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Históricamente la violencia contra las mujeres como problema social ha variado según el país. En el Reino Unido, por ejemplo, comenzó en los años setenta, mientras que en esa misma época ya se habían inaugurado las primeras casas de acogida para mujeres maltratadas en Estados Unidos (California) y en los Países Bajos (Ámsterdam). En España, la situación de la violencia contra las mujeres ha sido diferente a la mayoría de los países europeos. Durante la dictadura de Franco, la cuestión social en general y de las mujeres en particular, sufrieron un importante retroceso. La mujer quedó sometida al marido y su papel reducido al de fiel esposa y madre; debía obediencia al marido y éste tenía el derecho de corrección. Hubo que esperar a la igualdad de derechos que proclamó la Constitución Española de 1978, para que surgieran cambios en la consideración de la violencia contra las mujeres. A mediados de los años ochenta se empieza a tratar como un problema que afecta a toda la sociedad. Sin embargo, el salto definitivo para considerar la violencia como un problema social, se consolida después del 17 de diciembre de 1997, fecha en la que Ana Orantes fue quemada por su exmarido, tras acudir a un programa de televisión donde relató los malos tratos sufridos durante más de cuarenta años. El suceso no solo produjo una gran conmoción social, también dejó en evidencia la ineficacia del sistema judicial y la debilidad de las leyes. Al no considerar la especificidad de la violencia en la pareja, se llegó incluso a imponer arrestos domiciliarios que obligaba al maltratador a convivir con su víctima, sin poder salir del hogar.
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