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Han coincidido en las últimas semanas una serie de indicadores que subrayan el fuerte deterioro de las instituciones en España en los últimos tres lustros. El proceso no es exclusivo de nuestro país, ya que hay un retroceso generalizado de las democracias liberales en lo que va del siglo XXI, pero sí es cierto que está siendo más agudo que en los países con los que acostumbramos a compararnos. En 2022, España recibió un aviso importante al perder la condición de 'democracia plena' que siempre había tenido en el ranking de 'The Economist ' y, aunque la recuperó al año siguiente, lo hizo apenas por una décima. Otros indicadores también son desalentadores. La clasificación de Freedom House, organización que promueve la democracia y los derechos humanos, situó a España en la posición undécima, mientras que en 2018 estaba en el séptimo lugar. Según el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional, España ha descendido al puesto 46 de 180 países, situándose por detrás de la mayoría de los europeos, así como de Botsuana y Ruanda. Hace dos décadas, ocupábamos la posición 22. Este descenso se atribuye a la falta de avances legislativos a nivel nacional y al debilitamiento institucional a nivel autonómico, incluyendo el desmantelamiento de agencias antifraude en comunidades como Valencia y Baleares Con todo, los indicadores más alarmantes son los del Banco Mundial, porque figuran entre los más fiables y porque sus datos son cada vez mejores y responden a series más largas. Estas cifras recogidas en los 'Indicadores Mundiales de Gobernanza' publicados a finales de 2024 confirman un deterioro en la calidad institucional y la eficiencia gubernamental en España . Los parámetros analizados, que evalúan aspectos como el control de la corrupción, la eficiencia gubernamental, la calidad regulatoria y el Estado de derecho, indican que España ha experimentado un descenso notable desde el año 2000. Este deterioro es más pronunciado en comparación con otros países europeos como Francia, Alemania e Italia, y también respecto a Reino Unido, Estados Unidos y Japón. Lo que estamos viendo reflejado en los datos es el resultado de la enorme presión institucional que generaron la crisis financiera de 2010, la pandemia y la invasión de Ucrania, pero también del estrés añadido por el Gobierno de Pedro Sánchez que no ha dejado de tensionar los equilibrios democráticos recurriendo por sistema al gobierno por decreto ley, burlando la opinión de los órganos consultivos, colonizando las instituciones públicas y privadas, y promulgando amnistías que no figuran en nuestro ordenamiento constitucional. A eso hay que unirle la confrontación casi permanente con la judicatura, la que no ha bajado de nivel pese al acuerdo entre los principales partidos para renovar los órganos del Poder Judicial. Una buena calidad de las instituciones no sólo tiene que ver con los equilibrios del sistema democrático, sino con la eficiencia con que se gasta el dinero de los contribuyentes. La percepción de corrupción y la ineficacia en la aplicación de las leyes afectan negativamente a la confianza pública y a la estabilidad económica. Se da la circunstancia de que los gobiernos de Pedro Sánchez han disfrutado de más recursos que ningún otro (ya sea vía impuestos o de ayudas europeas), pero los indicadores de eficiencia señalan que el Estado en muchas ocasiones está siendo sobrepasado en cuanto a su capacidad de gestión. España debe volver a recuperar buenas costumbres como legislar con calidad y evaluar el gasto público si quiere obtener mejores notas.
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