Vous n'êtes pas connecté
Las migraciones internas durante la autarquía franquista Miguel Díaz Sánchez Cuando evocamos nuestras migraciones internas solemos situar su inicio en los años del desarrollismo franquista. Estos años supusieron el despliegue de la «gran migración interna», nuestra migración más conocida, la que más presencia tiene en nuestras memorias familiares. Por ello es desconocido que el régimen franquista limitó, en mayor o menor grado, la movilidad de sus ciudadanos durante los años previos, los de la imposición autárquica y su famélica precariedad (1939-1957). ¿Cómo intentó restringir el régimen la migración interior? Pues de una manera que nos resultará familiar si asumimos nuestro presente: imponiendo lógicas restrictivas relacionadas con el trabajo, la vivienda y el abastecimiento alimentario de las personas migrantes. Otra fue la imposición de un pasaporte interno de marcada impronta política, ya que para ser concedido era preciso contar con un informe político-social favorable de la Dirección General de Seguridad. Este pasaporte estuvo vigente hasta 1948 para poder emigrar entre las distintas provincias, y hasta 1942 para poder, incluso, desplazarse entre municipios ubicados bajo la misma jurisdicción provincial, imponiendo con ello más de 8.000 fronteras internas durante los primeros resortes de nuestra posguerra.El nuevo Estado franquista implementó una legislación para obstaculizar el asentamiento de los migrantes en las ciudades. Impuso normativas que dificultaron conseguir un trabajo en un municipio ajeno al de residencia; también prohibió extender las cartillas de racionamiento alimentario a las personas desplazadas; y, finalmente, decretó una política de exención de alquileres en favor de los residentes anteriores a la guerra que impidió a los migrantes de la posguerra participar en igualdad de condiciones dentro de este mercado, empujando a cientos de miles de personas hacia el chabolismo y la cohabitación plurifamiliar en las principales urbes del país.Documento Orden de expulsión deportación de un inmigrante procedente de Albatera. / INFORMACIÓNPero esta gobernanza migratoria tan restrictiva no logró evitar que durante los años cuarenta aconteciera el proceso migratorio interno más importante hasta ese momento, transformando la acción migratoria de miles de españoles y españolas en un acto de confrontación con la dictadura. Sin embargo, este hecho ocasionó el afloramiento de enormes bolsas de marginalidad y vulnerabilidad entre las personas migrantes, sobre todo entre aquellas que carecían de apoyos familiares o de paisanaje en las grandes ciudades. Fue sobre estas personas hacia donde el régimen dirigió los preceptos más contundentes de su política migratoria, contabilizando miles de deportaciones en ciudades como Valencia, Sevilla, Madrid o Barcelona. La población alicantina sufrió esta política de manera significativa, aunque sin alcanzar el grado de represión aplicado a otros territorios. Desde Barcelona, por señalar un ejemplo, podemos constatar la deportación de unos doscientos alicantinos durante el quinquenio 1952-1957, destacando en este sentido la capital provincial y su contorno urbano con 116 personas deportadas desde la capital catalana.La provincia de Alicante tampoco fue ajena a las restricciones impuestas. Durante los primeros resortes de la dictadura, nuestra provincia ofreció un saldo migratorio que combinó emigración e inmigración de forma intensa. En ambos casos, el componente político de la migración fue asumido por la propia Jefatura Provincial de Falange. En el caso de la emigración, son cuantiosos los informes que señalan cómo en algunos «pueblos los combatientes que formaban las filas del ejército rojo, después de haber estado sometidos estos a una meditada y minuciosa depuración, son acogidos con extremados desprecios que les hacen imposible la convivencia, requiriendo su expulsión a otros lugares». Por su parte, la inmigración fue vinculada por la autoridad gubernativa al «artificial aumento de población que estableció su residencia en Alicante durante la guerra», o sea, a los miles de mujeres y niños acogidos bajo la égida republicana durante el trienio bélico, quienes, al finalizar la contienda, no retornaron a sus localidades de origen. Y cómo sucedió en otras provincias, la inmigración económica de «obreros que se desplazan de otras provincias a esta en busca de trabajo» también fue marginada socialmente por el sindicalismo franquista cursando «las órdenes oportunas para que no sean inscritos en las Oficinas de Colocación».La vigencia del pasaporte interno durante la década del cuarenta determinó las dinámicas migratorias en la provincia. Ante la prohibición a emigrar fuera de ella, las ciudades de Alicante y Elche concentraron gran parte del poder de atracción en el ámbito rural alicantino, abarcando la primera su influencia hacia el norte y la segunda hacia el sur. Ya en los años cincuenta, con el salvoconducto de movilidad derogado, Alcoy y Elda se incorporaron a esta tendencia gracias a su potencial industrial.Por su parte, en los años sesenta y setenta la provincia se incorporó de lleno al desarrollo del sector terciario español, fundamentalmente a través del turismo de masas y sus industrias de arrastre, propiciando con ello saldos migratorios positivos cercanos a las 100.000 personas en ambas décadas, situando a nuestra provincia entre las cuencas inmigratorias más importantes del periodo de la gran migración interna española. Fuente → informacion.es La Voz de la República - Todas las Noticias RSS El Primer DNI Republicano