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El “reparto de inmigrantes” y el racismo en España Carlos Girbau El traslado de 110 menores a la península desde los barracones de acogida en los que malviven en Canarias ha provocado la ruptura de Vox de los cinco gobiernos de coalición autonómicos que mantenía con el PP. Un PP que, por otro lado, no sabe qué votará cuando esta semana llegue al Congreso la enésima reforma de la ley de extranjería. Esta vez se trata de su artículo 35 para garantizar una reducción, que no solución, del hacinamiento que sufren los menores inmigrantes que llegan a las costas de las islas; ya que de aprobarse el cambio legal previsto, se impondrá su traslado a la península cuando los dispositivos de alojamiento para ellos destinados superen el 150% de su ocupación.El racismo es estructural y transversal en las sociedades europeas. El reino de España no representa una excepción; solo hay que preguntar a los 700 mil gitanos, a los 8.775.213 españoles que nacieron en el extranjero o a los 6.491.502 extranjeros residentes para comprobarlo. Su vida está llena de empleos que no consiguen, pisos que no les alquilan, de comentarios despectivos, de registros policiales o de desesperantes colas y el “vuelva usted mañana” que les aplica una burocracia pública.A la vez, el racismo y los prejuicios constituyen problemas sobre los que buena parte de la plural izquierda social y política prefiere no departir o esquivar a base de frases generales. Se consuela esa izquierda con las encuestas que reconocen el positivo enriquecimiento social y humano que la mayoría de la ciudadanía percibe por la multiculturalidad “ganada”, eso sí, al calor de los goles de una selección de fútbol que tiene por rutilantes estrellas a hijos de quienes saltaron las vallas de Ceuta y Melilla (Nico Williams) o que fueron a dar con sus huesos al, según Vox, “estercolero multicultural” de Rocafonda, en Mataró (el código postal 08304 de Lamine Yamal).Las encuestas muestran que los racistas y xenófobos no han vencido. Pero Vox, Alvise o el PP afianzan su discurso. No se reduce el principal abuso físico que sufre la población inmigrante o española con rasgos no blancos, el abuso policial o el legal (ley de extranjería, dificultades para los permisos, falta de papeles). Tampoco cambia el signo claramente defensivo del debate cada vez que hay que pedir una beca comedor, ir a una piscina pública o abrir un centro de acogida. Ese “no cambio” se halla directamente ligado a la razón estructural del problema, que se resume en las condiciones de vida y libertad del conjunto de la población no rica en el reino de España del que la inmigración representa su parte más excluida y en la relación neocolonial que las potencias europeas no dejan de profundizar en África, Latinoamérica y buena parte de Asia.110 menores rompen 5 gobiernosComo decíamos al principio, el “reparto” de los menores encerrados en Canarias ha vuelto a poner sobre la mesa el problema con una virulencia política desconocida hasta la fecha.Vox ha quebrado los pactos de gobierno que le permitieron al PP hacerse, hace poco más de un año, con 5 de las 11 comunidades autónomas (del total del 17) que hoy gobierna. Formalmente el partido ultra aduce que la causa radica en la aceptación de los populares de que, de los 5.600 menores llegados en patera sin acompañamiento, 347 vayan a alguna de las 11 comunidades autónomas que gobierna el PP; más en concreto a alguna de las cinco que cogobernaban. Para Vox este hecho supone plegarse a la política de “inmigración ilegal y descontrolada” que propone el ejecutivo de Sánchez. Como señaló Juan García Margallo, de Vox y ya ex vicepresidente de Castilla León: “España está a tiempo de salvarse” , a lo que añadió que “la demografía no se puede reconstruir cuando se derrumba”.¿Qué cifras demuelen la demografía? En el caso de aquellas comunidades en las que ahora Vox ha salido del gobierno hablamos de un número menor de los niños y adolecentes que se ubican en las hacinadas aulas de buena parte de las escuelas públicas y muchas concertadas del reino: 21 en Castilla y León, 16 en Murcia, 23 en la Comunidad valenciana, 30 en Extremadura y 20 en Aragón. O sea, de 110 en total.Parece claro que la de Vox, junto con Alvise y su “Se acabó la fiesta”, es una apuesta por la fragmentación de la sociedad. Un envite al que el PP no hace asco alguno. Una propuesta política que se apoya de manera decidida para su avance no solo en los prejuicios de muchos, sino y, sobre todo, en la base material que avala el Estado a través del marco legal europeo (pacto europeo de migración y asilo, calificado como devastador por las entidades sociales que trabajan en este campo), la propia actual ley de extranjería, las medidas de política exterior de repatriación forzosa, de externalización de fronteras y de supeditación de la ayuda exterior al control de la migración, por ejemplo: España/Europa versus Mauritania. De nuevo, es la profunda desigualdad y la ridiculez de las medidas sociales compensatorias el motor último que provoca que la pelea por un recurso, siempre escaso, acabe tomando el tinte del color de piel, el origen, la religión o cualquier otra excusa para enfrentar, a cuenta de la población rica, a la población no rica entre sí.Saturación¿Está saturada Canarias? No y sí. La legalidad internacional y la legislación española son muy claras: las personas menores no acompañadas que lleguen al territorio del reino deberán gozar de la misma protección que los que menores que aquí nacieron. En consecuencia, es obligación de las administraciones públicas velar por su bienestar y proveerlos de alojamiento, ropa, escolarización obligatoria, sanidad o comida.En el reino de España, según señala UNICEF en un informe que recoge datos del primer trimestre del 2024, el riesgo de pobreza y exclusión de la población menor de 18 años alcanza el 34,5% del total. Lo que hablando en plata quiere decir que 2.829.000 niños no tienen garantizados prácticamente ninguno de sus derechos y que, además, a día de hoy, no se toman medidas decididas, por parte de los poderes públicos, para atajar esta situación. En consecuencia, ¿cómo se van a adoptar iniciativas a favor de los 5.600 niños que acaban de llegar? Simplemente, a nadie le preocupan lo bastante. Por eso, los dispositivos de acogida son ridículos en número, no están dotados y además se encuentran mal dimensionados. Se trata de “aparcamientos humanos”. Esa es la razón del hacinamiento, de la queja constate de maltrato que verbalizan los jóvenes allí alojados, de la falta de inversión en comida, limpieza, formación o conocimiento del idioma.¿No hay más sitio? Claro que lo hay. Canarias recibió en el primer trimestre de ese año 1.500.000 turistas, 250 mil más que en el mismo periodo del año anterior. ¿Existen quejas por ello? Ninguna, bien al contrario, “todo por el turismo”. La única “nota discordante” se halla en las más que justificadas manifestaciones vecinales por el precio de la vivienda y el coste de la vida. Por lo tanto, ni 5.600 ni 25 mil personas ponen en aprieto a nadie. No se quiere y por eso, no se puede.¿Control de fronteras, invasión? El reino de España tiene precisamente en el turismo una de sus principales industrias. Este ejercicio, entraran 53 millones de turistas en un país de 48 millones de habitantes. Así que los avisos sobre la “demolición de la demografía” o la “pérdida de la civilización cristina y sus supuestos valores” y el “apelar al cierre de fronteras a través de la marina de guerra” de los que hablan Gallardo y su partido Vox, Ayuso, del PP, o más recientemente el portavoz de mismo partido, Miguel Tellado, representan pura demagogia racista. Un discurso que se alimenta en la desigualdad y la falta de políticas destinadas a combatirla.Derechos y demografíaLa población española es mestiza y claramente plural. El censo así lo demuestra, al igual que lo hace la Seguridad Social cuando recoge que el número de trabajadores extranjeros, desestacionalizados los datos, es el más alto de la serie nunca registrada: 2.785.473, es decir, el 13,2% de todas las personas empleadas. La población ha crecido justamente porque se ha diversificado en origen, color, creencia, diferencias culturales, etc. El peso de su número además demuestra que se trata de una situación irreversible y positiva, sin vuelta atrás. De hecho, el espacio del deporte, el medio más “sencillo” de que la población no rica “se dé a conocer y progrese”, lo refleja de manera cada vez más evidente.Junto a lo anterior, las propias estadísticas recogen, como realiza EAPN en su informe resumen del primer trimestre del 2024, que 12,7 millones de personas, el 26,5% de la población, viven, a pesar del aumento de rentas y ayudas registradas, en hogares con ingresos anuales iguales al 60% de la mediana de la renta nacional. Es decir, en riesgo de pobreza. Hacienda recoge en sus informes que a la par que crece el número de ultraricos, avanza la desigualdad, ya que el número de aquellas personas que declararon 21.000€ al año alcanza a casi 13 millones de contribuyentes. Es decir, estamos ante una sociedad cada vez más empobrecida y dual, en la que a la población no rica le cuesta un mundo lograr ejercer los derechos que tiene reconocidos por ley.El problema del reparto de los menores no acompañados (MENA) por las comunidades autónomas no constituye un problema administrativo, sino un hecho que pone en juego al conjunto de la democracia y hace una foto de su actual calidad. Un terreno más de lucha entre derechos y derechas. Una pelea en la que las izquierdas deben perder el miedo colocando justamente los derechos y la necesidad de garantizarlos en el centro de la misma.Salga o no la reforma de la ley de extranjería que se debatirá esta semana en el Congreso, el problema se halla en la propia ley. Algo que, una vez más, han puesto sobre la mesa las organizaciones sociales. A través de la recogida de 700 mil firmas en una ILP que el Congreso aceptó a trámite y que persigue la regularización de 500 mil personas que se hallan en situación administrativa irregular desde hace años y que viven y trabajan en las condiciones que marca la economía sumergida.Combatir la peste racista necesita más que golpes de pecho, dinero e inversión en políticas sociales. Como señaló el primer Sobre el Estado de la Migraciones y la Convivencia Intercultural en España elaborado bajo el amparo de fundación Cepaim, ocho son las brechas de exclusión que afectan sobremanera a la población inmigrante: la educacional, la laboral, la económica, la residencial, la sanitaria, la relacional en el ámbito socio familiar, la digital y la participativa.Como puede verse, se trata de las mismas dificultades que padece el resto de la población no rica. Afrontar la batalla por reducirlas pasa por extender la ciudadanía y garantizar derechos universales a la mayoría de la población. Pasos radicales a favor de reducir la desigualdad, tales como garantizar la existencia material instaurando una Renta Básica Universal, serían fundamentales junto a otras a favor de la protección del derecho a la vivienda, la extensión del derecho a la salud o en el campo de la educación. Sin duda, una profunda reforma fiscal para mantener tales avances sería la otra condición indispensable para todo ello.Combatir el racismo implica tomar medidas muy decididas y decisivas a favor de toda la población. Una población en la que se incluyen todas y cada una de las personas que hoy ya viven, estudian, trabajan o hacen deporte entre nosotros. Porque ellos, ellas y elles son, somos, nosotros. Fuente → sinpermiso.info La Voz de la República - Todas las Noticias RSS El Primer DNI Republicano
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