Maroc - XEOURADIO.COM - A La Une - 20/Jul 00:11

EDITORIAL. Bloqueos de carreteras, el cuento de nunca acabar

19 de julio. Este viernes, integrantes de la Unión de Pueblos Chocholtecos y Mixtecos bloquearon la supercarretera Oaxaca-Tehuacán-Cuacnopalan a la altura de Asunción Nochixtlán, para exigir atención a las demandas de diversas comunidades de la zona. Este bloqueo se dio en los días previos a la celebración de la festividad más importante del estado, la Guelaguetza, que atrae a miles de visitantes nacionales y extranjeros y representa la mayor derrama económica para la ciudad de Oaxaca y la región de los Valles Centrales, y solo unas horas después de que el secretario de Gobierno, Jesús Romero López, advirtió a los integrantes de esa organización que si cumplían su amenaza de realizar el bloqueo se procedería legalmente contra ellos. Aunque se pretendan disfrazar de “protestas sociales pacíficas”, los bloqueos de carreteras y la toma de casetas para cobrar el peaje a los conductores de vehículos son actos tipificados como delitos en la Ley Federal de Vías Generales de Comunicación, la cual fue reformada para endurecer las penas a quienes los realicen. De acuerdo con las reformas que entraron en vigor en febrero de 2022, las sanciones son de hasta siete años de cárcel y una multa de hasta 500 Unidades de Medida y Actualización (UMA), que equivale a 54 mil 285 pesos. Desafortunadamente, estas disposiciones son letra muerta. Los bloqueos de carreteras y la toma de la caseta de Huitzo por parte de organizaciones, integrantes de la Sección 22 de la CNTE, normalistas, e incluso autoridades municipales y auxiliares se han vuelto una escena común porque a las autoridades les ha temblado la mano para cumplir su obligación de aplicar la ley y proteger los derechos de los ciudadanos que son afectados por este tipo de protestas. La omisión de las autoridades en este tema permite que estos delitos –que en no pocas ocasiones van acompañados de daños a los vehículos y agresiones a los conductores– queden impunes, pero también envía el mensaje de que los grupos antes mencionados pueden violar una y otra vez la ley sin recibir el castigo que merecen. La renuncia del Estado a ejercer el monopolio legítimo de la fuerza, que las leyes le confieren para garantizar la paz social y los derechos de los ciudadanos, ha provocado que cada vez más zonas del país se conviertan en un Estado dentro de otro Estado porque quienes imponen su propia ley son las organizaciones de todo tipo o el crimen organizado. No hay que olvidar que hace tres años el general Glen VanHerk, jefe del Comando Norte de Estados Unidos, declaró que la delincuencia organizada controla entre el 30 y el 35 por ciento del territorio de nuestro país. La advertencia del secretario de Gobierno no puede quedar como simple palabra al aire. Bloquear la principal vía de comunicación con el centro del país, ocasionando un grave daño a la economía del estado, es un abierto reto a las autoridades. No aplicar la ley sentaría un precedente nefasto. Las autoridades estatales están obligadas no solo a dar valor y vigencia a la palabra del responsable de la política interior del estado, sino también a actuar de manera oportuna para evitar que estos delitos afecten a la ciudadanía. No se debe mantener la dinámica de que después de cometidos los delitos se inicien acciones legales, las cuales quedan sin efecto ante las presiones y chantajes de los grupos u organizaciones, en lo que se ha convertido en un auténtico cuento de nunca acabar. Facebook: Sistema Radiofónico Informativo