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Daniel Ortega Martínez, diputado por Cádiz del Frente Popular, pionero del Seguro de Enfermedad

Daniel Ortega Martínez, diputado por Cádiz del Frente Popular, pionero del Seguro de Enfermedad / Manuel Almisas Albéndiz   La Segunda República española, que en su constitución se declaró como «república de trabajadores», se proclamó el 14 de abril de 1931 heredando una precaria y deficitaria legislación obrera y especialmente en materia de seguros sociales obligatorios. Durante el periodo de la restauración borbónica se aprobó la Ley de Accidentes del Trabajo (enero de 1900), y se crearon el Instituto de Reformas Sociales (1903) y el Instituto Nacional de Previsión-INP (1908), que tuvieron muy poco incidencia en la vida y en la salud de las clases trabajadoras del campo y de la ciudad. Posteriormente, habría que esperar más de diez años para que se estableciera en el Estado español el primer seguro social obligatorio: el Seguro obligatorio de Vejez, o también llamado de Retiro Obrero; ocurrió en 1919 después de las jornadas huelguísticas y revolucionarias de agosto de 1917. Y por último, durante la Dictadura del general Primo de Rivera únicamente se implantó en España el Seguro Obligatorio de Maternidad (1929).  Podría parecer que la llegada de la Segunda República, y con la presencia de tres ministros socialistas y ugetistas en el Gobierno (nada menos que con las carteras de Justicia, Hacienda y Trabajo), se iba a acelerar el establecimiento de los seguros sociales obligatorios equiparándonos a la mayoría de países europeos vecinos y a muchos latinoamericanos. Pero no fue así, a pesar de que el artículo 46 de la Constitución republicana de diciembre de 1931 establecía la regulación del Seguro de Enfermedad entre otros seguros sociales como el de invalidez, vejez o paro forzoso. En la sesión de las Cortes del 6 de abril de 1932, el ministro de Trabajo y Previsión Social, Francisco Largo Caballero, presentó un Proyecto de Ley por el que la República suscribía y ratificaba los Convenios Internacionales relativos a distintos asuntos, y entre ellos, el Seguro de enfermedad de los trabajadores de la industria, del comercio y de los sirvientes domésticos, y el Seguro de enfermedad de los trabajadores agrícolas, adoptados en la Conferencia internacional del Trabajo celebrada en Ginebra el año 1927, Proyecto de Ley que se aprobó definitivamente el 8 de abril de 1932. Sin embargo, en la práctica, esta ratificación de convenios internacionales no supuso ningún cambio efectivo, ni tampoco supuso una primera piedra para su implantación, y menos aún del necesario y vital Seguro de enfermedad. Pasaron los meses, llegó el «bienio negro» y el Gobierno derechista de Lerroux-Gil Robles seguía dando largas a una materia tan sensible para la clase trabajadora. Finalmente, en julio de 1935 el ejecutivo nombraba una Comisión con el fin de estudiar la «implantación del Seguro de Enfermedad en España», pero de nuevo volvía a ser mera propaganda mediática, pues no solo no incluía a ningún representante de los partidos y sindicatos obreros (solo del Estado a través del Instituto Nacional de Previsión, y de corporaciones médicas y médico-farmacéuticas), sino que daba un plazo ¡de 5 meses! (hasta final de año) para que la Comisión emitiera un dictamen, plazo que se amplió a dos meses más en la Gaceta de Madrid del 21 de diciembre. Una prueba palpable de los intereses que podían guiar esta Comisión, y del carácter clasista del hipotético «Seguro de Enfermedad» que hubieran propuesto, fue que el presidente de la Comisión era el subsecretario de Sanidad y Beneficencia, y también catedrático de Medicina, Manuel Bermejillo Martínez, personaje que obtendrá en febrero de 1936 el acta de diputado por Burgos con la coalición derechista de Gil-Robles (CEDA). Las elecciones que dieron la victoria al Frente Popular, impidieron que dicha Comisión concluyera su estudio. En esta situación esperanzadora de que la República española se constituyera por fin en una verdadera «República de trabajadores», surgió la voz potente y clarificadora del médico comunista y diputado por Cádiz del Frente Popular, Daniel Ortega Martínez (Fuentecén-Burgos, 1898), quien fue entrevistado por Mundo Obrero en marzo de 1936 antes de la constitución oficial de las Cortes el día 16 de marzo. Su consigna era tajante: «¡HAY QUE IMPLANTAR EN ESPAÑA URGENTEMENTE EL SEGURO SOCIAL DE ENFERMEDAD!». Era la primera vez que un diputado republicano reclamaba de esa manera imperiosa la reivindicación de ese derecho. Antes que él, desde el cooperativismo católico y el catolicismo social, el periodista y sociólogo Severino Aznar Embid (Tierga-Zaragoza, 1870) reclamaba en 1915 a través de la prensa la necesidad de un Seguro social de enfermedad, y a éste le siguió el médico Manuel Martín Salazar (Montellano-Sevilla, 1854), que fue Director General de Sanidad (1916-1923) y senador del Reino en la legislatura 1921-1923, quien en aquellos años anteriores a la Dictadura de Primo de Rivera reclamaba desde la tribuna y desde la prensa, como «signo de progreso sanitario de un país», la implantación del seguro de maternidad y el de enfermedad. Sin embargo, Daniel Ortega, a la promesa de trabajar inmediatamente desde el poder legislativo por conseguir ese derecho, «porque pocos problemas hay que adquieran una calidad de urgencia e importancia como este del Seguro Social de Enfermedad», lejos de un corporativismo médico que nunca tuvo, le va a imprimir un carácter proletario y antifascista innegable, que es interesante consignar. Comenzaba afirmando algo que nunca se escuchó en las conferencias que el Colegio de Médicos de Madrid organizó para alertar de los peligros que con el Seguro de Enfermedad corrían sus privilegios de clase, esto es, que «toda fórmula que no venga a resolver la torturante agonía de las clases populares y menesterosas agobiadas por las enfermedades, es cosa que no interesa al pueblo en general» y que, además, «el Seguro Social de Enfermedad debe servir para librar al médico y a todos los sanitarios, así como a todos los trabajadores en general, de los peligros del paro forzoso que cada día son más profundos en nuestra profesión. Y, por lo que respecta a los sanitarios en particular, deberá servir para arrancarles de la horrenda esclavitud de una agotadora jornada de veinticuatro horas diarias de trabajo, que es lo que normalmente realizan». Este punto de vista era totalmente novedoso. Otra de las opiniones más originales que hacía Daniel Ortega era sobre el peligro de que el Seguro Social de Enfermedad se estructurara de forma centralista: «La estructuración económica de este servicio podría constituir un gravísimo peligro, tanto para los sanitarios como para los trabajadores y para todos los ciudadanos en general, si de ella se encarga directa y exclusivamente el Estado o su filial en España que es el tenebroso Instituto Nacional de Previsión», y añadía: «todo lo que no sea un Organismo regido local, comarcal y nacionalmente por representaciones DIRECTAS de los mismos asegurados, de los sanitarios, de la clase obrera organizada y del Estado (en cuanto éste sea subvencionador del Seguro), constituiría una entidad de resultados negativos, de perjuicio para las clases proletarias interesadas y un arma económica puesta al servicio de los grandes financieros, siempre dispuestos a utilizarla contra el pueblo». Sobre el temor de que la implantación del Seguro de enfermedad con el proyecto elaborado por el INP pudiera acarrear el despido inmediato de seis mil médicos, Daniel reconocía que, desde luego, la Organización centralista del INP entrañaba ese peligro, pero, en cambio, la estructuración local y comarcal que él preconizaba lo evitaba y anulaba, pues «si los mismos médicos, junto con el resto de los interesados, son quienes van a regir -tanto desde el punto de vista administrativo y económico, como desde el científico- la institución del Seguro, el peligro del paro queda borrado, porque el Seguro establecería la jornada legal del trabajo de los sanitarios, dando entrada en el Organismo a todos los que actualmente trabajan e incluso a muchos que, extendidos por las más apartadas aldeas del país, llevarían el beneficio de su trabajo a familias que jamás han conocido lo que significa de tranquilidad, bienestar y cuidado la vigilancia y persistente asistencia médica».Seguros sociales y nazismo. Para justificar su propuesta explicaba que convenía recordar lo que sucedió en Alemania, donde el Régimen del Seguro de Enfermedad «sirvió -por ser una Organización “centralista”- para contribuir muy eficazmente al triunfo del fascismo nazi. Contrariamente, el Seguro que debe implantarse en España, ha de organizarse en la forma ya dicha, por pequeñas Mutualidades, y ser subvencionado con los fondos actualmente destinados por los Ayuntamientos para Beneficencia, con las aportaciones de los asegurados, las cuotas patronales obligatorias y las del Estado». Daniel también exponía la importancia de la medicina preventiva y su relación con el seguro de enfermedad, cuyos beneficios «han de recaer únicamente sobre los asegurados y las clases sanitarias, contribuyendo a arrancar de la miseria a las familias obreras y terminando totalmente con el paro forzoso de los médicos. Además, contribuirá, con el tiempo, a realizar una política sanitaria casi de tipo profiláctico; es decir, de evitación de enfermedades, lo que contribuiría enormemente a rebajar el precio del seguro y a disminuir la cuota que habrán de aportar el Estado y los Municipios». El «camarada Ortega» agregaba que él y su Partido eran partidarios de que, «gracias a estas aportaciones del Estado y del Municipio, puedan beneficiarse del Seguro, no solamente la clase media y los trabajadores, sino exactamente todos los obreros parados. Desear otra cosa sería lo mismo que establecer una irritante desigualdad entre los que trabajan y quienes sufren las desdichas del paro forzoso, con evidentes perjuicios para éstos, que son merecedores de que no se les deje en desconsolador desamparo». Por último, Daniel aseguraba que lo que él proponía no era laborioso de establecer, pues el Seguro Social de Enfermedad, «estructurado como antes te he dicho, por pequeñas Mutualidades locales y comarcales organizadas de manera autónoma por los representantes directos de los interesados, sin ningún intermediario que se lucre -como pretende ser el famoso Instituto Nacional de Previsión- se establece en muy poco tiempo». Los frenéticos y dramáticos meses que siguieron a la constitución de las Cortes en la legislatura de 1936, impidieron que se acometieran reformas sociales como las del Seguro de Enfermedad, pero Daniel Ortega seguirá abogando por ellas. Así, siendo ministro de Trabajo, Sanidad y Previsión Social el catalán Juan Lluhí (de Esquerra Republicana de Catalunya), el 4 de junio de 1936 se leía un «Ruego» de Daniel Ortega Martínez en nombre de la minoría comunista del Congreso, en relación con el anteproyecto de unificación de los seguros sociales que comprende los de invalidez, vejez, muerte, enfermedad y maternidad, que se había publicado en la Gaceta de Madrid el 28 de Mayo, y que daba solo un plazo de veinte días de «información pública» para que aquellas personas, asociaciones y entidades a quienes pudiera interesar, formulasen por escrito las observaciones que estimasen oportunas. Aún no se había implantado el Seguro de enfermedad y ya se quería llevar a cabo, siguiendo la tendencia europea, la reunificación de todos los seguros sociales. Daniel Ortega, en su nombre y en nombre del Partido Comunista, solicitaba una ampliación del plazo a tres meses en vista de la trascendencia del asunto, pero dejó por escrito de forma preliminar algunas cuestiones que debían tratarse en profundidad, entre ellas la «centralización» del seguro, tal como había afirmado en la entrevista de marzo, afirmando que el «establecimiento y administración del seguro de enfermedad en régimen centralizado por el Instituto Nacional de Previsión y la colaboración patronal en dicha administración plantean importantes problemas de indudable trascendencia política», y que los representantes de los partidos obreros debían formar parte de una Comisión que estudiara esta propuesta de reunificación de los seguros sociales. El plazo de «información pública» se amplió, pero el golpe de estado de los generales fascistas el 18 de julio impidió que continuara esta iniciativa legislativa que durante tantos años se había ido retrasando. Para Daniel Ortega, y para el Partido Comunista, el Seguro de Enfermedad no era una conquista progresista en sí misma, si no implicaba que en su Administración y dirección intervinieran las organizaciones proletarias y las sanitarias en su conjunto (no solo las médicas). Por eso estaba en contra de una organización del Seguro de Enfermedad de tipo centralizada y a nivel nacional, como preconizaba el Instituto Nacional de Previsión, y abogaba por una estructuración «auténticamente proletaria, local y comarcal», democrática, de abajo arriba. No podía ser casualidad que la primera ley sobre el Seguro Social de Enfermedad de la Historia fue la adoptada por el Reischtag alemán en 1883, que fue aprobada por 212 votos a favor de los diputados católicos y conservadores frente a los 99 votos en contra que provinieron de los partidos Progresista y Socialdemócrata. Ese seguro de enfermedad no era sino otra herramienta más del poderoso Estado alemán que Bismarck estaba creando tan alejado de las clases trabajadoras y progresistas. Por eso Daniel Ortega había advertido de que la centralización o «estatalización» de dicho Seguro, sin ningún control obrero ni participación sanitaria desde lo local, municipal y comarcal, podía derivar en una situación como la vivida en la Alemania nazi. ¿Por qué relacionaba Daniel Ortega ambas realidades en aquellos años? La Ley de prevención de enfermedades hereditarias (Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses), una de las primeras leyes nacionalsocialistas (nazis), fue aprobada por el Parlamento alemán el 14 de julio de 1933, solo cinco semanas después de que Hitler fuera nombrado Canciller del Reich. También conocida como «Ley de esterilidad alemana», entró en vigor el 1º de enero de 1934, y en los siguientes tres años se esterilizaron más de 300.000 personas y ocasionando miles de muertes, la mayoría de ellos mendigos, prostitutas, homosexuales o personas de extracción social muy baja o pequeños delincuentes, constituyendo un verdadero programa de eugenesia social. Este plan de «limpieza» racial y social, que se completó en 1935 con la Ley de Salud Matrimonial, no hubiera sido posible si el Estado nazi no hubiera utilizado los resortes y la estructura de un Seguro social de enfermedad tan centralizado y jerarquizado como el que existía en Alemania desde 1883, utilizando al personal médico y sanitario en este vasto plan de esterilización, llevado a cabo con una magnitud como nunca antes se había visto. Como asegura Busse et al. (2017): «El régimen nazi nacionalizó las administración sanitaria pública y utilizó sus infraestructuras y médicos como instrumentos del bárbaro sistema político de higiene racial. Las delegaciones sanitarias locales son las que se encargaron de aplicar la Ley de Esterilización Obligatoria de 1934, que condujo a la esterilización forzosa de 400.000 personas y causó unas 7.000 muertes». O como lo hace P. Weindling (1989), «los miembros de la profesión médica desempeñaron un papel decisivo en la legitimación de la selección social, la crueldad y el asesinato. (…) Las Cajas o seguros de enfermedad (1934), los departamentos de salud comunitarios (1935), así como las asociaciones profesionales, los colegios de médicos y las instituciones de beneficencia que se ocupaban del bienestar público o la educación sanitaria (1933-35), fueron centralizados y colocados bajo la autoridad de un director designado por el Partido nazi». Que la eugenesia social y racial promovida por el régimen de Hitler fue total, se demuestra porque la mayoría de los empleados socialistas y judíos que trabajaban en la administración de las Cajas de enfermedad, que representaban una cuarta parte de todos los empleados, fueron expulsados por ley. Además, ese mismo año de 1933, un tercio de los médicos que trabajaban para el sistema de salud pública se vieron obligados a dejar sus puestos de trabajo. Esta realidad era bien conocida por Daniel Ortega, y por eso se oponía frontalmente a que el Sistema de seguro de enfermedad fuese de las mismas características centralizadoras y pudiese servir como ariete para un régimen fascista en España que seguía siendo un verdadero e inminente peligro, no atajado ni mucho menos con la victoria del Frente Popular. Recordemos que el jefe del Estado Mayor del Ejército, el general Francisco Franco, ya intentó un golpe de estado los días 17 y 18 de febrero de 1936 –¡al día siguiente de la victoria del Frente Popular!-, al ordenar a los mandos militares que declarasen el estado de guerra en la capital y con ello el Ejército pasaría a ostentar el poder y así rectificar el rumbo izquierdista de la República. La intentona fracasó al no contar con los apoyos necesarios y al no conseguir los generales Fanjul y Goded sublevar las fuerzas de la guarnición de Madrid. Pero tan solo cinco meses después lo volvería a intentar y esta vez, ante la criminal ingenuidad (o algo mucho peor) de los gobernantes republicanos, consiguió parcialmente su objetivo desencadenando una terrible represión y una guerra que duraría tres sangrientos años.*** NOTA 1: Fuente de la imagen del artículo: Mundo Obrero del 30 de marzo de 1936 (2ª plana).  NOTA 2: La transcripción de la entrevista completa a Daniel Ortega se encuentra disponible en: danielortegamartinezmedicocomunista.blogspot Notas al Pie:  (1) Busse R. et al. «Statutory health insurance in Germany: a health system shaped by 135 years of solidarity, self-governance, and competition. Lancet 2017; 390: 882-97.  (2) Weindling, P. Health, race and German politics between national unification and Nazism 1870-1945. Cambridge University Press, New York-1989. Fuente → kaosenlared.net La Voz de la República - Todas las Noticias RSS El Primer DNI Republicano