El líder del PP presume, como partido "libre", de su apoyo al decreto que subirá las pensiones
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El líder del PP se ve obligado a modificar su posición sobre el decreto ómnibus del Gobierno en menos de una semana para evitar el debate sobre la contínua oposición de su partido desde hace lustros a las mejoras de las prestaciones de los jubiladosEl 'no' de Feijóo al primer decreto del Gobierno retrasa el pago de miles de millones a las comunidades del PP Siete días. Es el tiempo que ha tardado Alberto Núñez Feijóo en pasar de tumbar el decreto ómnibus del Gobierno a anunciar un apoyo irrelevante a una versión reducida que, pese al adelgazamiento, incluye todas las medidas con las que el PP justificó su ‘no’ a una norma que suponía subir las pensiones, conceder ayudas por la DANA o mantener las subvenciones al transporte público. El PP votará ‘sí’ a la protección antidesahucios y apoyará también lo que definió como “inmoral” devolución de un edificio al PNV. Apoyará, en definitiva, un decreto del que están “en contra” para “lanzar un mensaje a los pensionistas”. La división entre quienes estaban a favor de apoyar el decreto y quienes querían mantenerse en el ‘no’ tenía más de debate estratégico que ideológico. Para la toma de la decisión no se ha analizado la incidencia real del decreto en la vida de los españoles, sino la repercusión mediática y electoral para Feijóo. Al final pesó el recuerdo del descalabro de la campaña electoral de 2023 ha sido más fuerte que el ‘no a todo’ lo que proponga Sánchez en el número 13 de la madrileña calle de Génova que alberga la sede nacional del PP. En los días previos a los comicios que pudieron acabar con el Gobierno de coalición Feijóo dio una entrevista en TVE marcada por un enfrentamiento entre el líder opositor y la periodista Silvia Intxaurrondo a cuenta precisamente de las pensiones. Feijóo dijo que su partido siempre había subido las pensiones conforme al IPC. Una falsedad ya que durante los gobiernos de Mariano Rajoy no siempre se produjo dicha actualización. El líder del PP se enzarzó con la periodista cuando le recordó ese dato, y tanto él como su partido acusaron de mentir a Intxaurrondo. Dos días después tuvo que reconocer su error, aunque nunca pidió perdón a la periodista de TVE. Para Feijóo, aquella entrevista fue fundamental en su insuficiente victoria del 23J. El PP ganó, pero cuatro diputados le separaron de que pudiera sumar con Vox para llegar a la Moncloa. En Génova no perdonan la actuación de la periodista, a la que los portavoces suelen dedicar comentarios más o menos directos y explícitos de tanto en cuando. Aquella entrevista llevó al primer plano y en plena campaña una realidad muy incómoda para el PP, que siempre se ha vendido a sí mismo como un partido que ofrece estabilidad y defiende a los pensionistas, y para el propio Feijóo, quien presume de ser un partido con “trazabilidad”. Y esa realidad incómoda es que, al menos desde la crisis económica de hace ya tres lustros, el PP legisla y vota en contra de mejorar el sistema público de pensiones. Rajoy eliminó en 2013 la histórica referencia al IPC para las subidas de las pensiones, introdujo un mecanismo que, en la práctica, iba a perpetuar subidas mínimas del 0,25%, independientemente del alza de los precios. Antes de esa ley, el Ejecutivo del PP ya decretó sendas revalorizaciones por debajo del IPC. Tras aprobar la reforma, todos los años hasta la moción de censura de 2018 se resolvieron con subidas mínimas. Junts negoció El cálculo que hicieron en Génova ante la primera votación del decreto fue que el Gobierno iba a ser incapaz de retener a Junts como aliado parlamentario. Sin los votos de Carles Puigdemont, Pedro Sánchez no tiene una mayoría suficiente para legislar. El expresidente de la Generalitat, huido de la justicia en Bélgica, calcó el argumentario del PP y reclamó “trocear” el decreto ómnibus en tantos decretos como fuera necesario para aprobar cada medida de forma independiente. En el PP lo vieron claro y afianzaron su mensaje. Feijóo reclamó sendos decretos independientes para las pensiones, la DANA y la subvención al transporte. Todo lo demás debía quedar fuera, especialmente las medidas para evitar el desahucio de familias vulnerables, que sus populares vinculaban directamente con el apoyo a la ocupación, o la devolución de un palacete en París al PNV. Así lo dejó escrito en su cuenta de Twitter en un post que estuvo fijado durante días. El PP incluso abrió un plan de firmas por internet (en la plataforma Change.org) y en las calles. Génova movilizó a las organizaciones territoriales para que instalaran carpas y tenderetes en las calles de pueblos y ciudades para recabar apoyos contra el Gobierno y en favor de subir las pensiones. La campaña web sigue activa. Este viernes, último día de enero, algo más de 34.000 personas figuraban como firmantes de una petición que dice, expresamente, que el decreto incluye asuntos “inaceptables, como la subida del IVA a los alimentos básicos y a la luz, mayor protección a los okupas o el regalo de un palacete al PNV”. “Evidentemente, el primer partido de España no va a someterse jamás a este tipo de chantajes”, zanja el mensaje. Pero Junts negoció. Los de Puigdemont también enarbolaron la bandera contra los “inquiokupas” (expresión con la que se quiere ocultar que el decreto protege a familias vulnerables que alquilan a propietarios de 10 viviendas o más) o los impuestos, pero se contentaron con sacar de documento otras cuestiones puramente económicas: asuntos fiscales y casi 10.000 millones de euros de entregas a cuenta a las comunidades autónomas. El primer decreto, contra el que votó Feijóo, las incluía. El segundo, que apoyará, no. En total, 8.036 millones congelados que deberían ir a administraciones controladas por barones del PP y que de momento deberán esperar. El acuerdo del Gobierno con Junts cogió al PP con el pie cambiado. En los primeros momentos atacaron al Ejecutivo y defendieron que con su ‘no’ de la semana anterior habían conseguido mostrar la “debilidad” de Sánchez. Además, se anotaron como victoria propia la PNL de Junts sobre la cuestión de confianza cuya reformulación todavía no ha sido registrada en el Congreso. “Hemos hecho lo que quería el electorado y eso está testado”, dijeron los estrategas de Feijóo. Los mismos que defienden ahora con ahínco que no apoyar el nuevo decreto sería castigado por esos mismos votantes. La realidad es que el temor en Génova era palpable. 24 horas antes de que se anunciara el pacto Gobierno-Junts, Feijóo se fue a Córdoba donde, con el presidente Juan Manuel Moreno de testigo, dijo que los pensionistas son “sagrados” para el PP, mientras anunciaba en nombre de sus barones un programa de vacunación para ancianos que sus propios gobiernos autonómicos habían rechazado. Todo en las instalaciones de una residencia de mayores. El giro se precipitó en las siguientes 48 horas. Sánchez anunció el acuerdo con Junts, Borja Sémper dio una rueda de prensa en la que atacó el pacto y criticó el contenido del decreto. El miércoles, el propio portavoz nacional dijo que su partido estaba “tranquilo” porque finalmente saldría adelante la revalorización de las pensiones. Y poco después se confirmó el ‘sí’ del PP al nuevo texto. Trazabilidad contra las pensiones “Yo me conformo con que se haga lo que hay que hacer”, aseguraba a elDiario.es un dirigente del PP nada más conocerse el giro de su jefe de filas. Otras fuentes de Génova pasaron de defender el ‘no’ con ahínco a sumarse al coro de los que aplauden el giro al ‘sí’. Y donde el palacete del PNV era una línea roja pasó a ser algo irrelevante, como dijo la secretaria general, Cuca Gamarra, al asegurar que el edificio ya iba a ser propiedad del partido vasco, con o sin convalidación del decreto. El problema del PP es saber qué hacer en el medio y largo plazo con un tema de gran calado económico y social y, por lo tanto, electoral. Especialmente para los populares, que tienen su nicho de votantes más fiel precisamente entre los mayores. Feijóo ha vuelto a repetir estos días que su partido siempre ha revalorizado las pensiones conforme al IPC. Una falsedad que ya le valió el reproche periodístico en campaña y las consecuencias en las urnas en 2023. Pero es que aquél mismo año, el PP que ya dirigía el gallego votó contra una importante reforma de pensiones pactada por el Gobierno y la Comisión Europea. La abstención de Vox salvó aquella votación. Lo recordó el propio Feijóo este jueves en un acto sobre vivienda. “De quien apoyó la reforma de las pensiones de Sánchez en 2023, de quien dio vía libre a Sánchez para mangonear con los fondos europeos sin control alguno, de quien a menudo parece que tiene más interés en sustituir al PP que en sustituir al PSOE, no podemos aceptar lecciones, ni chantajes, ni presiones”, dijo, aludiendo a la extrema derecha que intenta explotar ahora el sí de los populares al decreto ómnibus. Se refiere a un real decreto ley convalidado en 2023, con el anterior Gobierno de coalición. Era la segunda reforma de las pensiones que venía a revertir los recortes de Rajoy y a mejorar los ingresos del sistema vía cotizaciones para, así, subir las prestaciones. El PP votó en contra, junto a lo que quedaba de Ciudadanos. Vox se abstuvo y el decreto fue aprobado. Pero el hoy líder del PP ya puso en duda en noviembre de 2022 las “posibilidades” de “España de subir las pensiones” un 8%, como anticipó entonces el Gobierno que iba a cerrar el año la inflación. Feijóo insinuó, de hecho, que los pensionistas no querían ese incremento. El incremento de las pensiones para 2023 se aprobó en un real decreto que, por naturaleza, no se vota en el Congreso (no debe confundirse con el real decreto-ley, que sí precisa de convalidación). Lo que sí se votó fue la partida presupuestaria para la Seguridad Social. Pero el PP votó en contra de los Presupuestos Generales de 2023 y planteó una enmienda de devolución. Así, la única votación real sobre el incremento concreto de las pensiones para 2023 recibió el voto en contra del PP ya con Feijóo en la planta noble del número 13 de la calle de Génova de Madrid, donde se sitúa la sede nacional de su partido. Feijóo solo seguía la estrategia de su predecesor, Pablo Casado, quien en 2021 votó en contra de la primera reforma de las pensiones, la que volvió a introducir en la ley la obligatoriedad de ligar IPC y pensiones. El PP ya firmó a regañadientes en 2018 la renovación del Pacto de Toledo. Junto al PDeCAT (hoy, Junts) y Ciudadanos se vieron forzados a aceptar un documento que ERC, entonces en dura pugna con Unidas Podemos por el electorado catalán, rechazó. De las tres reformas del sistema de pensiones acometidas desde 2020 por el Gobierno de coalición, el PP solo ha apoyado la última. La votación se produjo el mismo miércoles que el mucho más famoso decreto ómnibus. El apoyo de Feijóo fue adelantado en octubre por elDiario.es y El Periódico. El PP intentó desmentir aquella información. Ahora, los de Feijóo se apoyan en ese voto para explicar su posición sobre el sistema de pensiones. Pero el ruido posterior a la votación y el posterior giro estratégico ha ayudado a que nadie, o casi nadie, se haya enterado de su convalidación.
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