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La ley de amnistía de 1977Daniel Pinós El poeta argentino Juan Gelman dijo una vez que “cuando los dictadores desaparecen de la escena, entonces aparecen los organizadores del olvido”. El poeta hondureño José Mata nos recuerda que: “La forma más perversa de olvido consiste en privar de importancia y relevancia a las injusticias pasadas. » Estas dos reflexiones cobran especial relevancia cuando se habla de la ley de Amnistía, aprobada por el nuevo “democrático” Parlamento español en 1977. Casi al mismo tiempo que se firmaban los míticos Pactos de la Moncloa: el "consenso" sobre el olvido del pasado acompañaba así a acuerdos destinados a respetar el bloque económico en el poder y a frenar la dinámica ascendente del movimiento obrero en el que se encontraban los trabajadores. de la CNT tuvo un papel importante en numerosos conflictos sociales. Estos pactos fueron firmados por todos los partidos políticos españoles, desde los falangistas hasta los comunistas y los socialistas. En realidad, esta ley pretendía completar las medidas de amnistía parcial que se habían tomado desde el verano de 1976 y que ya habían permitido la libertad o el regreso del exilio a un número importante de antifranquistas. Quedaban principalmente presos –y “desterrados” o deportados- de ETA, así como ciertos miembros del Movimiento de Autodeterminación e Independencia de Canarias y del FRAP (Frente Revolucionario Antifascista y Patriota), condenados por crímenes de sangre. Además de muchos trabajadores despedidos por motivos “políticos”. Así, en el tercer trimestre de 1977 se produjo la movilización más intensa en el País Vasco para liberar a todos estos presos. La larga lista de apologistas de esta Transición todavía insiste en que la aprobación de esta ley era necesaria, e incluso inevitable. La respuesta a esta presión para su liberación (en total, 153 personas según el fiscal del Reino) llevó a la aprobación de una ley que amnistía "todos los actos de intención política, cualesquiera que sean sus resultados, considerados delitos o infracciones cometidos antes del 15 de diciembre". 1976” (fecha del referéndum sobre la Ley de Reforma Política del centrista Primer Ministro Adolfo Suárez). Sin embargo, la UCD (Unión de Centro Democrático) aprovechó esta "concesión" forzada para introducir, con el apoyo del Partido Socialista y del Partido Comunista, una amnistía por "delitos e infracciones que hubieran podido cometer las autoridades, la sociedad civil". servidores y agentes del orden público durante la investigación y persecución de los hechos comprendidos en esta ley”; y “delitos cometidos por funcionarios públicos y agentes del orden público contra el ejercicio de los derechos de las personas”. De esta manera fueron “perdonados” tanto los “crímenes” cometidos por quienes habían luchado por las libertades democráticas como la represión de Franco. Esto no tenía precedentes en la Europa posnazi. Por eso la Transición se presentó como “ejemplar”, aunque fue todo lo contrario, como bien recuerda Jon Elster: “El caso español es único entre las transiciones democráticas en el hecho de que hubo un consenso deliberado para evitar la justicia transnacional. » Éste es el altísimo precio que tuvo que pagar la “oposición democrática antifranquista” en nombre de una ilusoria “reconciliación nacional”, hábilmente utilizada por Suárez y los “poderes de turno” para asegurarse el control de la Transición. Esto encontraría su “consagración” en la aprobación de una Constitución que no haga mención al rechazo del franquismo y proteja, por otra parte, la monarquía, “la indisoluble unidad de la Nación española” y los privilegios de la Iglesia, todos legados de la dictadura. Posteriormente, buscamos hacer de esta ley de “punto final” una referencia para otras transiciones. Como hemos visto en Chile o Argentina, leyes similares no han resistido la lucha por la recuperación de la memoria y los avances en el campo del derecho internacional y la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad. Desafortunadamente, vemos así que el entierro de la memoria política durante la Transición, que desembocó en una primera fase en una banalización de la dictadura, se transformó en una naturalización histórica del franquismo. Hoy, a pesar del enorme coste que ello supuso, la larga lista de apologistas de esta Transición, encabezada por el presidente del Gobierno socialista, Pedro Sánchez, sigue insistiendo en que la aprobación de esta ley era necesaria e incluso inevitable. En cambio, quienes nos opusimos en su momento seguimos pensando que era posible otro camino, el de intensificar la movilización desde abajo hasta la ruptura y la reivindicación de justicia para las víctimas del franquismo. Fuente → memoire-libertaire.org La Voz de la República - Todas las Noticias RSS El Primer DNI Republicano
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