mundial, acusados de haber cometido graves delitos de Derecho de gentes, que se disolvieron una vez cumplida su misión. La justicia penal internacional se activó de nuevo a consecuencia de la guerra que estalló en la antigua Yugoslavia el 26 de junio de 1991 y el genocidio ocurrido en Ruanda en 1994, hechos que motivaron la creación de sendos Tribunales Penales Internacionales para cada uno de estos casos, aprobados el 25 de mayo de 1993 y el 8 de noviembre de 1994, respectivamente, a los que se une el Tribunal Penal Internacional para conocer del genocidio que sufrió Camboya, denominado oficialmente Cámara Extraordinaria en las Cortes de Camboya. La base de este último, creado en 2006, está en un convenio entre Camboya y las Naciones Unidas estableciendo una Corte mixta compuesta por jueces y fiscales camboyanos y extranjeros (de Francia, Canadá, Gran Bretaña, Australia, Holanda, Nueva Zelanda, Sri Lanka, Polonia y Japón). En cambio, los creados para la ex Yugoslavia y Ruanda tienen su origen en una decisión del Consejo de Seguridad de la ONU "en virtud de lo dispuesto en el capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas", como así consta al inicio de cada uno de sus respectivos Estatutos. Y en cuanto a la Corte Penal Internacional (en adelante CPI) con sede en La Haya, este tribunal, cuya existencia tarda en hacerse realidad casi medio siglo, tiene un origen muy distinto a los citados ya que está en un tratado multilateral que es el Estatuto de Roma (en adelante ER), aprobado en la capital italiana el 17 de julio de 1998, con vigencia desde el 1 de julio de 2002. Se trata, pues, de un tratado, como cualquier otro, y que, por lo tanto, solo obliga a los estados que son parte en el mismo, es decir, a los que lo han ratificado, aceptado o aprobado, o se hayan adherido, según su artículo 125, párrafos 2 y 3. El Convenio de Viena de 1969 sobre el derecho de los tratados, vigente desde el 27 de enero de 1980, es muy claro en su artículo 34: "Un tratado no crea obligaciones ni derechos para un tercer Estado sin su consentimiento", y para el supuesto de que un tratado establezca obligaciones para un Estado que no es parte en el mismo solo le obligará "si el tercer Estado acepta expresamente por escrito esa obligación" (artículo 35). Por consiguiente, es claro que para los estados que no son parte del ER éste es "res inter alios acta", es decir, "una cosa hecha entre otros" y que únicamente a éstos afecta y obliga. A principios del año en curso, 124 estados eran parte en el ER que, si bien tuvo buena acogida, poco a poco ha ido perdiendo adeptos al producirse algunas denuncias, o sea, la retirada de estados que lo habían ratificado, como, por ejemplo, sucedió ya en 2016 con Burundi, Gambia, Filipinas y Sudáfrica. Dicho sea de paso, entre esas ratificaciones está la de España, que fue, y sigue siendo veinte años después, radicalmente nula al haberse violado flagrantemente el artículo 95 de la Constitución. La pretendida y deseada universalidad de una CPI depende, pues, de que sea aceptada por todos los estados del mundo, lo cual está lejos de producirse ya que muchos de ellos (más de un 64%), entre los que se encuentran, por citar de diversas partes del mundo, Qatar, India, Israel, Turquía, Ucrania, Rusia, China o Estados Unidos, no son parte del ER y, desde luego, puede tenerse por seguro que algunos, con gran peso dentro de la comunidad internacional y con derecho de veto en el Consejo de Seguridad de la ONU, no lo harán nunca, siguiendo el cómodo "principio" de que tribunal sí, pero para que juzgue a otros.