Maroc - PINKALAVERA.COM - A la Une - 17/Sep 16:31

Otro error, ainss

El juzgado archiva una causa contra Illa por la compra de mascarillas durante la pandemia La Abogacía del Estado y la Fiscalía denunciaban de un error en la prórroga de la instrucción de este procedimiento https://www.vozpopuli.com/espana/gob...llas-fake.html https://theobjective.com/espana/trib...llas-pandemia/ El juzgado que llevaba la causa por las mascarillas ‘fake’ del Ministerio de Sanidad durante la pandemia, cuando Salvador Illa estaba al frente del mismo, ha archivado las diligencias, según ha avanzado Vozpópuli. La decisión llega después de que tanto la Abogacía del Estado como la Fiscalía advirtieran un error en la prórroga de la instrucción de este procedimiento; comenzó en agosto de 2021, con el objetivo de investigar el mal estado de las mascarillas entregadas al personal sanitario. Este, sin embargo, no es la única causa que investiga al que fuera ministro de Sanidad. En el conocido como caso Ingesa se investiga a dos exaltos cargos del Ministerio y a una directora general del Ministerio de Hacienda por presuntas irregularidades en los contratos covid adjudicados por el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa) al comienzo de la pandemia. Fuentes jurídicas han explicado al citado medio que el titular del Juzgado de Instrucción número 14 de Madrid, Carlos del Valle, cerró las diligencias respecto a esta causa el pasado mes de junio. No era posible determinar la responsabilidad penal del Ministerio de Sanidad en estos hechos. El origen de esta causa está en la querella contra el actual presidente de Cataluña, Salvador Illa, presentada por la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), por un delito contra la seguridad de los trabajadores. Esta recayó sobre la Sala Segunda del Tribunal Supremo, debido a la condición de aforado de Illa, pero este la remitió a los juzgados de Madrid porque eran los competentes para su instrucción. El sindicato médico se centró en el contrato de emergencia por 23,8 millones de euros que Sanidad firmó con la empresa china Garry Galaxy, a través del broker Hangzhou Ruining Trading. Esta mercantil se dedicaba al sector textil y no aparecía entre los proveedores que el Gobierno de China había recomendado a Moncloa para adquirir mascarillas durante el momento de emergencia sanitaria. De esta forma, el sindicato denunció que la partida de mascarillas FPP2 adquirida no cumplía con la normativa y que se repartió entre el personal médico que atendía a pacientes infectados por covid-19 entre los días 5 y 17 de abril. La querella exponía que, por tanto, el Ministerio no cumplió el procedimiento establecido con estos contratos ‘a dedo’ y que tampoco verificó la calidad de las mascarillas antes de repartirlas entre médicos y enfermeros. Sanidad reconoció un sobrecoste en la compra de mascarillas El Ministerio de Sanidad reconoció, en febrero de este año, un sobrecoste en las casi 140 millones de mascarillas quirúrgicas caducadas que aún tenía almacenadas. El coste medio de este material sanitario es diez veces superior al que ofrecían, desde agosto del año 2020, algunas de las empresas seleccionadas en el fracasado ‘megacontrato’ de Salvador Illa. El entonces responsable de Sanidad, Salvador Illa, puso en marcha entre noviembre de 2020 y diciembre de 2021 un acuerdo marco de 2.500 millones de euros para intentar centralizar las compras de material sanitario por parte de las comunidades autónomas, así como regular los precios. Este dejó en la estacada a multitud de empresas que ofrecían mascarillas quirúrgicas a un precio hasta diez veces menor que el que el Gobierno calcula que le costaron. Así, en una resolución del Portal de Transparencia a raíz de una pregunta de THE OBJECTIVE, Sanidad reconocía que, a fecha de febrero de 2024, aún guardaba 140 millones de mascarillas quirúrgicas cuyo valor cifra en 0,43 euros medios la unidad. Sin embargo, algunas empresas seleccionadas en el Acuerdo Marco puesto en marcha por Illa, que ofrecían el mismo tipo de cubrebocas a menos de cinco céntimos la unidad, finalmente no recibieron ninguna adjudicación durante los 12 meses que estuvo vigente el megacontrato de Illa.