Maroc - ELDIARIO.ES - Política - 03/Sep 16:11

Sumar pregunta al Gobierno qué criterios sigue para conceder subvenciones públicas a grandes empresas

El grupo parlamentario registra una batería de cuestiones sobre política industrial después de que elDiario.es publicara que un centenar de empresas copan más de la mitad de las ayudas más importantes 100 empresas copan más de la mitad de las mayores subvenciones concedidas en España en 2023 Sumar quiere saber qué criterios sigue el Gobierno a la hora de conceder subvenciones públicas a grandes empresas. Después de que elDiario.es publicara que un centenar de compañías concentraron en 2023 más de la mitad de las grandes subvenciones concedidas en España durante el ejercicio, el grupo parlamentario ha registrado una batería de preguntas para tener más detalles. También quiere saber si el Ejecutivo tiene algún plan para excluir de este tipo de ayudas a compañías con prácticas fiscales agresivas o, por ejemplo, que hayan aplicado un ERE. Según la información recopilada por Hacienda desde 2023 y hasta junio de este año, 1.697 sociedades mercantiles recibieron al menos un millón en ayudas públicas: 7.856 millones en subvenciones total. El análisis de esas casi 1.700 empresas a partir de la información disponible en el Registro Mercantil o la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) revela que en realidad ese dinero fue a parar a 1.400 compañías, puesto que en muchos casos son sociedades que pertenecen a grandes grupos empresariales.  La portavoz adjunta de Sumar y diputada de los comuns, Aina Vidal, ha registrado este martes una serie de preguntas para saber qué criterios sigue el Gobierno para conceder estas ayudas, sobre todo a la luz de que algunas de las empresas beneficiarias han presentado en los últimos ejercicios “prácticas fiscales agresivas”. “Entre las empresas beneficiarias se encuentran algunas con esquemas de gobernanza que pueden favorecer una fiscalidad más laxa o agresivas estrategias de crecimiento empresarial con impacto en el empleo, sin considerar aquellas cuyos socios clave se han beneficiado de amnistías fiscales en el pasado”, argumentan. Ponen además el ejemplo de Avatel, de la que destacan que su crecimiento “vía absorción de otras sociedades” ha sido “acompañado por un ERE afectando a un importante porcentaje de la plantilla mientras sus directivos aumentaban sus retribuciones y presumían de las subvenciones recibidas por parte del Estado”.   Por eso, la diputada quiere saber si en el momento de otorgar estas subvenciones, y en especial cuando se trata de grandes empresas, tiene el Gobierno en consideración algún criterio que excluya a las empresas con este tipo de prácticas fiscales o que hayan presentado un ERE. “¿Considera el Gobierno introducir en su política industrial condicionantes en términos de empleo para la gran empresa que recibe subvenciones como por ejemplo excluir de las subvenciones a aquellas que hayan realizado un ERE?”, pregunta. “¿Cuál es la cuantía absoluta y en términos porcentuales que han recibido las PyMEs españolas por parte del Estado respecto al total de ayudas a las grandes empresas? ¿Con qué mecanismos cuenta el gobierno para garantizar que una cuantía adecuada de fondos llegue a las PyMEs? ¿Qué medidas contempla introducir el gobierno para favorecer la participación de las PyMEs españolas en la contratación pública del estado?”, cuestiona también.