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Se dio a conocer hace unos días el estudio bianual de Transparencia Internacional, organización no gubernamental que promueve medidas contra crímenes corporativos y corrupción política en el ámbito internacional. Es un órgano de la sociedad civil que lidera la lucha contra la corrupción y contra sus efectos devastadores en los hombres, mujeres y niños de todo el mundo. Sobre dicho estudio correspondiente al Índice de Percepción de la Corrupción 2024, a México no le va nada bien: está ubicado en el sitio 140 de 180 países evaluados, posición que representa el punto más bajo en la historia del país y que lo coloca muy cerca de los regímenes más corruptos del mundo. Dicho índice, que mide la percepción de la corrupción en el sector público a través de diversos indicadores, presenta un panorama alarmante que “echa por tierra” todas aquellas promesas de que “la corrupción se barrería como se barren las escaleras: de arriba a abajo”, tal como lo diría no hace mucho su autor tabasqueño. Los ciudadanos nos enfrentamos a la corrupción en nuestra vida diaria; lo mismo a través de sobornos para tener acceso a servicios básicos como salud, educación y seguridad hasta quienes, con tal de desarrollar un trabajo, tienen que pagar “derecho de piso”. Este problema y estas prácticas, lejos de disminuir, se han intensificado, lo que al final del día perjudica más a quienes menos tienen: los sectores más vulnerables de la población. Transparencia Internacional ha advertido que la situación puede empeorar debido a varias amenazas presentes: la eliminación de los llamados “órganos autónomos” que eran garantes de la transparencia y la rendición de cuentas; la destrucción de Poder Judicial, lo que aumentará la impunidad y el abuso de poder; la infiltración del crimen organizado en los tres niveles de gobierno (federal, estatal y municipal); la falta de sanciones a servidores públicos de alta jerarquía y el innegable debilitamiento del Estado de derecho en México. Es por ello que su combate es impostergable. DERECHO DE RÉPLICA… En la colaboración pasada expusimos en este espacio los indicios de un presunto fraude cometido en la Ciudad de México con la construcción de vivienda de 8 proyectos inmobiliarios que iniciaron en 2018 y que hasta la fecha no han sido entregados. Transcribo lo fundamental de la respuesta a esta columna por parte del demandado Federico Cerdas Ortiz: “Desde 2022, la relación entre ICM Asset Management y Global Businesses Inc. se ha deteriorado debido a que ICM, a través de sus vehículos de inversión ICM (X) Canada Property Investment, LP e ICM Mexico Real Estate Opportunities No. 2 LP, dejó de aportar el capital necesario para concluir los proyectos. Ante esta situación, Global Businesses Inc. asumió la responsabilidad total de proteger y gestionar los fideicomisos Banca Mifel 3317/2019 y 3778/2020”. “Estos fideicomisos son administrados por un Comité Técnico presidido por Scott Salazar Myers, con John James Courtliff como vicepresidente, ambos en representación de ICM Asset Management. Federico Cerdas, fundador de Global Businesses Inc., ocupa únicamente el cargo de secretario del comité, representando a un accionista minoritario con sólo 12% de participación”. “ICM ha alegado ser víctima de fraude; sin embargo, los hechos desmienten esta versión. Como fondo de inversión profesional, ICM estuvo plenamente informado en todo momento sobre el uso y destino de los recursos, recibiendo y analizando oportunamente la información financiera. Actualmente, ICM busca vender los terrenos, repatriar el capital a Canadá y excluir a los clientes y a Global Businesses Inc. de su patrimonio. Para justificar su falta de involucramiento y el incumplimiento en sus aportaciones de capital, responsabiliza a nuestra empresa y a su fundador, utilizando los medios para escalar el conflicto”. Columnista: Martín EspinosaImágen Portada: Imágen Principal: Send to NewsML Feed: 0
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