Maroc - AVOZDELAREPUBLICA.ES - A La Une - 27/Jan 11:00

Reino de España: el pulso

Reino de España: el pulso Gustavo Buster La encrucijada en la que se encuentra la legislatura ha acabado en un pulso, antes incluso de la negociación de los presupuestos. La polarización entre las derechas extremas (PP, Vox, UPN) y las izquierdas (PSOE, Sumar, ERC. Bildu, Podemos, BNG), depende en definitiva de las derechas nacionalistas (PNV, Junts, CC) desde el 23 de julio de 2023. El bloque progresista tiene un techo de cristal para las políticas reformistas, y el PSOE se ve obligado a una gestión diferenciada de la cuestión nacional en el País Vasco (donde el PNV gobierna con el PSE frente a Bildu) y Cataluña (donde la ruptura y reflujo del bloque independentista ha situado al PSC en la Generalitat con alianzas asimétricas). El asedio de la campaña reaccionaria del PP para bloquear la acción reformista del gobierno progresista y su éxito parcial en el sector judicial -al restringir la aplicación de la Ley de Amnistía, aprobada tras duras negociaciones el 31 de mayo de 2024, y excluir a Puigdemont y su círculo exiliado- han sido, combinados, los que han acabado provocando la derrota legislativa del 22 de enero y el actual pulso, que puede desfondar la legislatura antes del debate de los presupuestos de 2025, ya prorrogados los de 2023 por segunda vez.La campaña reaccionaria del PP y Vox ha sido ya analizada en dos notas anteriores (1 y 2). No hay que añadir mucho más, aunque si señalar una situación internacional y en la UE que favorece claramente a las derechas extremas y su efecto de desmovilización y fraccionamiento de las izquierdas por la frustración y el pesimismo, que recogen las encuestas en una erosión del equilibrio electoral a favor de las derechas.Las negociaciones PSOE-JuntsLos vericuetos de las negociaciones del PSOE con Junts, y en menor medida con el PNV, si exigen retomar el hilo desde el voto defensivo de Junts a favor de Sánchez en la moción de investidura y las elecciones autonómicas catalanas en mayo de 2024. Tras desechar la pretensión de un apoyo del PSC (ganador de las elecciones) a Junts para formar un gobierno minoritario de Puigdemont en la Generalitat, el acuerdo inicial incluía la aprobación de una Ley de Amnistía. El PSOE registró el borrador de la Ley de Amnistía el 13 de noviembre de 2023 y tras negoción de enmiendas exigida por Junts (y un primer voto negativo en enero), fue aprobada el 31de mayo de 2024. Pero también reuniones mensuales de negociación PSOE-Junts en Suiza con un verificador internacional; el uso del catalán en el Congreso y la propuesta de su utilización en la UE; comisiones de investigación sobre la “Operación Catalunya” y los atentados del 17-A (con la desclasificación de la documentación del CNI); nombramientos como los de Miquel Calçada en RTVE y Pere Soler en la CNMC. El precio para las primeras medidas sociales de la legislatura fue la negociación del traspaso de las competencias sobre inmigración a la Generalitat a través del art 150.2 de la Constitución, que siguen abiertas a pesar de las dificultades planteadas por el bloqueo por el PP de cualquier pacto que no sea el suyo.No parece que haya grandes dudas que estas medidas rompen la estructura bipartidista del régimen del 78 y rozan sus límites, como manifiesta la movilización de la derecha “felipista” del PSOE contra Sánchez. Pero las medidas acordadas no fueron capaces de sobrepasar la cadena de obstáculos de los jueces a la aplicación de la amnistía, incluyendo en los procesos nuevas acusaciones no previstas como la malversación de fondos públicos. La lectura de Puigdemont ante las dificultades estructurales para el desarrollo de los acuerdos ha sido declarar su “ruptura de confianza” y exigir que Sánchez se sometiera a una moción de confianza -que es prerrogativa exclusiva del presidente del gobierno- y se reuniera con Puigdemont en Bruselas para una “amnistía política” antes de cualquier acuerdo sobre los presupuestos de 2025.El debate de una moción de confianza pedida a Sánchez suponía colocar la guillotina de Feijoo en la Plaza del Congreso y dejar la palanca de la cuchilla en manos de Puigdemont. Así lo entendió Feijoo, que aseguró que presentaría una moción de censura y una alternativa de gobierno si contaba con los votos necesarios (de Junts). Y Abascal prometió no rechazarlos tampoco. El escenario del debate presupuestario, en una situación de crecimiento económico por encima de la media de la eurozona, sigue siendo el más favorable para la izquierda porque coloca en la balanza el aumento del gasto social que, desde 2019, ha sido la razón de los dos gobiernos de coalición progresista frente a las políticas de austeridad. Con su propuesta, Junts pretendía sustituir este escenario por otro en el que la cuestión central sería su propia pretensión de hegemonía política tras el reflujo del procés como cuña del equilibrio entre derechas e izquierdas en el Reino de España.Tanto PSOE como Sumar rechazaron un escenario impuesto que podía acabar en un desbordamiento legislativo de la ofensiva reaccionaria del PP y Vox y que solo podía erosionar al gobierno progresista. Un gobierno decidido, en cualquier caso, si no hay acuerdo presupuestario para 2025 -el mejor de los escenarios frente al nuevo marco fiscal de la UE-, a continuar la legislatura hasta donde sea posible, utilizando los instrumentos a su disposición en una larga precampaña electoral de medidas sociales para movilizar a sus electores. Para evitar una ruptura con Junts, PSOE y Sumar, con mayoría en la mesa del Congreso, aplazaron cualquier votación sobre la propuesta de Junts de moción de confianza.El gobierno intenta recuperar la iniciativa…El gobierno retomó la iniciativa y llevó al Congreso el 22 de enero tres Reales Decretos- Ley para su convalidación: el RD-L 9/2024, un paquete de más de 100 artículos esenciales del “escudo social”, como el ajuste de las pensiones con la inflación, la moratoria de desahucios, la fijación anual del SMI, las subvenciones al transporte…; el RD-L 10/2024 con la extensión a 2025 del gravamen sobre los beneficios extraordinarios de las empresas de energía; y el RD-L 11/2024 sobre la compatibilidad de las pensiones con ingresos equivalentes al SMI.El RD-L “ómnibus” fue rechazado con los votos de PP, Vox, Junts y UPN, que no aplaudieron su triunfo a pesar de las recriminaciones de las izquierdas. El relativo a la fiscalidad de las grandes empresas energéticas, con los del PP, Vox, UPN, Junts y PNV. Solo el tercero, que respondía a un acuerdo del diálogo social para compatibilizar el cobro de las pensiones con ingresos por trabajo equivalentes al SMI, fue aprobado. Por si faltaba algo, el Congreso también votó, prácticamente por unanimidad, el levantamiento de la inmunidad parlamentaria del exministro Ábalos, acusado de participar en una trama corrupta.Con estos resultados, la legislatura quedaba en suspenso. El PP había logrado su objetivo de bloquear las medidas reformistas del gobierno de coalición y la prórroga del “escudo social” mientras se intentaba negociar los presupuestos pendientes de 2025. Es verdad que la actualización de las pensiones -2,8% para las contributivas, 6% para las mínimas y 9% para las no contributivas y el IMV- se podía hacer por Real Decreto, al no depender de la Ley de Presupuesto sino de la Ley de Seguridad Social. Pero el paquete de más de cien artículos recoge el programa mínimo social frente a las políticas de austeridad y la creciente desigualdad producida por los recortes del gobierno Rajoy.Los argumentos en contra del PP se limitaron a la denuncia, como una contrapartida al voto del PNV, de la devolución del edificio ocupado hoy por el Instituto Cervantes en Paris que fue adquirido por afiliados del PNV para sede del gobierno vasco en el exilio, expropiado por la Gestapo, entregado a Falange y actual propiedad de patrimonio del estado, que no lo había devuelto aún tras 40 años del fin del franquismo a sus legítimos dueños. Si hacía falta algo más para que el PP rompiera sus tenues relaciones con el PNV, su portavoz Tellado lo consiguió con su intervención de explicación de voto. Junts no quiso intervenir en los debates más que para reiterar su “falta de confianza” en el PSOE. En relación con el rechazo del impuesto a los beneficios de las compañías energéticas -con un accionariado mayoritariamente extranjero-, la razón era tan evidente que no hacía falta mayores precisiones.… y acaba en un pulsoLa reacción de las izquierdas se hizo esperar 24 horas. Pedro Sánchez se encontraba en Davos, donde amplió su discurso contra la internacional reaccionaria, iniciado en el primer acto del 50 Aniversario de la muerte del dictador Franco, a la necesidad de respuesta de la UE contra la “tecnocasta” de oligarcas incrustados en la nueva administración Trump. Un discurso con referencias al antifascismo que, más allá de sus limitaciones y contradicciones, quiere apelar a un sentimiento común para movilizar a las frustradas bases electorales de las izquierdas y que ahora se hacía eco del miedo internacional al proteccionismo unilateral y chantajista del segundo Trump.Pero cuando la reacción llegó, lo hizo desde la indignación de los sindicatos y organizaciones de la izquierda, la presión interna en el gobierno de Sumar y la propia convicción de Sánchez que había llegado el momento del pulso. En una presión a dos bandas, denunció al PP de “causar dolor social” y volvió a ofrecer negociaciones a Junts. Al tiempo, se afirmaba la unidad del paquete de medidas ómnibus de escudo social, que el gobierno volvería a aprobar en bloque y someter por segunda vez a votación, acompañado de la movilización social.El paquete ómnibus se convierte así en la práctica en una moción de confianza previa a la negociación de los presupuestos, que marcaría el suelo de su gasto social.  La presión social puesta en marcha por partidos, sindicatos (que ya han convocado manifestaciones el 2 de febrero) y el gobierno de coalición debe lograr la abstención del PP y/o el voto a favor de Junts para tener éxito. Reconstruir la mayoría de la moción de investidura de Sánchez no supone la estabilidad sino la gestión conflictiva de unos dobles límites impuestos por el marco de la crisis del régimen del 78 -cuyas palancas de poder utiliza la ofensiva reaccionaria del PP y Vox, especialmente en la judicatura- y el techo de cristal social y exigencia de nuevas competencias autonómicas, diferenciado pero alineado en buena medida hasta ahora, de Junts y el PNV.En las próximas semanas conoceremos los resultados de este pulso y si se entra o no, como pretenden el PP y Vox, en la fase final del giro iniciado con los gobiernos de coalición progresista en 2019. Depende, en buena medida, de la capacidad de movilización social de las izquierdas. Fuente → sinpermiso.info La Voz de la República - Todas las Noticias RSS El Primer DNI Republicano