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Entidades memorialistas piden al Defensor del Pueblo que actúe en su nombre contra las leyes de “discordia” En esta fecha tan señalada como es el 18 de julio, inicio del golpe contra el gobierno legítimo de la II República y el comienzo de una larga y criminal guerra que acabó con la imposición de la brutal dictadura de Franco, varias asociaciones y coordinadoras memorialistas de los territorios de Islas Baleares, País Valencia y Cantabria (Associaciò Memòria de Mallorca, Coordinadora d`Associacions Memòria Democràtica del Pais Valencià. CAMDE- PV, Héroes de la República y la Libertad de Cantabria y Archivo Guerra y Exilio. AGE-Cantabria), representadas por Maria Antonia Oliver, Ángel González y Jorge Suárez han presentado una petición ante el Defensor del Pueblo para que interponga un Recurso de Inconstitucionalidad y de Amparo ante el Tribunal Constitucional. Han estado acompañados por activistas de otras asociaciones del Encuentro Estatal de Colectivos de Memoria Histórica y de Victimas del Franquismo como La Comuna, asociación de presos y represaliados por la dictadura franquista, Todos los niños robados son también mis niños, Asociación Mesa de Memoria Histórica de Latina y Colectivo por los Olvidados de la Transición. María Antonia Oliver ha resaltado que la derogación de las leyes autonómicas de memoria democrática y la aprobación de las denominadas leyes de concordia impulsadas por la extrema derecha y la derecha extrema están suponiendo “la revictimización de las víctimas de delitos de lesa humanidad cometidos durante la guerra y la dictadura que aún no han sido reparadas”. Ha recordado la vil ofensa a las víctimas que hizo el presidente del Parlamento de las Islas Baleares, Le Senne, de Vox, hace escasas semanas, cuando rompió con rabia las fotos de Aurora Picornell y las Roges des Molinar a quien han puesto querella por delito de odio. Lo que se le ha pedido al Defensor del Pueblo es que actúe para que esas leyes que reinstauran el negacionismo y el revisionismo histórico sean declaradas inconstitucionales ya que las propias organizaciones “no tenemos acceso directo al Tribunal Constitucional”. Ángel González ha insistido en que se trata de derechos humanos contemplados en el derecho internacional y que las leyes autonómica derogadas habían permitido avanzar en la investigación de la verdad de los sucedido hace ya 88 años y cómo estas leyes de la “discordia” (como él mismo ha señalado) ponen en riesgo esos avances y la consecución de los derechos de las víctimas. Jorge Suárez ha explicado la situación en Cantabria de la lucha por la memoria democrática y cómo estas políticas de la derecha quieren volver a imponer el silencio y el olvido de las cientos de miles de víctimas del terror desatado hace 88 años y cómo aún quedan muchas víctimas de este terror por encontrar y ser exhumadas.La asociaciones memorialistas presentes manifiestan que estarán pendientes de la respuesta de esta alta institución del Estado. Fuente → lacomunapresxsdelfranquismo.org La Voz de la República - Todas las Noticias RSS El Primer DNI Republicano
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