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Por Chelsea Hodgkins WASHINGTON, DC. – En julio, el gobierno serbio volvió a autorizar un proyecto de extracción de litio de la empresa Rio Tinto, que había cancelado en 2022 como resultado de protestas públicas. En respuesta, miles de personas salieron a las calles de Belgrado para expresar su inquietud por los peligros de la mina para la provisión de agua y la salud pública. Rio Tinto tiene un largo historial de acusaciones por violación de los derechos humanos y mala gestión y contaminación del agua en sus minas de todo el mundo. Pero el problema va más allá: la corrupción y la negligencia son endémicas en la industria minera. Una jueza de EU condenó a Glencore a pagar 700 millones de dólares en multas por un prolongado esquema de sobornos a funcionarios de varios países. En tanto, la gigante minera BHP y su socia brasileña Vale están inmersas en una batalla legal por el colapso del muro de contención de residuos mineros de Fundão, el peor desastre medioambiental de Brasil. Ahora que la Unión Europea planea aumentar la extracción interna de materiales esenciales para la transición ecológica y para numerosas tecnologías de defensa y productos digitales, los funcionarios y la población quieren garantías de que esas iniciativas sean sostenibles. En tal sentido, el Consejo Internacional de Minería y Metales (ICMM) y otros importantes actores de la industria están trabajando en una iniciativa para un estándar minero consolidado (CMSI), cuyo objetivo es crear una certificación de responsabilidad en la producción de minerales. Pero ¿es admisible dejar que estas megamineras fijen sus propias normas y velen por su propia responsabilidad? Las normas y certificaciones voluntarias no son nada nuevo. Las cuatro asociaciones que lideran la CMSI (el ICMM, la Asociación Minera de Canadá, el Consejo Mundial del Oro y la Marca del Cobre) tienen sus respectivos esquemas de certificación. Sin embargo, evaluaciones de estos sistemas han demostrado que carecen de transparencia, rigor y supervisión, y no pueden garantizar el cumplimiento de los requisitos que establecen. En febrero, la organización Lead the Charge publicó una evaluación de los programas de certificación y acreditación externa en la industria de las materias primas. ICMM sólo cumplió 16% de los criterios. Estas falencias suponen consecuencias reales para los pueblos indígenas, los trabajadores y las comunidades locales. Según el Centro de Recursos sobre Empresas y Derechos Humanos, los miembros del ICMM equivalen a más de la mitad de las 20 empresas responsables de la mayoría de las acusaciones por violación de los derechos humanos en la extracción de minerales críticos. Gobiernos e instituciones financieras de todo el mundo están canalizando miles de millones de dólares hacia proyectos mineros sobre la base de certificaciones voluntarias como la CMSI propuesta. La norma establece tres niveles de desempeño, pero los requisitos del nivel básico (un nivel que las empresas tienen permitido no alcanzar mientras se realiza el proceso de certificación) no están en sintonía con el derecho internacional, la normativa jurídica y estándares ampliamente aceptados como las Normas de Desempeño de la Corporación Financiera Internacional. De modo que las empresas mineras no estarían obligadas a resolver violaciones graves de los derechos humanos, y esto puede generar sanciones para las automotrices que utilicen sus insumos. Además, el proyecto de norma no protege el derecho de los pueblos indígenas al consentimiento libre, previo e informado, derivado del derecho de esos pueblos a gobernar sus territorios y recursos y a la autodeterminación. La protección de ese derecho debe ser un requisito mínimo del nivel de desempeño básico. Por más que el ICMM y sus integrantes (incluidos miembros del grupo consultivo de la CMSI como BMW y Tesla) intenten presentar la norma como una herramienta para la minería responsable, no es sino un intento de la industria de mostrarle una cara limpia y ecológica a la opinión pública. Si prospera, la CMSI consolidará el poder y la influencia de gigantes mineras como Rio Tinto, Glencore y BHP y les permitirá actuar con impunidad mientras ofrecen falsas garantías a las principales partes interesadas. En vez de hacer posible una transición energética justa, la CMSI permitirá a las industrias extractivas anteponer sus ganancias a la pureza del aire y del agua limpios, a los derechos humanos y a la habitabilidad del planeta, y expondrá a automotrices, gobiernos e inversores a riesgos para su reputación. En un contexto de demanda creciente de minerales necesarios para la transición energética, es más importante que nunca establecer altas expectativas y normas sólidas y verificables para el sector minero. Traducción: Esteban Flamini Copyright: Project Syndicate, 2024 www.project-syndicate.org Columnista: Opinión del experto nacionalImágen Portada: Imágen Principal: Send to NewsML Feed: 0
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