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Los dos ex gobernadores –Silvano Aureoles, de Michoacán, y Cuauhtémoc Blanco, de Morelos– son presuntos delincuentes. Supuestamente cometieron delitos de distinto tipo, pero penados por la ley. Hay una orden de aprehensión contra el de Michoacán, mientras el de Morelos anda libre, protegido por el fuero de diputado. (¿No que ya no existía?) El pleno de San Lázaro votó en contra de sujetarlo a un juicio político para que, sin protección constitucional, sea juzgado por tribunales del orden común. En un plano ideal, ambos ex gobernadores deberían comparecer ante el juez en iguales condiciones. ¿Por qué uno sí y el otro no? Aureoles es un perredista, enemigo político, considerado traidor por sus antiguos correligionarios. Cuauhtémoc es morenista; fue salvado por diputados de ese partido, el PVEM y hasta priístas, con 291 votos a favor, 158 votos en contra y 12 abstenciones. Aun para los simpatizantes de la 4T resulta difícil justificar esta distorsión en la aplicación de la ley. “Para los amigos la justicia y la clemencia, para los enemigos todo el peso de la ley”, dicen por ahí. Fin previsible de la historia: Aureoles en algún momento será encarcelado, Cuauhtémoc seguirá libre y con el fuero de fuera. Algo cedió de su flagrante impunidad: acudirá en persona ante las autoridades morelenses a defenderse.