Maroc - ELDIARIO.ES - Política - 13/Jul 20:08

Guerra sucia contra Podemos desde su nacimiento: “Si evitamos que llegue al Gobierno, mejor para todos”

Un veterano militante antifranquista cree que la Policía odia a Podemos desde antes que se fundara el partido. El primer comisario al que se encontró una prueba de las maniobras contra la formación política, un documento fechado cuatro meses después de su creación 2014, es José Manuel Villarejo, quien ingresó en la Policía en 1973. Algunos jóvenes que llegaban al Cuerpo en los estertores del franquismo o en plena transición ansiaban alargar el hilo negro de la represión que nació con Roberto Conesa en la posguerra y continuó décadas después con Billy el Niño. Los métodos cambiaron en democracia pero el objetivo era el mismo: los supuestos enemigos de España.  Esta semana un juez de la Audiencia Nacional ha recibido una “auditoría” realizada por la propia Policía en sus bases de datos. El objetivo era encontrar las búsquedas que en esos archivos, de acceso restringido a miembros de las Fuerzas de Seguridad, hubieran realizado de diputados de Podemos durante los años 2015 y 2016. El resultado, del que sospechaban en la formación política, ha sido escandaloso: 55 de los 69 diputados de Podemos sufrieron búsquedas aparentemente injustificadas durante esos dos años para conocer sus desplazamientos, alojamientos o antecedentes.  Ahora resta al magistrado Santiago Pedraz determinar cuáles de esas miles de búsquedas suponen un delito de revelación de secretos, quizá de cohecho si se vendió la información. Pero también cuáles respondían a intereses espurios de policías nacionales, indignados por la irrupción de un nuevo partido de izquierdas llamado a sacudir el tablero político español, y qué búsquedas formaban parte de una investigación prospectiva, ilegal y coordinada a cargos electos de un partido democrático. Los datos en bruto de la auditoría invitan a pensar que entre esa marea de datos se esconden ambas motivaciones. Las búsquedas se realizaron desde ordenadores asociados a 57 comisarías de todo el país, desde oficinas de denuncias a unidades de investigación involucradas en episodios de guerra sucia.  La admisión a trámite del juez Pedraz de una querella de Podemos para que indagara en varios episodios de maniobras contra el partido supone la primera investigación de la guerra sucia contra el partido después de varias revelaciones periodísticas en ese sentido. El ataque a Podemos representa una de las tres grandes patas que sostuvieron la actividad parapolicial en aquel Ministerio del Interior. Las otras dos son el combate al procés y el intento de sabotear la causa judicial por la financiación ilegal del PP, el partido entonces en el Gobierno.  El 9 de abril de 2016, hace más de ocho años, este periódico publicó el siguiente titular: “Interior reedita con Podemos los informes 'fantasma' utilizados contra los nacionalistas en Cataluña”. La guerra sucia al proceso soberanista comenzó al poco de que el Gobierno del PP eligiera a su cúpula policial en 2012. El estallido de las maniobras contra Podemos se produjo en los primeros días de 2016, coincidiendo con el arranque de las negociaciones con el PSOE para formar un gobierno de izquierdas, finalmente frustradas.  “Pablo Iglesias Sociedad Limitada”, el conocido como Informe PISA no tenía precedentes, por su gravedad, desde el terrorismo de Estado de los GAL. Sin firma ni sello pero reproducido por medios muy críticos con Podemos, la Policía asumió su confección e intentó que los tribunales lo investigaran. Fracasaron con esto último, pero como venía ocurriendo con Cataluña, el principal objetivo de su confección es que fuera reproducido de forma acrítica por la prensa, intoxicar a la opinión pública con datos erróneos cuando no invenciones, y desterrar la posibilidad de que el PSOE se apoyara en Podemos para desalojar a la derecha de La Moncloa. Okdiario y El Confidencial publicaron el Informe PISA el 12 de enero de 2016. Sin autor reconocido, la Policía acusa a Podemos de estar financiado por Venezuela e Irán. Su contenido fue despreciado por la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo, si bien el archivo provisional de la denuncia que presentó una desconocida asociación con recortes de prensa fue utilizado años después por el juez Manuel García Castellón, que reabrió la causa para introducir en ella las invenciones sobre Podemos con las que el ex general venezolano Hugo el Pollo Carvajal intentaba evitar su entrega a Estados Unidos por delitos de narcotráfico.  Primera evidencia de la guerra sucia: el diario de Villarejo Cuando los medios de la derecha publicaron el informe PISA quedaban 24 horas para la formación de las Cortes. En rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Soraya Sáenz de Santamaría, exigió a Podemos que colaborara con una investigación que no existía.  Pero para conocer la historia de la guerra sucia contra Podemos hay viajar dos años atrás y regresar a 2014, el de su irrupción en la política española con cinco diputados en unas elecciones europeas, si es que el viejo militante comunista no tuviera razón y la Policía odiara a Podemos desde antes incluso de su nacimiento.  El 17 de enero de 2014 Podemos se dio a conocer en un acto celebrado en el Teatro del Barrio, en el madrileño barrio de Lavapiés. Recogiendo el movimiento de indignación que se plasmó en el 15M, la nueva formación política consiguió cuatro meses después de su nacimiento 1,2 millones de votos y en las elecciones al Parlamento europeo de mayo. El 29 de septiembre, dos periodistas de El Mundo proponen a Villarejo reunirse al día siguiente. “Tema Podemos”, anota el comisario en unas agendas a las que que Asuntos Internos, la Fiscalía Anticorrupción y el juez del caso dan credibilidad cuando se cruzan con hechos públicos o acreditados ya por la investigación.  Un mes después, el 31 de octubre de 2014, Villarejo anotó una reunión con el secretario de Estado de Seguridad: “Chisco. Reunión hasta 14:30. Sobre riesgo de IB con PJ y reuniones Podemos y Verstrynge”. Chisco es uno de los apelativos con los que Villarejo y su grupo se refieren al número dos de Interior entonces, Francisco Martínez. Hoy, Martínez es el principal imputado en la causa de la Audiencia Nacional por la querella de Podemos, la misma a la que se ha incorporado la auditoría de las consultas en bases de datos.  En otras anotaciones se desprende que Villarejo intenta obtener información del partido y que, por alguna razón, incluye en ese plan a Jorge Verstrynge. El entorno del que fuera profesor de Iglesias asegura que nunca ha tenido contacto con el polémico excomisario.  El 11 de noviembre de 2014, Villarejo anota: “Igles Jav. Quiere saber novedades sobre LB. Ya le dije los últimos datos y que nadie controla a Verstringe ni a Podemos”. Javier Iglesias, El Largo, es el abogado que acudió a prisión a ofrecer un pacto a Luis Bárcenas en nombre del Gobierno y del PP para que no tirara de la manta de la financiación irregular del partido, según asegura el extesorero. El nombre de Iglesias es un habitual en las informaciones que permiten conocer algunos aspectos de la cara oculta del PP. Ya entrado 2015, acusaciones contra Podemos que con el tiempo se convertirían en recurrentes comienzan a aflorar en el diario del comisario. El 10 de febrero, Villarejo apunta una conversación con el número dos de Interior: “Chisco. Venezuela-Podemos. Varias gestiones. Quedamos en hablar”.  La brigada política con “un mandato de Rajoy” En el mes de abril siguiente, otro de los miembros de la brigada política, el inspector jefe José Ángel Fuentes Gago, viaja a Nueva York con el jefe interino de la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) y otros dos mandos policiales para entrevistarse con Rafael Isea, ex ministro de Hugo Chávez. Ningún juez lo sabe. No participan en ninguna investigación. Solo buscan datos que puedan perjudicar a Podemos. En una grabación que publicó una web, moncloa.com, Fuentes Gago pronuncia la frase que condensa la actuación político-policial contra la formación que dirigió Pablo Iglesias: “Si nos ayuda a que no lleguen los de Podemos [al Gobierno] mejor para todos”.  En el momento que el inspector jefe hace esa afirmación faltaban dos meses para las elecciones de junio de 2016 y en las de diciembre anterior Podemos había obtenido 69 escaños. Los números daban para el acuerdo de coalición con el PSOE.  Aunque cubierto por una mascarilla, aún con las restricciones de la pandemia vigentes, Fuentes Gago tuvo que dar la cara cinco años después de ese viaje. Compareció ante la comisión de investigación del espionaje a Luis Bárcenas, otra maniobra de la brigada política, y allí tuvo que escuchar del diputadoo Rafa Mayoral, portavoz de Podemos, la siguiente conclusión: “Fracasó Conesa, fracasó Billy el Niño y ustedes volvieron a fracasar. No se va a subvertir la democracia. Queremos reconocer el esfuerzo de todos estos elementos para intentarlo. Ustedes intentaron que no llegáramos al Gobierno y llegamos al Gobierno. Más tarde o más temprano habrá una policía democrática”. En la grabación de la reunión a Isea, realizada por los propios policías, se produce otro hecho inédito. Por primera vez, un miembro de la brigada política menciona la implicación del presidente del Gobierno en las maniobras. “Yo he hablado con el ministro del Interior español y el ministro del Interior español habló con el presidente [del Gobierno] español [le dice Fuentes Gago al ex ministro Isea]. Yo solo tengo un mandato aquí, o sea, acompañar a estas personas y decirle a usted que me diga los nombres de las personas que quiere que documentemos en España y que le demos una nueva identidad o una nueva vida, la que tienen ustedes y les protejamos. Eso es mi compromiso. Yo vengo aquí con ese mandato. Usted me lo dice y lo hacemos”, se oye en el audio. El propio Isea revelaría después que la Policía española le mostró un documento para que acreditara su autenticidad, pero que solo era una copia y nunca vio el original. Se trataba de un supuesto pago de 7,1 millones de euros a la fundación CEPS [vinculada a fundadores de Podemos] en 2008 por el conjunto de los servicios de asesoramiento prestados en el país caribeño a diversos ministerios y organismos públicos. Isea señala que, efectivamente, CEPS y otras fundaciones o asociaciones de diferentes países trabajaron en procesos de formación de las nuevas estructuras que se estaban creando en el país. Los policías redactaron un atestado, jamás incorporado a ninguna causa judicial, pero que fue publicado en el diario Abc con gran despliegue. Isea había sido acusado de corrupción en su país y huyó. Acabo como colaborador de la DEA en Estados Unidos.  La obsesión con Venezuela El ofrecimiento que hace Fuentes Gago al ex ministro enlaza con otro asunto de máxima actualidad. Una de las patas de la investigación de Pedraz en la Audiencia Nacional es la concesión de la residencia en España a un ciudadano venezolano que se atribuyó el bulo de la cuenta de Pablo Iglesias en un banco del Caribe. Este jueves debería haber declarado como testigo el comisario general de Extranjería y Documentación durante el Gobierno del PP, Emilio Baos, pero su familia ha aducido que no se encuentra en condiciones por su débil estado de salud.  Okdiario publicó el 6 de mayo de 2016 una información con el siguiente titular: “El Gobierno de Maduro pagó 272.000 dólares a Pablo Iglesias en el paraíso fiscal de Granadinas en 2014”. Ese mismo día, la entidad en cuestión, Europacific Bank Limited, hizo público un comunicado en el que aseguraba que “nunca ha mantenido una cuenta para esta persona ni ha recibido una transferencia bancaria de ninguna de las instituciones financieras o fuentes mencionadas en el artículo”.  En la querella que dio origen al caso, Podemos incorporó una conversación de whatsApp que Asuntos Internos y la Fiscalía encontraron en el móvil incautado a Francisco Martínez en la investigación del caso Kitchen, el sabotaje de la brigada política a la causa de la caja B del PP. El 30 de enero de 2016, Martínez intercambia mensajes con el comisario Enrique García Castaño, histórico fontanero de la Policía y receptor de encargos delicados con gobiernos socialistas y del PP. “Aquellos de Podemos no tenían antecedentes. Me cagüen la puta”, dice el número dos de Interior. García Castaño le asegura que Germán [Rodríguez Castiñeira], entonces jefe de la Brigada Provincial de Información está en ello. “El cabrón de Germán me dice que esta tarde, porque mirar los 69 [diputados] se saca pero hay que mirar uno a uno y claro deja rastro”. Rodríguez Castiñeira también está imputado en la causa que instruye Pedraz.