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¿Concordia?

¿Concordia?  Antonio Somoza La dictadura desarrolló una amplia legislación de memoria, pero solo para sus víctimas, para los vencedores. Todos los estamentos del Estado franquista se implicaron en su exhumación y dedicaron muchos recursos para su reparación económica y simbólica En el primer capítulo de esta serie, Sed de Justicia, alertaba sobre dos problemas que amenazaban con frustrar las esperanzas de quienes reivindicamos la memoria de las víctimas olvidadas de la guerra de España y del franquismo y denunciamos los métodos que aplicaron los secuaces de la dictadura para reprimir a quienes se posicionaron por la democracia y contra el fascismo. La Ley de Memoria Democrática (LMD), aprobada el 19 de octubre de 2022, había abierto esas esperanzas, pero pronto vimos que el texto legal se enfrentaba a carencias internas y oposiciones externas que amenazaban su desarrollo.   Ahora, nueve meses después de escribir aquel capítulo, las carencias siguen ahí, la oposición de los partidos de derecha y extrema derecha sigue vigente y a todo ello se ha unido un obstáculo más, ajeno a nuestro país, pero muy preocupante. El avance de la ultraderecha en todo el mundo y, especialmente en Estados Unidos, amenaza la reivindicación de las víctimas de la dictadura y la condena a quienes cometieron crímenes de lesa humanidad. La LMD tiene un recorrido limitado si no se deroga la ley de Amnistía, al menos parcialmente. Fernando Martínez, secretario de Estado de la materia, descartaba su derogación en declaraciones realizadas a El País semanas antes de su aprobación. Hay otro camino que pasa por la adhesión de España a la convención de la ONU para la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de lesa humanidad. La convención se aprobó en 1968 y establece que este tipo de crímenes no prescriben, pero solo es aplicable a los Estados firmantes de la misma. 54 años después de su entrada en vigor y a pesar de la justicia de esta convención, solo se han sumado 56 de 193 países. España ni está, ni se le espera. Las asociaciones memorialistas reconocemos los avances que contiene la LMD y seguiremos luchando para superar sus carencias, pero, sobre todo, seguiremos oponiéndonos frontalmente a los intentos de la extrema derecha de humillar nuevamente a las víctimas del franquismo mediante procedimientos típicos de la dictadura: la represión, el silencio y el escarnio. Nos cuesta entender que la democracia permita el florecimiento de opciones políticas que reivindican a dictadores, que apoyan mensajes contrarios a los derechos humanos y que buscan dinamitar el mismo sistema democrático. Pero lo que no podemos entender de ninguna manera es que opciones políticas que se reivindican como democráticas y constitucionalistas copien el mensaje de la ultraderecha y lo hagan suyo. En mis artículos anteriores he tratado de poner luz sobre lo que ocurrió realmente en la guerra, la postguerra y el franquismo y que nunca nos fue contado por el discurso oficial de la dictadura, un silencio que se extendió durante muchos años de democracia En mis artículos anteriores he tratado de poner luz sobre lo que ocurrió realmente en la guerra, la postguerra y el franquismo y que nunca nos fue contado por el discurso oficial de la dictadura, un silencio que se extendió durante muchos años de democracia. Desde el primer momento reconocí que “la crueldad que va aparejada a toda muerte violenta sin posibilidad de defensa y el dolor que causa en los familiares el asesinato de un ser querido” es común a todas las víctimas, pero luego me he dedicado a rescatar del olvido las diferencias entre los tipos de represión. Los datos de todas estas crónicas son objetivos y contrastables; pero las opiniones son subjetivas y militantes, alineadas con la defensa de los valores democráticos y antifascistas. Unos valores que no creo que compartan las gentes de Vox, pero que si pensaba que podrían ser asumidas por políticos y votantes del PP que se proclaman demócratas y constitucionalistas. El alcalde de Málaga, por ejemplo, se mostró sumamente respetuoso con las víctimas de la dictadura durante años, hasta que su partido se inventó el trampantojo de la concordia.Leyes de la Concordia En contra de lo que aseguran los promotores de la mal llamada concordia, la LMD habla de todas las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura. Prevé actuaciones de exhumación en caso de que aparezcan fosas de la represión en zona republicana. Pero no es de esperar que haya muchos casos porque todas esas víctimas ya fueron exhumadas justo después de la guerra. En los mismos años, de manera simultánea, las víctimas republicanas fueron criminalizadas, estigmatizadas, invisibilizadas y muchas de ellas asesinadas y arrojadas a fosas comunes. La dictadura desarrolló una amplia legislación de memoria, pero solo para sus víctimas, para los vencedores. Todos los estamentos del Estado franquista se implicaron en su exhumación y dedicaron muchos recursos para su reparación económica y simbólica: accedieron a trabajos en la administración; recibieron estancos, administraciones de lotería o licencias de taxis; había placas en su recuerdo en todas las parroquias del país y monumentos de todos los tamaños; muchos fueron canonizados como mártires… Y mientras eso ocurría, las víctimas republicanas seguían abandonadas en las cunetas y sus familias condenadas a sufrir hambre y persecuciones. El tratamiento fue totalmente asimétrico. Y nadie, ni la Iglesia ni nadie reclamó respeto o reconocimiento para los perdedores. Las leyes de la concordia que promocionan PP y Vox y que fueron aprobadas o llevadas a los parlamentos de Aragón, Castilla y León y Valencia son tramposas. Utilizan un término con carga positiva, “concordia”, para hacer asumibles unas normas que, en realidad, refuerzan el relato franquista de la historia y construyen un muro que evita a las familias de los represaliados por la dictadura recuperar los cuerpos y la memoria de sus seres queridos. Y, además, tejen un velo de silencio sobre los responsables de los crímenes Ni entonces, ni ahora. El pasado mes de diciembre, con motivo de una visita a la catedral de Baeza, a escasos 200 metros del aula donde impartió clases Antonio Machado, comprobé cómo la Iglesia mantiene el discurso franquista. En la tienda se vende, a 20 euros el ejemplar, el “Libro de Historia de España (Historiograma)” de la editorial Fundación para la Evangelización y la Comunicación (Fecom). La obra, que se puede hojear libremente, define el paso del Ejército colonial desde África como el “primer puente aéreo de la historia”; el 1 de abril de 1939 es el día del “TRIUNFO DE LOS NACIONALES”, así en mayúsculas, y de 1940 se destaca “la represión franquista contra los criminales de guerra del bando republicano”. Ni una sola mención al robo de bebés, al adoctrinamiento escolar contra las ideas de sus padres, a la violación masiva de mujeres, a los campos de trabajo esclavo, a la degradación animal de los pobres, a la caza y depuración de maestros y maestras, a la persecución a científicos e intelectuales, ni al robo y saqueo “legalizado” mediante la aplicación de leyes con carácter retroactivo, ni, por supuesto al papel que tuvo la Iglesia en todas esas violaciones de los derechos humanos. Nada de nada, ni un solo atisbo de arrepentimiento. Y ni una sola voz entre las derechas para sugerir a la Iglesia la concordia y moderación que nos exigen a las familias de las víctimas. Las leyes de la concordia que promocionan PP y Vox y que fueron aprobadas o llevadas a los parlamentos de Aragón, Castilla y León y Valencia son tramposas. Utilizan un término con carga positiva, “concordia”, para hacer asumibles unas normas que, en realidad, refuerzan el relato franquista de la historia y construyen un muro que evita a las familias de los represaliados por la dictadura recuperar los cuerpos y la memoria de sus seres queridos. Y, además, tejen un velo de silencio sobre los responsables de los crímenes. Así lo vieron y lo denunciaron el Relator Especial y el Grupo de Trabajo sobre desapariciones forzadas de la Organización de las Naciones Unidas que el año pasado elaboró un contundente informe sobre el asunto. Según el dictamen, las leyes de concordia ponían en riesgo el cumplimiento por parte de España de la legislación internacional sobre la preservación de la memoria histórica de graves violaciones de derechos humanos. Porque esa es otra curiosidad: las leyes las aprueban parlamentos autonómicos controlados por PP y Vox, pero quien incumple la legislación internacional es el Estado Español. Cualquier partido, cualquier persona que se defina como demócrata tiene una deuda moral para con todos ellos y ellas El informe denuncia que esas contrarreformas “ordenan la supresión de múltiples entidades, proyectos, sitios web y actividades de memoria histórica sobre las graves violaciones de Derechos Humanos” cometidas en el franquismo y “previstas o creadas en cumplimiento de la legislación estatal y autonómica vigente en la materia”. Algo que, según la ONU, “puede acarrear límites al acceso a la verdad sobre el destino o paradero de las víctimas” porque “obstaculizan o suprimen la subvención de proyectos de memoria histórica ofrecidos actualmente a entidades de sociedad civil, y pueden invisibilizar las graves violaciones de Derechos Humanos cometidas durante el régimen dictatorial franquista”. El texto alerta que las leyes impulsadas por PP y Vox “omiten nombrar o condenar dicho régimen”. Respecto al intento de equiparar a las víctimas del franquismo con las de otro tipo de crímenes, el informe de la ONU también manda un mensaje: la legislación de “concordia” trata de “asimilar las graves violaciones de Derechos Humanos cometidas durante la dictadura franquista y la guerra civil a un grupo heterogéneo de crímenes y/o violaciones cometidas por diferentes actores, estatales y no estatales, a lo largo del siglo XX en España”. Unos grupos –las víctimas de la represión republicana o las víctimas de ETA- que ya tuvieron o tienen una legislación específica para salvaguardar su memoria y compensar a sus familias; una legislación que nunca se aplicó a “los cientos de miles de víctimas de graves violaciones de derechos humanos, incluyendo ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas, cometidas durante la dictadura franquista”. Es de esperar que los políticos del PP, o sus votantes, entiendan la justicia de reconocer y honrar a tantas personas que fueron víctimas de la dictadura en todas las formas que he relatado en estos artículos. Ellos murieron por defender la democracia y nosotros luchamos para dignificar su memoria desde un régimen democrático. Cualquier partido, cualquier persona que se defina como demócrata tiene una deuda moral para con todos ellos y ellas. El otro camino -más en la línea de Trump y Musk-, nos puede llevar a abandonar la ONU, o incluso a denunciarla ante algún tribunal amigo porque no comparte el delirante concepto de “concordia” de la ultraderecha. Salud y hasta siempre. Fuente → eldiario.es La Voz de la República - Todas las Noticias RSS El Primer DNI Republicano