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La Audiencia Nacional acepta la extradición de un empresario sueco, explotador de la marca del narco, acusado por las autoridades estadounidenses de haber engañado a cientos de personasThe Boring Company, la empresa de Elon Musk donde los mandos de Xbox se usan para manejar tuneladoras La Audiencia Nacional ha autorizado la entrega a Estados Unidos de un empresario sueco acusado de estafar a cientos de personas con la venta de artículos que nunca fabricó: un lanzallamas, criptomonedas y teléfonos móviles de última generación. Artículos que comercializaba apoyándose en youtubers e influencers y usando, además, la cara del narcotraficante más famoso del mundo: Pablo Escobar. Los jueces, según ha sabido elDiario.es, han aceptado poner a Olof K.G a disposición de las autoridades estadounidenses, que le acusan de más de cien cargos penales de fraude, blanqueo y organización criminal. Este sueco de 31 años, conocido en internet como “El Silencio”, fue detenido el pasado mes de diciembre en un chalet de Marbella, cerca de la zona de playas naturales de la localidad malagueña. Pero para cuando la Policía entró en la casa, sus andanzas empresariales eran bien conocidas al otro lado del Atlántico. Hace casi una década se había puesto al frente de una empresa llamada “Escobar Inc” cuyo objetivo era gestionar la imagen y el legado del narcoterrorista colombiano Pablo Emilio Escobar Gaviria, el mismo año en que Netflix estrenó una serie sobre su vida. A lomos del apellido del fundador del cartel de Medellín y de varios influencers, Olof se lanzó a internet para intentar vender sus productos. Poco después de que la empresa 'The Boring Company' de Elon Musk vendiera 20.000 lanzallamas, el sueco sacó a la venta cientos de armas similares llamadas “Lanzallamas Escobar”. Musk ofertaba su “Not A Flamethrower” por 500 dólares y Olof decidió sacar el suyo a la venta por la mitad de precio. El problema es que ese lanzallamas con el nombre del narco más famoso del mundo ni siquiera se había fabricado. Ese fue, según las autoridades de Estados Unidos, el primer engaño criminal de este empresario sueco ahora encarcelado en España. Hasta 236 personas pagaron 60.871 dólares por unos lanzallamas que ni siquiera existían. La operativa fraudulenta, supuestamente, se repitió cuando sacó a la venta unos teléfonos móviles de última generación: el Teléfono Escobar plegable a 349 dólares por pieza. Hasta 2.955 personas desembolsaron un total de 1,15 millones de dólares y los móviles nunca aparecieron, algo similar a lo que pasó cuando sacó al mercado una “criptomoneda física” llamada Escobar Cash. Ni el lanzallamas ni los teléfonos de lujo ni las criptomonedas llegaban a los que compraban sus productos. Solo unos pocos elegidos tenían acceso a ellos: los influencers y youtubers que los probaban y promocionaban para captar a todas las víctimas posibles. Cuando los clientes empezaban a quejarse de que el lanzallamas o el teléfono no habían llegado, el acusado les mandaba un “certificado de titularidad” sin ningún valor. Mientras tanto, el dinero empezaba a viajar por cuentas bancarias de Estados Unidos, Suecia o los Emiratos Árabes, acabando en manos del empresario sueco, su familia o sus colaboradores. Según ha podido saber elDiario.es, el Consejo de Ministros dejó su extradición en manos de la Audiencia Nacional y los jueces acaban de dar luz verde a su entrega a Estados Unidos. Primero fue una sección de la Sala de lo Penal la que rechazó sus alegaciones el pasado mes de mayo con el pleno ratificando la negativa a finales del pasado mes de junio. Olof K.G lleva más de medio año en prisión a la espera una nueva decisión del ejecutivo y mientras decide si lleva su caso al Constitucional pidiendo la suspensión de su entrega. Un teléfono con una pegatina dorada La compañía Escobar Inc tuvo al frente al empresario sueco reclamado por las autoridades de Estados Unidos, pero también a uno de los hermanos del narcotraficante: Roberto de Jesús Escobar, que se presenta como contable y “jefe de asesinatos” del cartel de Medellín en aquella época. La empresa gestiona los derechos de imagen del criminal muerto en 1993, un asunto problemático para las autoridades después del éxito de la serie 'Narcos'. Hace unos meses, por ejemplo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea de Luxemburgo avaló la negativa de la Oficina de Propiedad Intelectual de impedir el registro del nombre de Pablo Escobar como marca comercial y evitar, por ejemplo, que se vendiera café con la cara y el nombre de la persona cuyo imperio de la cocaína provocó cientos de muertes en Colombia. En Estados Unidos varios youtubers e influencers especializados en tecnología no tardaron en extrañarse por la venta del teléfono y sus distintas versiones. Anuncios de mujeres en ropa interior posando con el teléfono así como la promesa de que se llevaría por delante a la compañía Samsung. La realidad, como explicó Marques Brownlee hace cuatro años, es que los famosos teléfonos de Escobar eran un Samsung con una pegatina dorada, que si se retiraba dejaba a la vista la marca original. Imagen promocional de los teléfonos con la cara de Pablo Escobar Ahora el socio del hermano de Pablo Escobar espera a que las autoridades españolas decidan sobre su entrega a Estados Unidos con el aval ya firme de la Audiencia Nacional. El fiscal estadounidense le atribuye hasta 115 cargos criminales centrados en distintos tipos de fraude y el lavado de dinero, además de colaborar con otras personas para cometer estos delitos. La Audiencia Nacional entiende que en el Código Penal español eso es asimilable a delitos de organización criminal, estafa y blanqueo de capitales. A lo largo de su proceso de extradición, el empresario sueco ha alegado varias cosas, por ahora sin éxito: que no hay pruebas de la estafa masiva que perpetró usando el nombre del narcoterrorista, que ya fue exonerado por hechos similares en su Suecia natal y que, en todo caso, todo esto sería un pleito civil entre una empresa y unos consumidores insatisfechos, no una causa con más de un centenar de cargos penales contra él. La Audiencia Nacional ha rechazado sus argumentos y ahora su única posibilidad es llevar su caso ante el Tribunal Constitucional. En las resoluciones que ha podido examinar elDiario.es, los jueces han rechazado todas sus alegaciones. No fueron “meros incumplimientos contractuales” en la compraventas de los lanzallamas o los teléfonos, y no está acusado por delitos “políticos”. Tampoco entienden que en Suecia fuera denunciado por lo mismo y finalmente absuelto. Los documentos que ha aportado, afirma la Audiencia Nacional, son “simples fotocopias sin cotejo ni traducción” por un modus operandi “similar” pero que no coincide ni en fechas ni en víctimas ni en territorio. Las acusaciones que Estados Unidos plantea contra él, añaden los jueces españoles de la sección y del pleno de lo penal de la Audiencia, contienen “suficientes indicios acreditativos”. El pleno de lo penal dijo en junio que “no se puede dudar” de que Estados Unidos tiene derecho a denunciar e investigar estos hechos: “Gran parte de los mismos se llevaron a cabo en su territorio, también es en Estados Unidos donde están la mayor parte de las víctimas y cuentas bancarias”. En España, añaden los jueces, “también se persiguen los delitos por los que es perseguido”. Olof K.G, según explican fuentes del caso a este periódico, mientras tanto busca la manera de paralizar su entrega a Estados Unidos. Por un lado, su defensa explora la posibilidad de llevar su caso hasta el Tribunal Constitucional y pedir que, mientras tanto, su extradición se paralice. También, según estas mismas fuentes, ha pedido asilo en España. Mientras tanto, un fiscal estadounidense se prepara para acusar a este empresario sueco de haber estafado más de un millón a cientos de personas usando la cara y el nombre del narcotraficante más famoso de la historia vendiendo lanzallamas, teléfonos móviles y criptomonedas.
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