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El pasado 26 de julio se firmó un convenio entre la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y el Principado en materia de asistencia sanitaria a personas privadas de libertad en centros penitenciarios. El convenio, entre otras cuestiones, establece que los especialistas médicos puedan acudir a la prisión, se ofrecen plazas MIR rotatorias y se da un espaldarazo a la telemedicina, para facilitar la cual se despejan las cortapisas para acceder al historial médico de los reclusos. Con este convenio se pretende mejorar la atención médica a los reclusos, ante la palmaria falta de médicos, por las jubilaciones y el rechazo por parte de los facultativos a cubrir estas plazas. La situación es tan crítica que incluso se ha planteado que los enfermeros asuman funciones propias de los médicos. Los funcionarios de prisiones consideran no obstante este convenio como "un parche" y exigen que los reclusos sean atendidos por el Principado, tal como establece la ley desde hace más de veinte años.
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