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La jefa de la Inspección fiscal, María Antonia Sanz, ha iniciado los trámites que permitirán al Consejo Fiscal volver a valorar el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal de Sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática, una designación que fue anulada por el Tribunal Supremo pero que aún no ha sido ejecutada por el Gobierno, que es al que corresponde dictar el decreto de destitución en un plazo de dos meses. Esta circunstancia permitió a Delgado estar este martes presente, como miembro de la cúpula fiscal, en la junta que avaló por la mínima la postura del fiscal general, Álvaro García Ortiz, a favor de la aplicación de la amnistía a todos los supuestos del procés.
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